Defensores de los migrantes quieren que la administración Trump rinda cuentas
Líderes angelinos inician audiencias para responsabilizar a la actual administración de las atrocidades cometidas contra inmigrantes y ciudadanos
Activistas asisten a la audiencia congresional la semana pasada en LA. Crédito: Jorge Macías | Impremedia
Líderes de Los Ángeles encabezaron una audiencia congresional para recabar testimonios sobre presuntas violaciones cometidas por agentes federales de inmigración, a quienes acusan de detener indebidamente tanto a inmigrantes como a ciudadanos, con frecuencia sin causa probable ni órdenes judiciales.
La sesión denominada “Debido Proceso para Todos: Exponiendo la Maquinaria de Deportación Masiva de Trump”, fue precedida hace unos días por una marcha organizada por defensores de los derechos de los inmigrantes y líderes locales y religiosos.
Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, explicó que el objetivo de la audiencia era “realizar una verdadera supervisión de la administración Trump”.
Aseguró que el presidente y otros altos funcionarios de la administración “están sembrando el terror no solo en la ciudad y el condado de Los Ángeles, sino en todo el país”.
Añadió que más de 170 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos durante operativos de ICE.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, explicó que la sesión aborda una crisis que no se puede ignorar.
“Queremos establecer un récord porque cuando los vientos políticos cambien, queremos que rindan cuentas”, indicó Bass. “Queremos transparencia y rendición de cuentas por todos los atroces actos inconstitucionales que están ocurriendo”.
Enfatizó que la ciudad de Los Ángeles no se quedará callada mientras se violan los derechos de los angelinos. “Estamos aquí para exigir transparencia y pedimos al Congreso que actúe antes de que más familias sean separadas”.
La administración Trump ha mantenido que la aplicación de las leyes federales de inmigración se centra en la deportación de “criminales violentos” y “lo peor de lo peor”.
Según el Instituto Cato, apenas el 5% (3,258) de las personas detenidas por ICE han sido convictas de algún delito violento, y el 73% (44,882) no tiene récord criminal.
Los funcionarios federales también han negado las acusaciones de que los detenidos sean maltratados o recluidos en instalaciones deficientes durante su custodia. También niegan las afirmaciones de que se esté arrestando a personas sin causa probable.
Durante la audiencia, el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez, afirmó que el impacto de la intensificación de las medidas de control migratorio es de gran alcance.
“Nuestras comunidades están sufriendo, y no se trata solo de quienes son arrestados y detenidos”, declaró. “Nuestros negocios, que dependen de la mano de obra de los inmigrantes, también están sufriendo. El turismo se ha visto perjudicado por las políticas federales que desalientan los viajes internacionales y nacionales. Los corredores comerciales que antes eran vibrantes ahora parecen pueblos fantasmas”.
La supervisora de Los Ángeles, Hilda Solís, enfatizó que la audiencia dejó claro el costo humano de las inhumanas políticas migratorias de Trump.
“En todo el condado de Los Ángeles, las comunidades viven con miedo, enfrentan violaciones de derechos civiles y sufren ataques a la dignidad humana fundamental”, dijo Solís. “Familias, incluyendo a muchos ciudadanos estadounidenses, han visto sus vidas trastocadas por arrestos ilegales, discriminación racial y redadas agresivas.
La funcionaria destacó que autoridades del condado están tomando medidas.
De hecho, ella ha redactado más de 15 mociones ante la Junta en respuesta a las redadas de inmigración, y, debido a ello, lanzaron el Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas e invirtieron varios millones de dólares en servicios legales para inmigrantes, ayuda de emergencia para el alquiler y asistencia alimentaria.
El condado, además, ha impugnado detenciones inconstitucionales en los tribunales, apoyado litigios contra el despliegue de la Guardia Nacional y participado en casos que defienden las protecciones constitucionales y el Estatus de Protección Temporal (TPS).
“La administración Trump debe rendir cuentas”, dijo Solís “Para ello, seguiré oponiendo resistencia a estos abusos y luchando por proteger el debido proceso para nuestras comunidades”.
En la audiencia, presidente de la delegación en California del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, David Huerta habló sobre cómo los trabajadores inmigrantes enriquecen a Estados Unidos, afirmando: “Debemos enfrentar sus políticas de miedo [de Donald Trump] con la misma valentía que demuestran los trabajadores inmigrantes al presentarse a trabajar y mantener nuestra economía en marcha”.
Añadió que “cuando los inmigrantes prosperan, Los Ángeles prospera y todo nuestro país prospera. Estamos aquí y no nos iremos a ninguna parte”.