DOJ dice que Trump no debe entregar archivos presidenciales
Un dictamen legal cuestiona la ley de 1978 y abre la puerta a que Trump retenga documentos oficiales
DOJ dice que Trump no está obligado a entregar archivos al dejar su cargo. Crédito: Alex Brandon | AP
Un nuevo dictamen del Departamento de Justicia (DOJ) ha encendido el debate sobre el manejo de documentos oficiales en la presidencia. La Oficina de Asesoría Legal concluyó que el presidente Donald Trump no está obligado a entregar sus registros a los Archivos Nacionales al dejar el cargo.
La opinión, revelada recientemente y reportada por Axios, sostiene que la Ley de Registros Presidenciales de 1978 –aprobada tras el escándalo de Watergate– es inconstitucional. Según el documento, la normativa “excede las facultades del Congreso” y afecta la autonomía del presidente.
“El presidente no tiene por qué seguir acatando sus dictados”, escribió T. Elliot Gaiser, autor del dictamen y funcionario de la Oficina de Asesoría Legal. En su análisis, Gaiser argumenta que el Congreso no puede imponer al Ejecutivo la obligación de transferir documentos oficiales, del mismo modo que no puede ordenar a la Corte Suprema entregar sus archivos internos.
De adoptarse plenamente por la administración Trump, sentaría un precedente que permitiría a futuros presidentes retener documentos oficiales al dejar el cargo, en lugar de transferirlos automáticamente a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), como establece la ley vigente.
Sin embargo, el dictamen no tiene fuerza de ley, porque la Oficina de Asesoría Legal funge como un órgano de consulta dentro del poder ejecutivo, por lo que su interpretación puede guiar decisiones gubernamentales, pero también puede ser impugnada en tribunales.
Un contexto con discusión delicada
Tras su primer mandato, Trump fue acusado de violar la Ley de Registros Presidenciales por retener documentos en su residencia de Mar-a-Lago. Según fiscales federales, el entonces exmandatario conservó material altamente sensible, incluidos documentos de defensa nacional, y habría obstruido esfuerzos para recuperarlos.
Un informe posterior de la fiscalía especial subrayó la gravedad del caso. “Trump tenía en su poder algunos documentos de alta sensibilidad, del tipo que solo poseen los presidentes y funcionarios con acceso altamente restringido”, señala el memorando. A pesar de ello, el proceso fue desestimado en 2024 por la jueza Aileen Cannon antes de que Trump regresara a la presidencia.
El propio Trump ha rechazado de forma reiterada cualquier irregularidad. Tras asumir nuevamente el cargo, una de sus primeras decisiones fue destituir al director de los Archivos Nacionales, una institución clave en el caso en su contra, lo que generó críticas sobre un posible intento de controlar la narrativa institucional.
La nueva opinión del DOJ también ha llamado la atención porque Gaiser trabajó previamente como asistente del juez de la Corte Suprema Samuel Alito y formó parte del equipo de campaña de Trump en 2020.
En su dictamen, Gaiser sostiene que la Ley de Registros Presidenciales limita al presidente en lugar de facilitar el ejercicio de sus funciones. “Restringe en lugar de empoderar al presidente”.
La ley en cuestión fue promulgada por el presidente Jimmy Carter en 1978 con el objetivo de garantizar que los documentos oficiales generados por la presidencia sean preservados y eventualmente accesibles al público, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Por ahora, la Casa Blanca no ha detallado si seguirá formalmente esta opinión legal.
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