La incoherencia estratégica de Washington frente a los narcogobiernos

El plan de la Casa Blanca de escalar sus recientes ataques contra el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro – a quien acusa de exportar toneladas de fentanilo a Estados Unidos – enfrenta varios obstáculos. Entre ellos la incoherencia y falta de transparencia en su política externa contra los llamados “narcoterroristas”.
Uno de los episodios más inquietantes es el relacionado con reportes que indican que el pasado 2 de septiembre el ejército de Estados Unidos lanzó un segundo ataque contra una supuesta ‘narcolancha’ en el Caribe, con el objetivo de eliminar a los sobrevivientes de un primer bombardeo.
Si se comprobara que esta operación se llevó a cabo, podría considerarse como un acto fuera de los márgenes aceptados por el derecho internacional. Pero incluso si nunca se llegara a esclarecer completamente lo ocurrido, la sola existencia de esa duda erosiona la autoridad moral de Washington: no se puede liderar una campaña contra el crimen transnacional mientras se acumulan sospechas de acciones ilegales.
Pero sin duda el mayor obstáculo para la Casa Blanca proviene de sus propias contradicciones: el reciente perdón otorgado por Donald Trump al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, simplemente no tiene lógica.  Hernández había sido sentenciado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por traficar grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense. En consecuencia, su indulto mina por completo el discurso de que Trump está interesado en atacar a los gobiernos que envían drogas a la Unión Americana. 
Por otra parte, aunque millones en Estados Unidos consideran, con razón, que Maduro es un dictador que debería dejar el poder pues está claro que desconoció los resultados electorales que le dieron el triunfo a la oposición en su país, hay divergencias sobre el papel que debería jugar Washington.  Hasta ahora, Trump ha declarado que el principal objetivo de los ataques es detener el tráfico de fentanilo que proviene de Caracas, pero sabemos que esto no es cierto, pues lo que exporta es cocaína.
Todo apunta a que, en realidad, lo que se busca es un cambio de régimen. En ese caso, la Casa Blanca está obligada a ser transparente en sus intenciones, buscar el apoyo del Congreso y del pueblo venezolano, así como de los gobiernos regionales y, sobre todo, ofrecer alternativas diplomáticas.
Nada sería más indeseable que iniciar otra guerra. 

En este contexto, la ofensiva contra Venezuela aparece teñida de una evidente selectividad. ¿Es realmente una preocupación urgente por el tráfico de fentanilo, o es una herramienta más en la disputa geopolítica regional por intereses económicos, en este caso petroleros?
Washington puede insistir en sus acusaciones, pero para que estas tengan efecto necesita primero ordenar la casa: esclarecer sus propias operaciones militares cuestionadas, explicar su relación ambigua con aliados involucrados en delitos de alto impacto y recuperar una mínima coherencia.

María Luisa Arredondo es la directora de Latinocalifornia.com y autora de “La vida después del cruce”.