Tribunal declara ilegal el recorte de fondos contra el terrorismo a estados santuario
La decisión de la jueza McElroy consolidó una victoria para la coalición de 12 fiscales generales estatales que presentaron demanda contra el gobierno federal
La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin (c), flanqueada por funcionarios migratorios el miércoles 21 de mayo de 2025. Crédito: José Luis Magaña | AP
Un tribunal federal asestó un revés al Gobierno del presidente Donald Trump al declarar ilegal el recorte de fondos destinados a programas de seguridad y contra el terrorismo, para estados que se negaron a respaldar su agenda de deportaciones masivas.
La decisión, emitida desde Rhode Island, ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restaurar las asignaciones previamente anunciadas y anula cambios de última hora que, según el tribunal, pusieron en riesgo la seguridad pública.
La decisión de la jueza Mary McElroy consolidó una victoria para la coalición de 12 fiscales generales estatales que presentaron una demanda en contra del gobierno hace unos meses, después de que fueron alertados de que sus estados recibirían subvenciones federales drásticamente reducidas por ser jurisdicciones santuario.
La demanda fue impulsada por una coalición de estados gobernados por demócratas que acusaron al Ejecutivo de usar la financiación federal como herramienta de presión política. Los fiscales generales de California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, junto con el gobernador de Pensilvania, argumentaron que los recortes los dejaban expuestos a “daños irreparables” frente a amenazas como el terrorismo, desastres naturales y emergencias de gran escala.
Fondos de seguridad en juego
En el centro del litigio se encuentra el Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP), que distribuye recursos a estados y localidades para fortalecer la preparación ante ataques terroristas y otras crisis.
El DHS reasignó los millones de dólares que ya habían sido prometidos a los estados demandantes, decisión que la jueza federal Mary McElroy calificó de arbitraria y contraria a la ley administrativa.
“El tribunal no tiene ninguna duda en concluir que los demandantes corren el riesgo de sufrir un daño irreparable”, afirmó McElroy, al subrayar que la pérdida de estos fondos no puede compensarse posteriormente y que sus consecuencias a largo plazo para la respuesta a desastres son “reales e irreparables”.
La magistrada ordenó al DHS modificar las adjudicaciones del HSGP para reflejar los niveles de financiación originalmente anunciados y anuló otros cambios significativos implementados al cierre del año fiscal, en septiembre.
Inmigración y castigo político
La jueza también señaló que, desde el inicio del segundo mandato de Trump, el Ejecutivo ha intentado reiteradamente condicionar la entrega de fondos federales a la cooperación de estados y ciudades con la aplicación de las leyes migratorias.
El 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva instruyendo al DHS a garantizar que las jurisdicciones llamadas santuario no recibieran fondos federales. Otra orden, del 19 de febrero, reforzó esa línea al exigir que los pagos federales no fomentaran esas políticas.
Para McElroy, ese enfoque vulnera el interés público. “Generalmente no existe interés público en la perpetuación de acciones ilegales por parte de una agencia gubernamental”, sostuvo en su fallo, al concluir que procedía dictar una medida cautelar permanente.
La magistrada, designada al cargo por el propio Trump, fue especialmente crítica al considerar que los recortes afectaron programas vitales. Incluso citó el reciente ataque armado en la Universidad de Brown como ejemplo de situaciones en las que estos recursos resultan clave para una respuesta eficaz.
Los estados demandantes celebraron el fallo como una victoria que frena lo que califican como un intento de castigo político y protege fondos que, aseguran, “salvan vidas”.
Con esta orden, el gobierno federal está obligado a restaurar los niveles de financiación originales. “Esta victoria garantiza que el gobierno de Trump no pueda castigar a los estados que se niegan a ayudar a llevar a cabo su cruel agenda de inmigración“, celebró Andrea Joy Campbell, fiscal general de Massachusetts.
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