Guatemala vive crisis pandillera pese a descenso de homicidios que anunció su Presidente
Aunque el “estado de emergencia” ofreció un respiro, la estructura de las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13) permanece intacta y en pie de guerra
Agentes de la policía de Guatemala cachean a hombres durante el estado de emergencia decretado en el país, tras una escalada de violencia relacionada con pandillas. Crédito: Moisés Castillo | AP
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo esta semana puso fin al estado de sitio decretado hace un mes, presumiendo las cifras de homicidios más bajas en un cuarto de siglo. Sin embargo, detrás del optimismo oficial, analistas y expertos en seguridad advierten que Guatemala sigue atrapada en una espiral de violencia y extorsión que la “mano dura” no ha logrado sofocar.
El reporte más reciente de InSight Crime revela que, aunque el despliegue militar y los arrestos masivos en las calles ofrecieron un respiro estadístico, la estructura de las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13) permanece intacta y en pie de guerra.
Lo que comenzó como una promesa de reforma democrática y desmantelamiento de redes de inteligencia desde las cárceles, ha terminado por transformarse en el uso de poderes de emergencia que evocan las políticas de “mano dura” de administraciones pasadas.
El retorno a la “Mano Dura” ante la embestida criminal
Al asumir el cargo en enero de 2024, Arévalo, visto como un académico moderado, intentó un enfoque quirúrgico: cortar la comunicación de los líderes pandilleros en las prisiones para frenar las extorsiones. Pero la respuesta de las maras fue brutal. Una serie de motines coordinados y ataques directos contra las fuerzas del orden —que dejaron un saldo de 11 policías muertos— obligaron al mandatario a invocar el estado de sitio el pasado 18 de enero.
Durante los 30 días de vigencia de la medida, las autoridades realizaron más de 3,300 arrestos y capturaron a 83 pandilleros de “alto perfil”. “Un país sin miedo es un país libre”, afirmó Arévalo en una alocución nacional, destacando una reducción del 33% en las extorsiones a comerciantes.
No obstante, analistas citados por la fundación advierten que los arrestos masivos no necesariamente generan beneficios sostenibles. La experiencia regional muestra que las capturas indiscriminadas pueden fortalecer la cohesión interna de las pandillas y alimentar nuevas dinámicas de violencia.
Además de que el costo ha sido alto: la designación de las pandillas como “organizaciones terroristas” y la militarización de la seguridad interna marcan un giro punitivo que el gobierno inicialmente buscaba evitar.
El problema, según expertos, es que la efectividad del estado de sitio es temporal. El informe de InSight Crime subraya que el sistema penitenciario sigue siendo un colador donde la corrupción de los guardias permite que los cabecillas mantengan el control.
El caso de la prisión “El Infiernito” y la fuga de 20 pandilleros a finales de 2025 expusieron las profundas deficiencias institucionales que un mes de patrullajes militares no puede solucionar.
Entre cifras récord y una realidad de miedo
Si bien el Gobierno celebra que entre el 1 de enero y el 12 de febrero de 2026 se registraron solo 253 homicidios —la cifra más baja desde 2001—, el balance anual previo cuenta una historia distinta. Guatemala cerró el 2025 con 3,139 asesinatos, un aumento del 10% respecto al año anterior. Esta volatilidad refleja que las pandillas han aprendido a replegarse durante los estados de excepción para luego contraatacar con mayor fuerza.
A esto se suma la “guerra fría” política. Los esfuerzos del Ministerio de Gobernación por depurar el sistema carcelario se han estrellado contra la falta de apoyo del Ministerio Público, dirigido por la cuestionada fiscal Consuelo Porras. Sin procesos judiciales sólidos contra los guardias corruptos, las reformas en las cárceles quedan en letra muerta.
Arévalo calificó los resultados como “contundentes” y anunció que, tras el fin del estado de sitio, se implementaría un estado de prevención por 15 días para mantener operativos en cárceles y permitir la participación del Ejército en tareas de seguridad interna, aunque ya sin la facultad de arrestar sin orden judicial.
Para muchos guatemaltecos, el alivio es agridulce: las calles lucen más seguras hoy, pero el motor de la violencia —la extorsión y el control territorial de las maras— sigue latiendo bajo la superficie de los decretos oficiales.
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