Fiscales advierten a Bondi que amenazas a Minnesota rompen el equilibrio constitucional
Al exigir que Walz desmantele políticas santuario y entregue información privada de los residentes, la administración Trump estaría violando la Décima Enmienda
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, habla durante una conferencia de prensa el lunes 15 de diciembre de 2025 en Nueva York. Crédito: Yuki Iwamura | AP
Una amplia coalición de fiscales generales estatales, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lanzó una dura advertencia a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, por lo que califican como un intento “ilegal y peligroso” del Departamento de Justicia (DOJ) de coaccionar al estado de Minnesota en medio de la crisis desatada por la ofensiva migratoria federal.
En una carta enviada tanto a Bondi como a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los fiscales generales de 21 estados y del Distrito de Columbia acusaron a la administración del presidente Donald Trump de aprovechar el clima de tensión en Minnesota para exigir la entrega de datos confidenciales de los residentes y desmantelar políticas estatales de seguridad pública de larga data.
“El gobierno federal nos pide que aceptemos una justificación tardía de sus acciones ilegales en Minnesota”, afirmó James en un comunicado. “Nos negamos a dejarnos intimidar por amenazas que vulneran la soberanía fundamental del estado y rompen el equilibrio constitucional”.
Exigencias federales bajo fuego
La reacción de los fiscales se produjo tras una carta enviada por Bondi el pasado 24 de enero al gobernador de Minnesota, Tim Walz, en la que el DOJ acusó al estado, sin presentar pruebas concretas, de permitir fraude generalizado.
En ese documento, la fiscal general federal condicionó la retirada de agentes migratorios al cumplimiento de una serie de demandas, entre ellas la entrega de registros electorales, datos de programas como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP), y la eliminación de políticas santuario.
Para la coalición, esas exigencias no solo carecen de base legal, sino que constituyen una “profunda intromisión” en la soberanía estatal. Los fiscales advierten que la solicitud de información sensible de votantes y beneficiarios de programas sociales choca con litigios en curso y con protecciones judiciales ya establecidas por los tribunales.
“La carta del DOJ no parece un esfuerzo de buena fe para la coordinación entre gobiernos”, señalaron. “Se trata, más bien, de un intento posterior a los hechos para justificar una operación federal altamente preocupante, cuyas consecuencias ya están bajo escrutinio nacional”.
Riesgo para la soberanía y los derechos civiles
Los fiscales generales alertaron que la postura del Departamento de Justicia representa una peligrosa escalada que amenaza el equilibrio de poder entre los estados y el gobierno federal, principio central del sistema constitucional estadounidense.
Según los fiscales, el DOJ busca obtener por la fuerza lo que ha perdido repetidamente en los tribunales. Al exigir que Minnesota desmantele sus políticas santuario y entregue información privada de los residentes, la administración Trump estaría violando la Décima Enmienda, que protege la autonomía de los estados frente al poder central.
También denunciaron que la intervención de agentes federales en Minnesota ha generado “miedo, caos y violencia”, en referencia a los recientes tiroteos mortales de civiles a manos de fuerzas migratorias en Minneapolis.
A su juicio, el uso de amenazas políticas y administrativas busca aterrorizar a la población y obligar al estado a abandonar a los residentes que tiene el deber de proteger.
James y sus colegas subrayaron que los estados no deben ser sometidos a la violencia ni a la intimidación por parte de agencias federales, y reafirmaron su compromiso de defender tanto la soberanía estatal como los derechos civiles de sus habitantes.
La coalición instó finalmente a la administración Trump a poner fin de inmediato a lo que califican como una campaña “ilegal y peligrosa” contra Minnesota, antes de que se produzcan más daños. “Seguiremos firmes en la defensa del estado de derecho”, concluyeron.
Entre los firmantes figuran los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
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