Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, exigió atención médica ante la corte de Nueva York

Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, exigió este lunes atención médica ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde acudió a una audiencia en el proceso judicial en su contra. Su abogado, Mark E. Donnelly, informó al juez Alvin Hellerstein que la exprimera dama presenta “graves hematomas en una costilla” y que podría tratarse de una fractura.

“Necesitará atención adecuada”, señaló Donnelly durante la audiencia. El juez indicó que el tema debía ser coordinado entre la defensa y la fiscalía, pero ordenó a los fiscales garantizar que Flores reciba los cuidados médicos necesarios.

Periodistas presentes en la sala observaron que Flores tenía vendados el párpado y la sien. No se ha aclarado cómo se produjeron las lesiones, aunque su defensa sostiene que ocurrieron durante su captura el sábado, cuando fue detenida junto a Maduro en su residencia en Venezuela por fuerzas estadounidenses.

“No culpable, completamente inocente”

Durante la comparecencia, Flores se declaró no culpable de los cargos en su contra. “No culpable, completamente inocente”, respondió en español cuando el juez Hellerstein le preguntó cómo se declaraba.

Su abogado aseguró que se encuentra “de buen ánimo” y consciente de que enfrenta “un largo camino por delante”. “Esperamos revisar y refutar las pruebas del gobierno”, afirmó Donnelly tras la audiencia.

Flores permanece detenida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, desde donde fue trasladada bajo custodia armada al tribunal federal de Manhattan. Nicolás Maduro, también detenido, compareció junto a ella en un breve procedimiento que marca el inicio de una prolongada batalla legal.

Graves acusaciones en su contra

Para muchos fuera de Venezuela, Cilia Flores es solo “la esposa de Maduro”. Dentro del país, es una de las figuras más influyentes del chavismo. Es abogada, fue presidenta de la Asamblea Nacional y también fiscal general. Ha sido una de las principales defensoras públicas del régimen.

Si bien los cargos contra Nicolás Maduro y otros altos responsables venezolanos en este proceso eran conocidos desde 2020, el nombre de su esposa no había aparecido hasta ahora.

La acusación ampliada apunta ahora a seis personas, entre ellas Nicolás Maduro, Cilia Flores y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen. Se les acusa, entre otras cosas, de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), así como con carteles criminales para “hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Flores es señalada por los fiscales de haber participado activamente en la coordinación de reuniones y en la logística de la supuesta red criminal.

El contraste: presos políticos sin atención médica en Venezuela

La exigencia de atención médica presentada por Cilia Flores ante un juez estadounidense contrasta con la situación que han enfrentado miles de presos políticos en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Según datos del Foro Penal, al menos 17 presos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2014, muchos de ellos por falta de atención médica oportuna o en circunstancias nunca esclarecidas. En reiteradas ocasiones, familiares y abogados denunciaron retrasos en traslados hospitalarios, negación de tratamientos y abandono deliberado.

Al 29 de diciembre de 2025, el Foro Penal registraba 863 presos políticos en Venezuela: 755 hombres, 106 mujeres y un adolescente; 687 civiles y 176 militares. Desde 2014, la organización ha documentado 18.612 detenciones por motivos políticos, en un patrón sostenido de persecución.

La mayoría de los detenidos actuales fueron arrestados tras las elecciones de julio de 2024. Entre el 29 de julio y el 13 de agosto de ese año, más de 2.400 personas fueron detenidas, una cifra que superó en rapidez e intensidad cualquier ola represiva anterior.

A esto se suman más de 9.000 personas sometidas a medidas restrictivas de libertad, como prohibiciones de salida del país, presentaciones periódicas ante tribunales o arresto domiciliario, sin sentencias firmes.

Durante años, el gobierno de Maduro negó la existencia de presos políticos, calificándolos de “terroristas”, “golpistas” o “mercenarios”. Mientras tanto, denuncias de enfermedades sin tratamiento, desnutrición severa y muertes bajo custodia se acumularon sin investigaciones independientes ni sanciones.

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