La Casa Blanca quiere lavarle la cara a su violento récord migratorio

Si quedaban dudas de que la salida de Kristi Noem de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cambia la política migratoria extremista del gobierno de Donald Trump, solamente hay que remitirse a esta declaración de su portavoz, Karoline Leavitt: “La agenda migratoria del presidente Trump consiste en mantener la seguridad de nuestras fronteras y deportar a los ‘criminales ilegales’ de nuestro país, y continuará sin interrupción”.

Además, el asesor presidencial, Stephen Miller, sigue a cargo de la política pública migratoria, y el sucesor de Noem, el senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, es otro sello de goma de Trump pues defiende los mismos postulados antiinmigrantes del mandatario.

Pero Axios reportó que en una reunión a puerta cerrada, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, James Blair, le pidió a los republicanos de la Cámara Baja que dejen de enfatizar las “deportaciones masivas” y hablen de la deportación de criminales violentos.

La campaña de deportaciones masivas fue la promesa de campaña de Trump en 2024 que rumbo a las intermedias del 2026 parece encaminada a costarle el Congreso a los republicanos, junto a otras razones. Y la Casa Blanca cree que un mero cambio de palabras oculta su violenta política migratoria.

Todavía Mullin no es confirmado en su cargo y ya van 11 muertos bajo la custodia de ICE entre enero y principios de marzo de este año, según la propia agencia, reportó Reuters. El año pasado la agencia batió un récord con 31 muertes de inmigrantes.

Trump y sus asesores saben que los excesos de su política migratoria en todo el país, pero con especial saña en Minneapolis, Minnesota, donde agentes migratorios mataron a dos ciudadanos estadounidenses en incidentes separados, le han restado apoyo significativo a su estrategia y se refleja en los sondeos. El 60% de los estadounidenses no tiene una imagen favorable de ICE.

Trump gozaba de apoyo porque decía que sacaría del país a criminales, pero se calcula que 86% de los detenidos no tienen historial delictivo violento. Y el uso de perfiles raciales y los abusos incluso contra ciudadanos han caído como balde agua fría entre la población pues cualquiera puede ser detenido. El miedo se refleja en los sondeos.

Si sumamos el descontento de la población con el rumbo de la economía, el alto costo de los alimentos, la escasez de vivienda asequible, y el alza brutal de las primas de seguro médico para millones de personas, es evidente que hay un precio a pagar en las urnas el próximo 3 de noviembre.

También están las secuelas de la guerra contra Irán, como el alza en el combustible. Una guerra que no fue autorizada por el Congreso, que ha cobrado la vida de 7 soldados estadounidenses, hasta el momento, y que tiene un costo de mil millones de dólares diarios solamente en los operativos militares.

La ley Big Beautiful Bill de 2025 contempla recortes a Medicaid, asistencia nutricional y elimina subsidios para pagar las primas de Obamacare, pero sí hay 1,000 millones de dólares diarios para la guerra en Irán.

La misma ley de 2025 asigna 45,000 millones de dólares para ampliar los centros de detención de ICE y el DHS está pagando más del precio de tasación de las propiedades. Incluso en los llamados distritos y estados rojos de inclinación republicana, los residentes se oponen a la apertura de estos centros en sus comunidades.

La cruzada antiinmigrante de Trump también afecta la economía pues las deportaciones suponen menos consumidores y menos trabajadores en negocios y diferentes industrias. Hasta los inmigrantes que siguen aquí no salen ni gastan por temor a ser detenidos y eso desacelera la economía.

El racismo y el prejuicio de este gobierno son tal que poco les importa el boom que suponen los inmigrantes para la economía.

Miller argumenta que los inmigrantes son una carga fiscal que le quitan oportunidades a los estadounidenses.

Pero un nuevo estudio del Instituto CATO concluye que los inmigrantes crean riqueza y la redistribuyen a los estadounidenses. El estudio concluye que los inmigrantes redujeron la deuda de Estados Unidos en casi un tercio, o $14,500 billones de dólares (trillions), entre 1994 y 2023.

Ahora que se aproxima el pago de impuestos el 15 de abril es bueno recordar estas cifras del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP): “Los indocumentados pagaron $96,700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022. La mayor parte de esa cantidad, $59,400 millones de dólares, se pagó al gobierno federal”.

Dicen que quien siembra vientos cosecha tempestades, y ahora a meses de las elecciones, la Casa Blanca quiere lavarle la cara a su violento récord migratorio.

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