Alertan sobre nueva ola de estafas migratorias que se aprovecha del miedo y desinformación

Una nueva y alarmante modalidad de fraude migratorio se está extendiendo en Estados Unidos, afectando principalmente a inmigrantes hispanos que buscan regularizar su estatus legal. Los responsables suplantan la identidad de abogados reales y bufetes reconocidos, utilizando datos auténticos para construir engaños cada vez más difíciles de detectar.

De acuerdo a, abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC, las víctimas son contactadas a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp y anuncios pagados, donde los estafadores se presentan como supuestos representantes legales especializados en inmigración. Aprovechándose del miedo, la desinformación y la urgencia, prometen soluciones rápidas a procesos complejos ante las cortes migratorias y el Departamento de Seguridad Nacional.

“El nivel de suplantación es extremadamente sofisticado. Utilizan nombres, fotografías y direcciones reales, realizan videollamadas y presentan documentos falsos con apariencia legal. Pero no existe ningún respaldo jurídico”, denunció Héctor Quiroga.

Un fraude cada vez más elaborado

De acuerdo con testimonios recabados y reportes legales, los estafadores han perfeccionado sus métodos: clonan páginas web, replican logotipos oficiales y usan números telefónicos registrados en distintos estados para simular operaciones legítimas. Incluso muestran supuestos casos de éxito para generar confianza.

Los pagos se solicitan en cuotas escalonadas, lo que reduce las sospechas iniciales. Sin embargo, cuando las víctimas piden contratos formales, comprobantes o comienzan a cuestionar la autenticidad del servicio, los supuestos abogados rompen toda comunicación y desaparecen.

“Este tipo de estafa no solo roba dinero; destruye la confianza de comunidades enteras y deja a familias en una situación aún más vulnerable”, señaló Quiroga.

Datos del Departamento de Justicia indican que las denuncias por fraudes migratorios aumentaron un 38% en el último año, especialmente en estados con alta población latina como Texas, Florida y California. Sin embargo, expertos advierten que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias o a afectar su situación migratoria.

Las autoridades federales han reiterado que reportar una estafa no perjudica un caso migratorio, pero el miedo sigue siendo un factor clave que facilita la impunidad de los delincuentes.

Ante el número creciente de víctimas, los abogados y organizaciones comunitarias advierten que existen patrones claros en estos fraudes. Entre las principales señales de alerta se encuentran promesas de resultados garantizados o trámites acelerados.

Además, se presentan solicitudes de dinero sin un contrato legal por escrito, petición de documentos personales por mensajería instantánea, falta de un número telefónico verificable o dirección física en la barra estatal de abogados y una negativa a sostener llamadas directas o reuniones presenciales.

“Hoy ya no basta con verificar el nombre en la barra. Es necesario confirmar que el abogado ejerce activamente, que el teléfono coincide y que la firma existe realmente”, enfatizó Quiroga.

Por ello, los especialistas instan a las víctimas o personas que sospechen de un fraude a guardar pruebas, como capturas de pantalla, correos electrónicos y recibos, y a denunciar los hechos ante la Federal Trade Commission (FTC), USCIS o la fiscalía general del estado correspondiente.

“Cada estafa no denunciada permite que los delincuentes sigan operando y engañando a más personas”, advirtió el abogado. “Informar y denunciar es una forma de proteger a toda la comunidad”.

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