Comunidad se siente decepcionada del jefe de la policía de Los Ángeles en caso de ICE

Residentes, activistas, catedráticos y legisladores se mostraron decepcionados por la postura del jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, quien, a pesar de afirmar que no cooperarán con los agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la aplicación de las detenciones y redadas, ha asegurado que no hará cumplir la ley SB 627 de California.

Conocida como la “Ley contra la Policía Secreta”, la ley SB 627 prohíbe el uso de la mayoría de las prendas que cubren el rostro (como pasamontañas y bandanas) por parte de las fuerzas del orden locales, estatales y federales en California, a partir del 1 de enero de 2026.

La ley exige que las agencias publiquen sus políticas antes del 1 de julio de 2026, con excepciones para operaciones tácticas/SWAT, agentes encubiertos y situaciones de salud y seguridad.

La ley fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2025, ante la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, abordando el temor público ante la presencia de agentes enmascarados, en particular agentes federales que han detenido con uso excesivo de la fuerza física contra personas documentadas, indocumentadas y ciudadanos estadounidenses.

“La realidad de que una agencia armada se enfrente a otra agencia armada para generar un conflicto por algo que, en el mejor de los casos, sería un delito menor o una infracción, no tiene ningún sentido”, expresó el jefe del LAPD durante una conferencia de prensa donde dio a conocer nuevos datos sobre la criminalidad en la ciudad de Los Ángeles.

“No es una buena decisión de política pública y, en mi opinión, no fue bien pensada”, dijo McDonnell.

“Establece a quién obedece”

La postura de McDonnell no fue bien recibida por la comunidad latina.

“Creo que es una forma que se ha venido viendo anteriormente con la interacción entre la policía y ICE”, declaró el profesor emérito de estudios chicanos en Pomona College, Miguel Tinker Salas.

“Ahora se demuestra claramente en que el jefe de policía prefiere dar apoyo a otras agencias policiacas, en este caso ICE,  que obedecer la ley establecida por el estado”.

Tinker Salas descartó la idea de que podría generarse una confrontación entre autoridades del orden local y a nivel federal que están aplicando las leyes de inmigración.

“No lo creo”, indicó. “Pero, sin duda, no es que esté traicionando a la comunidad latina que creía en él, sino que ha establecido a quién obedece. En este caso, aparentemente [McDonnell] sigue los mandatos del gobierno federal y no de la alcaldesa [Karen Bass]”.

La ley SB627 del senador estatal Scott Wiener, demócrata por San Francisco, ha sido desafiado en los tribunales por el Departamento de Justicia e intenta bloquearla.

En su demanda, el DOJ argumenta que la SB 627 viola la Cláusula de Supremacía al restringir las operaciones federales, mientras que California busca aumentar la transparencia. Solamente contemplaba una excepción para los equipos SWAT en casos necesarios, como las operaciones encubiertas.

Un juez federal suspendió temporalmente la aplicación de la ley en diciembre de 2025.

Echar por la borda la confianza

Francisco Moreno, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), manifestó de entrada que tener agentes enmascarados es contra la ley y representa una agresión básica en contra de la ciudadanía.

“Esos malhechores enmascarados dañan la confianza en nuestro gobierno federal”, dijo Moreno. “El jefe McDonnell ha estado muy comprometido con nuestra comunidad inmigrante desde hace mucho tiempo, pero ante estos enmascarados hay que ponerle un rostro a su violencia para que no pasen desapercibidos”.

“La ley es para todos. Su violencia la vemos con los agentes que mataron a dos personas en Minneapolis [Renee Nicole Good y Alex Pretti]”, añadió. “Debemos conocer los rostros de quienes los asesinaron; ellos no deberían entrar enmascarados a los vecindarios”.

Moreno señaló que, si McDonnell se está echando para atrás y no aplica la ley estatal, “eso no nos gusta. Él sabe que hay una línea muy delgadita para echar por la borda toda la confianza que había tenido. Debe reaccionar e intervenir para prohibir a los agentes federales enmascarados”.

En su rueda de prensa, Jim McDonald argumentó que intentar multar a agentes federales por una infracción menor relacionada con el uso de mascarillas sería tácticamente peligroso y podría intensificar situaciones ya tensas.

“Desde un punto de vista práctico, nuestra función al llegar a un lugar es calmar la situación, no agravarla”, dijo. “Hacer cumplir una infracción menor o cualquier otra ley por parte de otra agencia de seguridad no terminará bien, y eso no será bueno, desde el punto de vista de la seguridad pública, para nadie en ese entorno”.

Afirmo que potencialmente, podría haber una multitud agitada tratando de expresar su opinión. Y luego están los agentes de ICE haciendo su trabajo, “y que nosotros intervengamos para intentar imponer una sanción por no usar mascarilla, no es una forma segura de proceder”.

“Debería ser despedido”

Esas palabras no convencieron a María Cruz, una trabajadora latina.

“Lo que necesitamos es que nos protejan, no que se hagan de la vista gorda”, dijo la mujer inmigrante. “Hace unos días vinieron los enmascarados y se llevaron a mucha gente”.

Cruz agregó que si la policía no protege a los angelinos cuando los necesitan, entonces, ¿a quién vamos a pedir ayuda”, cuestionó. “Y si no trabajamos, ¿Cómo le vamos a hacer para pagar la renta?”.

Ante la controversia, Salvador Sanabria, director de El Rescate, criticó la actitud de Jim McDonnell y la calificó como una “traición” a la comunidad latina y “debería ser despedido y reemplazado por un jefe de policia con credenciales adecuadas”.

“En el peor de los casos debería ir detrás de los cazarrecompensas, porque son una fuerza de agresión desplegada en Los Ángeles, que mayoritariamente está conformada por personas delegadas para cumplir labores federales, a quienes les dieron una placa para aterrorizar a las comunidades, pero que no han tenido el entrenamiento debido y no conocen las leyes federales que regulan la labor de ICE”, aseveró Sanabria. “Mucho menos conocen las enmiendas de la Constitución que protegen a las personas y ciudadanos de Estados Unidos”.

El ex asambleísta Miguel Santiago, quien fue parte vital en la declaración de Estado Santuario para California, sugirió que, ante la duda de aplicar o no la ley SB 627, las partes interesadas deberían consultar al procurador general del estado, Rob Bonta.

“En muchos casos se puede pedir opinión a las cortes sobre la interpretación de las leyes”, dijo el exlegislador.

La ley se debe cumplir: Mark González

Mark González, asambleísta demócrata de Los Ángeles (Distrito 54), refirió que el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, de no hacer cumplir la prohibición de uso de mascarillas para los agentes de ICE en California, según lo estipulado por el proyecto de ley SB 627 “se muestra reacio debido a posibles conflictos legales y al riesgo de demandas federales”.

“En esta legislatura trabajamos muy duro para asegurarnos de aprobar la SB 627, que obviamente prohíbe a los agentes del orden, incluidos los agentes federales, usar máscaras, ocultando, obviamente, su identidad durante el tipo de interacciones que estamos viendo, por supuesto, con las excepciones por necesidades médicas y equipo táctico especializado”, dijo González, a La Opinión.

El legislador latino dijo sentirse “decepcionado” como cualquiera, dado que se aprobó la legislación porque creó sanciones que pueden resultar en delitos menores o infracciones.

“Los agentes adicionales que usen una máscara mientras cometen esos delitos, como detención ilegal o agresión, pueden ser demandados por daños civiles”, dijo. “Esos fueron derechos que les dimos a las personas que estaban siendo secuestradas”.

“En este caso, también hay desafíos legales y problemas de incumplimiento por parte del Departamento de Seguridad Nacional que ha declarado que no van a cumplir”, agregó. “Es una especie de efecto de estira y afloja en cuanto a cuáles son los desafíos legales que vamos a enfrentar”.

¿Cuáles son las implementaciones legales?

“En este caso, que el LAPD exprese reticencia a hacer cumplir la ley debido al posible conflicto entre las agencias, es la razón por la que, según tengo entendido, el jefe de policía está diciendo [que no va a aplicar la ley contra la policia secreta de ICE]”, expuso Mark Gonzales.

Al aprobar la ley que proclamó el gobernador Gavin Newsom, los legisladores de California creyeron que obligarían a los agentes federales a quitarse la mascarilla y que, al mostrar su identificación provocaría que los agentes renunciaran, dimitieran o no se presentaran a trabajar, “ya que los expone y se generaría preocupación por las repercusiones personales y sociales a largo plazo, por haber elegido actuar como agentes de ICE”.

González analizó que muchos en la creciente fuerza laboral federal eligieron actuar como aspirantes a policías, en este caso, agentes de ICE con una formación deficiente, que reciben bonificaciones, y cuando se aceptan esas bonificaciones, también se asumen las consecuencias.

Aseguró que, en el caso particular del jefe Jim McDonnell le daría el beneficio de la duda, aunque puede haber otros factores en juego, especialmente debido a la ley SB 54 (Ley de Valores de California o Ley Santuario).

“Si el jefe de policía [del LAPPD] aplica la ley, lo cual espero que haga, especialmente debido a la SB 54, y no hay coordinación [con ICE], porque esa es la ley vigente, le doy crédito por ello.”, enfatizó.

“Pero también debemos ser muy cuidadosos y conscientes de que, si provoca esta situación [de no aplicar la ley estatal] y crea un problema mayor, esto pondrá a Los Ángeles aún más en el punto de mira de la administración Trump, cuyas fuerzas del orden están en un lío”.

Así que, técnicamente se debería estar aplicando la ley del país y los agentes de policía deberían respetar la ley que firmó el gobernador: no se permiten agentes enmascarados y deben identificarse.

“Esa es la ley. Si actualmente se está impugnando en los tribunales y es un problema legal entre las agencias, creo que [McDonnell] está intentando evitar que nos pongamos en una situación en la que sea demandado por el gobierno federal, y que luego intervengan con la Guardia Nacional, como ya han hecho antes”.