ICE no logra detener a más delincuentes violentos a pesar del aumento presupuestario

En 2024, el presidente Trump hizo campaña para su reelección bajo la promesa de “llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia de los Estados Unidos”. Para ello, la administración les ha encomendado a las agencias de inmigración y de otras fuerzas del orden la tarea de arrestar a por lo menos 3,000 inmigrantes por día dentro del país, sin contar los arrestos en la frontera.

Esta cifra es más de siete veces el número diario de arrestos internos efectuados durante el primer mandato de Trump, que, en promedio, llegó apenas a poco más de 400 por día.

En múltiples ocasiones y falsamente, Trump ha catalogado a las personas inmigrantes de delincuentes violentos, y altos funcionarios del gobierno han afirmado que están arrestando a “lo peor de lo peor”, es decir, personas que amenazan la seguridad pública o nacional. Pero no es verdad. De hecho, las personas inmigrantes son menos propensas a cometer delitos que quienes nacieron en los Estados Unidos, pero, aun así, la administración no se está dedicando a arrestar a quienes sí cometen delitos.

Tal como admitió el actual director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), la agencia “ha abierto todo su foco”. Ahora, ICE está arrestando a enormes cantidades de inmigrantes —en algunos casos, solamente por su acento, su etnicidad aparente o su trabajo—, incluso a quienes residen en los Estados Unidos legalmente. Muchas personas inmigrantes, más allá de su estatus migratorio, han sido arrestadas mientras asistían a sus audiencias de inmigración o durante los controles rutinarios con ICE.

En realidad, a pesar del gran flujo de dinero aprobado por el Congreso que ha convertido a ICE en la agencia de fuerzas del orden más grande del país, los arrestos de inmigrantes con condenas penales —en especial por delitos violentos— se han estancado. El motivo por el cual ICE no incrementa los arrestos de delincuentes violentos es que la administración está enfocada únicamente en cumplir con los cupos de arrestos totales de inmigración.

Para aumentar sus cifras, la administración ha reasignado a muchos oficiales de distintas fuerzas del orden del gobierno federal, que antes realizaban investigaciones especializadas, a arrestar y detener a personas que podrían ser una amenaza para la comunidad. Pero, en cambio, los oficiales están deteniendo a cada vez más personas fáciles de encontrar que no tienen ningún antecedente penal solo porque los oficiales sospechan que son inmigrantes.

En administraciones pasadas, ICE priorizaba el arresto y la deportación de inmigrantes que representaban una amenaza para la seguridad pública o nacional; ahora, insiste en detener a casi toda persona que sus oficiales consideren inmigrante, mientras se evalúa su estatus legal. Colocar a estas personas en la cárcel durante las semanas o los meses que se tarda en resolver sus casos malgasta el dinero de nuestros impuestos, que ahora debe usarse para pagar los millones de dólares por día que cuesta encarcelar a personas que no son delincuentes.

La encarcelación le cuesta al gobierno unos $152 por día por persona, 38 veces más que los $4 por día que le cuesta liberar a alguien que no plantea ningún riesgo para la seguridad pública y asignarle un administrador de casos que se asegure de que se presente a las citas requeridas y que cumpla con el derecho inmigratorio.

Lejos de mejorar la seguridad del pueblo, esta administración está derrochando una importante cantidad de recursos en seguridad pública de muchas agencias del gobierno federal para detener y encarcelar a personas que no representan ninguna amenaza perceptible.

Reasignar a agentes del orden a operaciones de control migratorio no se ha traducido en un aumento en los arrestos penales.

Para cumplir con los ambiciosos cupos de la administración, muchas agencias del orden del gobierno federal han reasignado a sus agentes que efectuaban investigaciones penales a la tarea de ayudar a los 6,000 oficiales de las Operaciones de Control Migratorio y Deportación de ICE encargados de arrestar a inmigrantes.

Esa cifra incluye a casi 3,000 agentes del FBI —casi uno de cada cinco agentes— que han sido ahora encomendados con el deber de arrestar a inmigrantes en lugar de llevar a cabo investigaciones penales complejas sobre casos de corrupción, espionaje, terrorismo y bandas delictivas transnacionales. También incluye a aproximadamente uno de cada dos agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés); a dos de cada tres agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés); y a uno de cada cinco alguaciles federales, según las últimas cifras disponibles sobre el personal de estas agencias.

Dentro de ICE, también incluye a 6,000 agentes de la sección de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés) —casi todo el contingente de los oficiales de esta sección— a expensas de su misión declarada de combatir el delito transnacional, tales como el narcotráfico y el tráfico de armas, la explotación infantil y la trata de personas.

¿Cuál es el resultado de la reasignación de todo este personal de las fuerzas del orden? Los arrestos han alcanzado niveles récord, pero un porcentaje cada vez menor de esas personas arrestadas tiene antecedentes penales. Y lo que es digno de resaltar, a pesar de que ICE triplicó su presupuesto con respecto al 2024 y duplicó con creces el número de sus oficiales y agentes, el total de personas con antecedentes penales que arresta y detiene por día se ha estancado o disminuido.

Según los datos provistos por ICE al grupo Deportation Data Project en respuesta a una solicitud conforme a la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) y analizados por el Brennan Center, el porcentaje de inmigrantes arrestados y detenidos por ICE con condenas penales ha disminuido considerablemente desde el comienzo de la presidencia de Trump.

En las primeras dos semanas de octubre de 2025, solo el 31 por ciento de las nuevas detenciones fue de personas con condenas penales, en comparación con el 63 por ciento de las personas detenidas durante las dos semanas anteriores a la inauguración del presidente Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) categoriza a las personas que han cometido solo un delito menor u administrativo ?como conducir sin licencia ? como “delincuentes condenados”, lo cual implica que son peligrosos, aun cuando solo hayan cometido una infracción de tránsito. Sin embargo, según los últimos datos, menos de uno de cada tres inmigrantes bajo custodia de ICE se clasifica como “delincuente condenado” de acuerdo con la definición amplia del DHS. Además, ICE está arrestando y deteniendo a un número sin precedentes de personas que han cometido delitos menores, administrativos y no violentos (de acuerdo con una definición más específica según otros análisis previos efectuados por el Brennan Center).

Tomemos el ejemplo de un inmigrante cuyo único delito fue el delito menor de cruzar la frontera sin la documentación correspondiente, conocido en el derecho con el nombre de “ingreso ilegítimo”. Alguien que cometió el delito de ingreso ilegítimo puede recibir una orden de deportación después de una audiencia ante un juez de inmigración. Pero su delito no necesariamente lo convierte en un peligro para la comunidad de tal gravedad que deba ser encarcelado mientras espera la decisión del juez.

Aun así, en septiembre de 2025, ICE detuvo a más personas cuyos delitos más serios fueron los de ingreso o reingreso ilegítimo (1,776) que las personas condenadas por delitos violentos como agresión física o robo (1,707). De los 30,000 inmigrantes que ICE detuvo y encarceló ese mes, solo una pequeña fracción de un punto porcentual había sido condenado por los delitos penales más atroces, como el 0.05 por ciento por homicidio y el 0.2 por ciento por violación.

Ese mismo mes, ICE encarceló a unas 716 personas cuyo delito más serio fue el de un delito menor de tránsito, como el de conducir sin licencia. Esa cifra es mucho más alta que el número de personas que ICE arrestó y detuvo durante el mismo período por delitos más peligrosos: es el 280 por ciento más alta que el número de personas con condenas por robo, el 260 por ciento más alta que el número de personas arrestadas por narcotráfico y casi el 340 por ciento más alta que el número de personas condenadas por robo con allanamiento de vivienda.

El aumento en el número de detenciones responde a los mayores arrestos de personas que no tienen condenas penales o que han cometido solo un delito no violento. Mientras tanto, el porcentaje de arrestos de personas condenadas por delitos violentos va en dirección opuesta. El porcentaje de nuevas detenciones de personas condenadas por delitos violentos ha bajado estrepitosamente de un 16 por ciento en las dos semanas anteriores a la inauguración del presidente Trump a un 6 por ciento en las dos primeras semanas de octubre de 2025.

El total de personas detenidas por delitos violentos se ha estancado o incluso bajado después de alcanzar su pico durante el verano pasado. En la primera semana de octubre de 2025, ICE arrestó y encarceló a 409 personas condenadas de delitos violentos, en comparación con las 502 personas encarceladas en la primera semana de junio, lo cual es una disminución de casi un 20 por ciento.

Eso significa que los miles de millones de dólares que han sido destinados a las funciones de control migratorio —y que ya no tendrán a su disposición las otras fuerzas del orden tradicionales de HSI, el FBI, la ATF y la DEA— no han logrado producir más arrestos y deportaciones de inmigrantes condenados por delitos violentos. Ese tipo de arrestos sigue siendo una mínima fracción de todos los arrestos de inmigración.

Es demasiado pronto para afirmar, según los datos de conocimiento público, si la reasignación de oficiales más especializados que antes realizaban funciones fundamentales ha reducido el número de investigaciones penales y procesamientos judiciales que efectúan estas agencias del orden. Dado que estos oficiales se especializan en casos complejos, se podría tardar años en ver los efectos completos. Pero usar a estos agentes para encontrar y encarcelar a inmigrantes que no son delincuentes es un desperdicio de su entrenamiento y experiencia.

ICE ha reasignado recursos de sus propios programas dedicados a perseguir a delincuentes.

ICE tiene programas dedicados a arrestar y deportar a los inmigrantes con antecedentes penales, pero, al igual que con las otras fuerzas federales del orden, también estas han sido reasignadas.

Consideremos el programa Operaciones Fugitivo, o Fugitive Operations,de ICE. Su página web proclama: “Deportamos a los delincuentes de nuestras comunidades”. Durante el último año de la presidencia de Biden, el 69 por ciento de las personas detenidas por las Operaciones Fugitivo tenía al menos una condena. Ahora ya no.

En los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump, el porcentaje de delincuentes detenidos por este programa se invirtió: solo el 33 por ciento de los detenidos por las Operaciones Fugitivo tenía alguna condena, y menos del 10 por ciento de todas las personas detenidas tenía una condena por algún delito violento, en comparación con el 20 por ciento durante el último año de la administración Biden. La cantidad de personas condenadas por un delito violento que fueron detenidas por las Operaciones Fugitivo cayó de casi 100 por semana en junio de 2025 (y en ciertas semanas durante la administración Biden) a entre 50 y 60 en las cuatro semanas anteriores al 15 de octubre de 2025.

Lo mismo ocurre con el Programa de Extranjeros Delincuentes (Criminal Alien Program, CAP), que averigua el estatus migratorio de las personas detenidas en prisiones y cárceles locales, estatales y federales. Si bien el programa CAP ha sido criticado por erosionar las relaciones entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas policiales locales, ICE afirma que es una herramienta clave para “proteger a la patria a través del arresto y la deportación de los extranjeros que amenazan la seguridad de las comunidades de nuestra nación”.

Sin embargo, en los primeros nueve meses de la administración Trump, solo el 43 por ciento de las personas detenidas mediante el programa CAP tenía alguna condena, y ese porcentaje disminuyó al 36 por ciento en las cuatro semanas anteriores al 15 de octubre. El porcentaje de las personas con una condena por un delito violento cayó del 17 por ciento durante el último año de la administración Biden al 9 por ciento en los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump.

Más allá de la opinión que se merezcan estos programas de ICE, al menos afirman especializarse en identificar los relativamente pocos inmigrantes cuya presencia en el país puede plantear un riesgo genuino a la seguridad pública, “lo peor de lo peor” en palabras de esta administración. Al quitar a los oficiales de estos programas para arrestar y encarcelar a los inmigrantes que no representan ninguna amenaza para la seguridad pública, no están mejorando la seguridad de nuestro país.

Las personas detenidas por ICE que no son delincuentes tienden a ser mujeres y de origen venezolano.

Más allá de las afirmaciones del DHS, la enorme mayoría de las personas detenidas nunca ha sido condenada por ningún delito. Si no son personas con antecedentes penales, entonces ¿a quiénes está deteniendo ICE?

Las personas inmigrantes sin condenas penales que han sido atrapadas en las redes de ICE son dos veces más propensas a ser mujeres (12 por ciento) que tener condenas penales (5 por ciento). Estas mujeres suelen tener unos treinta años. Y pasan, en promedio, 6.5 semanas en las prisiones de ICE.

ICE no lleva el registro de las circunstancias personales de las mujeres detenidas. Si bien las leyes de financiación aprobadas a partir de 2019 le exigían a ICE informar el número de mujeres embarazadas detenidas, el actual Congreso con mayoría republicana eliminó ese requisito en marzo de 2025. Y una política de la era Biden que restringía la detención de mujeres embarazadas, madres lactantes y después de un parto ya no parece ser una “práctica corriente”.

Desde estos cambios, ICE arrestó a una mujer que se estaba recuperando de una cesárea mientras se dirigía a visitar a su bebé de 15 días de nacido que se encontraba en cuidados intensivos. Otra mujer fue arrestada cuando estaba embarazada de cinco meses y estuvo detenida sin la atención médica adecuada durante la mayor parte del resto de su embarazo y a 1,500 millas de distancia de su esposo y sus dos hijos pequeños. Ninguna de estas dos mujeres tenía antecedentes penales. Una evaluación efectuada por el senador Jon Ossoff detectó 14 denuncias creíbles de malos tratos contra las mujeres embarazadas en los centros de detención de inmigración entre el comienzo del segundo mandato de Trump y fines de julio de 2025.

La administración Trump también renovó su política de detener a familias, lo cual provocó un aumento de seis veces en la cantidad de niños y bebés detenidos desde que Trump volvió a asumir el poder.

Las personas de origen venezolano también son detenidas en proporciones mucho más altas que el resto de las personas detenidas sin condena. Solo el 15 por ciento de los venezolanos detenidos en centros de ICE desde el inicio de la administración Trump tiene alguna condena, comparado al 40 por ciento de las personas de otras nacionalidades. Las personas venezolanas componen el 9 por ciento de los detenidos sin condena y el 2 por ciento de los detenidos con condena.

Estos números son, en parte, producto de una estrategia jurídica de la administración. Invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) al alegar sin fundamentos que una banda delictiva venezolana estaba usando la “inmigración masiva” para “socavar la seguridad pública”, una movida que habría privado a decenas de miles de venezolanos en Estados Unidos de su derecho al debido proceso, pero cuya aplicación ha sido prohibida temporalmente por la Corte Suprema. (El Brennan Center ha argumentado que esa invocación es ilegal).

La administración utilizó la misma ley para enviar a más de 200 venezolanos a una notoria prisión de El Salvador. También les privó a los venezolanos de su derecho legítimo a recibir un permiso de permanencia temporal (parole) y un estatus de protección temporal (TPS, por su sigla en inglés), y les prohibió a muchas personas venezolanas la entrada legítima a los Estados Unidos.

Si bien algunos de estos esfuerzos han sido obstaculizados por la justicia, las personas venezolanas que no representan ninguna amenaza demostrable para la seguridad pública siguen siendo mucho más propensas a ser encarceladas por ICE que cualquier otra persona no delincuente de cualquier otra ciudadanía.

ICE no ha informado sobre el número de ciudadanos estadounidenses arrestados o detenidos.

Los datos de ICE sobre los cuales se basa este análisis no registran ningún arresto ni detención de ningún ciudadano estadounidense. Y el DHS ha difundido la afirmación fácilmente demostrable de que no ha arrestado a ninguna persona ciudadana. ProPublica ha documentado más de 170 arrestos indebidos de personas ciudadanas durante la segunda administración Trump, entre ellos, niños. Según trascendió, en al menos un centro de detención, ICE incluso ha designado celdas para los ciudadanos estadounidenses. En años anteriores, ICE informó docenas de arrestos de ciudadanos estadounidenses por año, cifras que probablemente se acerquen más a la realidad, a pesar de ser incompletas.

Este desfasaje sugiere que la administración está ocultando el grado en el que la mayor intensidad y agresividad de las operaciones de control migratorio están afectando la vida de las personas ciudadanas estadounidenses.

Conclusión

A pesar de las afirmaciones de la administración, las personas inmigrantes son menos propensas a cometer delitos que quienes nacieron en los Estados Unidos. Aun así, la administración no se está dedicando a arrestar a quienes sí cometen delitos. En efecto, muchísimos oficiales de las fuerzas federales del orden han sido apartados de sus tareas de proteger al país de amenazas genuinas, como la explotación infantil y el narcotráfico, y les han encargado aumentar indiscriminadamente la cantidad de arrestos de los inmigrantes.

Además de representar una profunda amenaza contra los derechos de las personas tanto inmigrantes como ciudadanas estadounidenses, utilizar el enfoque de redadas masivas no es un buen uso del dinero de nuestros impuestos. No hay razón para encarcelar a inmigrantes, a menos que planteen una amenaza a la seguridad pública o representen un riesgo demostrable de fuga.

La detención mantiene separadas a las personas de sus familias y les impide trabajar para sus empleadores estadounidenses. En cambio, quienes no plantean ningún riesgo pueden ser puestos en libertad sin peligro a la seguridad mientras esperan la determinación judicial de si pueden o no quedarse en el país. Eso sería más humano. Y permitiría que el dinero de nuestros impuestos se utilice de forma más eficiente en beneficio de todo el pueblo estadounidense.

(*) Marcos Krass es investigador becario posdoctoral y Margy O’Herron es investigadora senior de Libertad y Seguridad Nacional en el Brennan Center for Justice. Este artículo se publicó con autorización del Brennan en Español, donde se publicó la traducción original.