Norma de HUD dejaría sin hogar a miles de familias con inmigrantes
Los inmigrantes no reciben ayuda federal para el alquiler, pero pueden vivir con familiares que sí la reciben, incluyendo muchos niños nacidos en el país
Agentes federales tocan a la puerta de una vivienda como parte de sus redadas. Crédito: Adam Gray | AP
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría transformar el acceso a la vivienda pública en el país: prohibir que familias con al menos un integrante vivan en inmuebles con subsidio federal. La norma también exigiría a las autoridades locales de vivienda notificar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) cuando detecten a un inquilino que no cumpla con los requisitos migratorios para recibir asistencia.
Esta medida forma parte de la agenda de la administración Trump que está empeñada en endurecer las políticas migratorias. En una columna reciente, el secretario de HUD, Scott Turner, defendió el cambio al afirmar que el gobierno debe priorizar a los ciudadanos estadounidenses y evitar que recursos limitados “sean explotados por personas no elegibles”.
El HUD estima que aproximadamente 24.000 inmigrantes no elegibles y “estafadores” en 20.000 hogares de estatus mixto se benefician de la asistencia.
¿Qué cambiaría exactamente?
Actualmente, los inmigrantes no pueden recibir subsidios federales directos para el alquiler; sin embargo, sí pueden alojarse en viviendas públicas si forman parte de un hogar donde otros miembros –como hijos nacidos en Estados Unidos o residentes permanentes legales– cumplen con los requisitos. En esos casos, el cálculo del subsidio se ajusta para excluir al miembro inmigrante, lo que significa que la familia paga un porcentaje mayor del alquiler.
Pero con la nueva propuesta, se eliminaría esta posibilidad. Si la norma se consolida, las familias denominadas con “estatus mixto” tendrían que abandonar la vivienda subsidiada o enfrentar un posible desalojo.
Con esta acción, según datos del Centro de Propiedades Presupuestarias y Políticas, cerca de 80.000 personas podrían verse afectadas, incluidos decenas de miles de niños ciudadanos estadounidenses.
Ciudades santuario en la mira
Este impacto no sería uniforme. Serían las grandes áreas metropolitanas con alta presencia de inmigrantes, como Nueva York y Los Ángeles, quienes se enfrentarían a las mayores repercusiones administrativas y sociales. Las autoridades locales tendrían que revisar juiciosamente expedientes, notificar a las familias y eventualmente gestionar los desalojos, un proceso que no solo tensaría la situación política.
A través de un comunicado, el director ejecutivo del Proyecto Nacional de Ley de Vivienda, Shamus Roller, señaló que la propuesta de Trump contradice el espíritu de las leyes federales que buscan proteger la estabilidad de los menores ciudadanos. “La propuesta está diseñada para infundir miedo y dificultades a las familias inmigrantes”, sostuvo.
La propuesta de HUD estará abierta a comentarios públicos durante 60 días. Tras ese periodo, la agencia deberá revisar las observaciones antes de emitir una versión final. Durante el primer mandato de Trump, un intento similar enfrentó más de 30.000 comentarios en contra y finalmente no prosperó, en parte debido a cambios de prioridades durante la pandemia por el COVID-19.
De aprobarse, la medida probablemente enfrentaría desafíos legales inmediatos por parte de organizaciones de derechos civiles y vivienda.
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