‘Trump gobierna con el látigo’

Se cumple el primer año de Donald Trump en el poder y ha estado marcado por un intenso ataque a los inmigrantes y el uso excesivo de órdenes ejecutivas. 

Expertos del Instituto de Política Públicas (MPI), analizan que la actual Administración, en lugar de buscar cambios legislativos en el Congreso se ha apoyado en gran medida en la acción ejecutiva. 

Al 7 de enero de 2026, Trump había firmado 38 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, lo que representa casi el 17% de las 225 órdenes totales firmadas hasta ahora durante el primer año de su segundo mandato. 

El resultado de la maquinaria de deportación bajo el régimen de Trump ha sido 595,000 arrestos y 622,000 deportaciones, según el reporte titulado “Desatando el poder de nuevas formas: La inmigración en el primer año de Trump 2.0”, donde expertos del Migration Policy Institute (MPI) estiman que el gobierno tomó más de 500 acciones sobre inmigración, superando las 472 acciones durante los cuatro años de todo el primer mandato de Trump. 

De acuerdo con Muzaffar Chishti, investigador principal en el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), de carácter no partidista son tres de las principales herramientas o tácticas que están impulsando la campaña de deportaciones masivas: la eliminación de las protecciones concedidas o extendidas durante la presidencia de Joe Biden, la aceleración de las deportaciones, y la cooperación con las fuerzas del orden estatales y locales. 

“La administración Trump realmente ha ampliado el grupo de personas elegibles para la deportación, y hemos estimado de manera conservadora que más de 1.5 millones de personas, han perdido lo que hemos llamado estatus Twilight [que están en la penumbra], la libertad condicional humanitaria y el estatus de protección temporal”. 

Eso incluye la terminación del TPS para nacionales de 13 países diferentes. 

Algunas de estas terminaciones no están surtiendo efecto de inmediato. Muchas de ellas están siendo impugnadas en los tribunales, al tiempo que más personas están perdiendo las protecciones que tenían frente a la deportación, y miles están perdiendo su autorización de trabajo. 

Enfatizó la cooperación de unos 8,500 miembros de las fuerzas del orden en algunos estados y también de funcionarios locales ha ampliado la campaña de deportación masiva, a través de los acuerdos 287 (g), frente a los estados y ciudades que están tratando de resistir y que han enfrentado despliegues de la Guardia Nacional y aumento de incursiones de la Patrulla Fronteriza como California, Illinois, Nueva York o Minnesota. 

De hecho, hay más de 1,300 acuerdos 287 (g) en el país. Eso es un aumento respecto a los 135 acuerdos que existían al final del año fiscal 2024 y activistas afirman que este programa empeora la discriminación policial y aumenta el riesgo de arresto, detención y deportación para los inmigrantes que viven o viajan a lugares que participan en dicho programa. 

Miles de millones para aumentar el terror 

“Creo que esto es solo el comienzo”, dijo Chishti. “Ha tomado tiempo a la administración Trump aumentar la aplicación de la ley, trasladándola hacia el interior del país, porque antes el enfoque estaba en la frontera”. 

De hecho, argumentan que, a una escala y alcance mucho mayores, los cambios del último año han sido más impactantes que durante el primer mandato. 

En julio de 2025 el Congreso proporcionó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 170 mil millones de dólares para ampliar la que ya era la maquinaria de detención y deportación más grande del mundo. 

“Lo que realmente está impulsando lo que está sucediendo en este momento es el dinero”, dijo Kathleen Bush-Joseph. “Esos 170 mil millones de dólares que el Congreso asignó a este esfuerzo de aplicación de la inmigración en realidad están fluyendo hacia estas tácticas que estamos viendo”. 

Un solo ejemplo es Florida que ha recibido casi 39 millones de dólares para cooperar y asistir al Departamento de Seguridad Nacional con la aplicación de la inmigración. 

“A medida que veamos que caducan las protecciones de más personas y que más personas sean ordenadas a salir de Estados Unidos sin audiencias, podríamos ver que estos esfuerzos realmente se intensifiquen, y que las fuerzas del orden estatales y locales se conviertan en una especie de vía hacia el sistema de deportación”, añadió la experta. 

Doris Meissner, investigadora principal en MPI abordó que la base de datos que anteriormente estaban fuera de alcance de las autoridades migratorias, como las del IRS y la Administración del Seguro Social, ahora están involucradas en asuntos de inmigración. 

“[Además] hemos visto una asignación por parte del Congreso en lo que se llama la Gran y Hermosa Ley de un nivel de financiamiento, 170 mil millones de dólares, que antes solo se destinaban a números de ese tipo en el sector militar”, dijo la excomisionada de los Servicios de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos (INS). 

Múltiples violaciones a la Constitución 

En el primer año de Gobierno del su segundo mandato, Trump ha retado a la Constitución. 

Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate reaccionó al informe del MPI y señaló que la maquinaria de deportación de Trump y sus asesores más cercanos se asemeja a un presidente que gobierna “con el látigo” y en donde hay “múltiples violaciones a la ley federal, a la Constitución de los Estados Unidos, y un desconocimiento de los derechos humanos, civiles y constitucionales de todos aquellos que residen en este país, sin considerar su estatus migratorio”. 

“Ellos han decidido gobernar de esa forma”, subrayó e indicó que lo que sí le sorprende es que no se ha cumplido la “gran meta que, con bombo y platillo Trump y sus comparsas anunciaron de que habrían de deportar a un millón de almas inmigrantes en su primer año de su segundo mandato”. 

El 19 de diciembre, el DHS dijo que 622,000 no ciudadanos habían sido deportados desde que Trump asumió el cargo, un número alto —pero no histórico—. Está por debajo de las 778,000 repatriaciones realizadas en el último año fiscal completo de la administración Biden, y muy lejos de la promesa del equipo de Trump de un millón de deportaciones por año. 

“Eso quiere decir que, a pesar del látigo de las acciones ejecutivas con las cuales está gobernando, no ha sido de manera efectiva y no se ha cumplido esa meta, al parecer por el descontento de su fiscal general [Pam Bondi] y de todas las acciones de desafío que se han realizado en las cortes federales que habrían impulsado la deportación acelerada de inmigrantes”, dijo Sanabria. 

Gobernar con policía militarizada 

Miguel Tinker Salas, profesor emérito del Pomona College expreso que el récord de medidas ejecutivas de Trump ha sido no solamente para gobernar sino para aplazar los derechos de las personas y normalizar la presencia de una policía militarizada en el país. 

“En el caso de ICE, es una situación muy peligrosa porque están reclutando a personas de 18 a 50 años sin entrenamiento, ofreciéndoles $50,000 de bonos, sin que sepan cómo tratar a la población, es decir, quieren que estos nuevos agentes operen con impunidad”, afirmó. 

Añadió que lamentablemente existe la posibilidad de que Trump continúe con la agresión a la población civil, aumente la presencia de las tropas de ocupación incluso más allá de la Gestapo, porque posee la tecnología para patrullar el país, vigilar a las personas, rastrear sus casas, teléfonos, medios sociales, cuentas bancarias, récords de inmigración y todo el nivel de sofisticación para hacerles la vida imposible, sean ciudadanos o no”, dijo. 

Salas consideró que la amenaza de Trump de desplegar tropas militares a Minneapolis “es una tropa de ocupación”, mediante la cual, eventualmente se está reconsiderando hacer a un lado los derechos constitucionales con el objetivo no solo de aumentar las deportaciones sino efectuar una limpieza étnica. 

Trump pretende aplicar la Ley de Insurrección en Minneapolis si los funcionarios estatales no detienen las protestas contra la amplia operación de control de inmigración en Minnesota. 

¿TPS para 600,000 venezolanos? 

La Corte Suprema ha dado luz verde a varias acciones de alto perfil, incluida la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 600,000 venezolanos, aunque bloqueó a la Administración de deportar a extranjeros sin debido proceso y no permitió el despliegue de la Guardia Nacional para la aplicación de las leyes de inmigración. Aún deben resolverse preguntas clave sobre la ciudadanía por nacimiento y otras políticas de inmigración. 

“La situación en Venezuela está evolucionando rápidamente, y no sabemos cómo se desarrollará, pero se podría decir que, evidentemente, no solo para nuestro país, sino para el hemisferio en general, el componente migratorio de la cuestión venezolana ya estaba afectando la política exterior”, dijo Muzaffar Chishti, del MPI. 

Chisthi indicó que hay ocho millones de venezolanos que normalmente se habrían opuesto a una acción militar como la que realizó Estados Unidos en Caracas durante la captura del dictador Nicolás Maduro. 

“En realidad, muchos de esos países están bastante interesados en ver si los venezolanos podrían regresar si hay estabilidad en ese país. Así que, desde el punto de vista de la política de Estados Unidos puede afectar su actitud hacia los desarrollos en Venezuela”. 

ñadió hay un argumento significativo de que los ciudadanos de Venezuela merecen TPS [Estatus de Protección Temporal) y no deberían ser retornados. 

“Esa es más o menos la razón básica para tener TPS. Así que diría que la razón para extender el TPS para Venezuela ha aumentado. Considerando que han solicitado asilo en Estados Unidos, eso puede ser diferente dentro de un año,”, dijo Shishti. “Pero, si las condiciones se estabilizan un poco, entonces el argumento para conceder asilo disminuirá, así que a corto plazo puede haber una buena razón para extender el TPS. A largo plazo, el asilo [en Estados Unidos] dependerá de cómo se desarrollen las condiciones”.