Juez ordena el regreso de tres familias deportadas por engaño de ICE
La administración Trump deberá facilitar el retorno de tres familias expulsadas de EE.UU. tras deportaciones realizadas con mentiras, según fallo judicial
La cantidad de inmigrantes detenidos en la frontera se ha reducido a mínimos históricos. Crédito: Luis Torres | AP
Un juez federal ordenó a la administración Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de tres familias inmigrantes que fueron deportadas tras ser víctimas de “mentiras, engaños y coerción” por parte de agentes federales de inmigración. La decisión judicial reabre el debate sobre las deportaciones de familias migrantes y el cumplimiento de acuerdos de protección.
La jueza federal de distrito Danna M. Sabraw determinó que las familias habían sido separadas en la frontera sur bajo la política de “Tolerancia Cero” aplicada durante la primera administración Trump. Sin embargo, estas familias estaban amparadas por un acuerdo de 2023 que les otorgaba estatus legal temporal y una vía para la reunificación familiar en Estados Unidos. Pese a ello, fueron deportadas el verano pasado.
Juez señala engaños por parte de agentes migratorios
Según reportó The Independent, la jueza fue contundente al afirmar que las deportaciones no solo fueron ilegales, sino que se realizaron mediante presión y desinformación. En su fallo, sostuvo que las acciones del gobierno volvieron “ilusorias” las protecciones prometidas en el acuerdo de reunificación.
En presentaciones previas, el gobierno argumentó que no tenía jurisdicción para traer de regreso a las familias y señaló que al menos una habría salido voluntariamente del país. La jueza rechazó esos argumentos al considerar que las decisiones se tomaron bajo coerción.
De acuerdo con el testimonio de una madre, agentes migratorios le pidieron presentarse con sus hijos y pasaportes para un supuesto control de rutina. Cuando ella se negó, afirmó que le advirtieron que, si no aceptaba la autodeportación, sus hijos podrían ser enviados a hogares de acogida o incluso dados en adopción. Posteriormente, la familia fue retenida en un motel y luego enviada a Honduras.
Como parte de la orden judicial, el gobierno deberá cubrir los costos de regreso de las familias. Sabraw subrayó que, de no haber ocurrido las deportaciones, las familias seguirían en Estados Unidos con acceso a beneficios y recursos contemplados en el acuerdo de protección.
El caso pone nuevamente bajo la lupa las prácticas de deportación, los derechos de las familias inmigrantes y la responsabilidad del gobierno en cumplir acuerdos migratorios.
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