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Minnesota dice que no confía en el gobierno federal para investigar la muerte de un hombre por ICE

“La gente pide paz y recibe balas frente a una tienda de donas. No podemos normalizar esto”, dijo Tim Walz, gobernador del estado

Minnesota dice no confiar en gobierno federal para la investigación del hombre asesinado por ICE

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, habla durante una conferencia de prensa en Blaine, Minnesota, el domingo 25 de enero de 2026. Crédito: Abbie Parr | AP

La tensión entre el estado de Minnesota y la Casa Blanca alcanzó un punto de ruptura, luego de que el gobernador demócrata, Tim Walz, declaró de manera tajante que su administración no confía en el gobierno federal para liderar la investigación sobre la muerte de un hombre de 37 años, quien cayó abatido por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de Minneapolis.

En una conferencia de prensa, el mandatario demócrata fue tajante: “No se puede confiar en que el Gobierno federal lidere esta investigación. El estado se encargará de ello, punto”. Walz explicó que sostuvo dos conversaciones con altos funcionarios de la Casa Blanca tras el tiroteo.

En la primera, pidió a la jefa de gabinete Susie Wiles que retirara de inmediato a los agentes federales desplegados en la zona. En la segunda, notificó formalmente que Minnesota encabezará la pesquisa. “No permitiremos obstáculos ni maniobras para manipular la narrativa”, advirtió.

Videos, acusaciones y una narrativa en disputa

La polémica se intensificó cuando el presidente Trump publicó en Truth Social una imagen de lo que describió como “el arma del pistolero”, asegurando que estaba cargada y lista para disparar. Sin embargo, autoridades estatales y testigos cuestionaron esa versión. El fallecido, un hombre blanco con permiso legal para portar armas y sin antecedentes relevantes, fue grabado por transeúntes mientras forcejeaba con más de media docena de agentes antes de recibir varios disparos a quemarropa.

“Gracias a Dios que tenemos videos”, dijo Walz. “Nos dicen que no confiemos en nuestros ojos y oídos”. Según las imágenes difundidas en redes, el hombre estaba filmando el operativo e intentando auxiliar a otra observadora cuando fue rociado con agentes químicos, derribado al suelo y finalmente baleado. Hasta ahora, los videos no muestran que el hombre blandiera el arma que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), portaba.

El gobernador acusó a funcionarios federales de “inventar historias” y de apresurarse a emitir juicios antes de cualquier indagatoria formal. “Las personas más poderosas del gobierno federal están publicando fotos y versiones para desviar la atención”, afirmó.

Tensiones por redadas y protestas en Minneapolis

El tiroteo ocurrió en medio de un aumento de operativos migratorios bajo la llamada “Operación Metro Surge”, que ha desplegado miles de agentes del ICE en Minneapolis y su área metropolitana. Es el segundo caso mortal en pocas semanas: el pasado 7 de enero, agentes federales mataron a tiros a Renee Good, una mujer de 37 años, durante otro operativo.

La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota denunció que investigadores estatales fueron inicialmente bloqueados de la escena por agentes federales. El comisionado de Seguridad Pública, Bob Jacobson, confirmó que el DHS se retiró del lugar ante el crecimiento de las protestas, mientras la Guardia Nacional fue puesta en alerta para reforzar la seguridad en edificios federales.

Walz pidió manifestaciones pacíficas, pero reconoció la indignación ciudadana. “La gente pide paz y recibe balas frente a una tienda de donas. No podemos normalizar esto”, dijo. También exigió a Trump retirar al ICE del estado y prometió que Minnesota documentará cada operativo para un eventual procesamiento de los responsables.

Desde Washington, un portavoz del Departamento de Justicia aseguró que el DHS liderará su propia investigación, mientras crece la presión política y social para que el caso sea esclarecido con transparencia. En un clima de tensión creciente, Minnesota se prepara para una batalla legal que podría redefinir los límites entre la autoridad federal y la soberanía estatal.

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