Editorial: Urge proteger al consumidor

Los clientes en los supermercados de Maryland son los únicos en el país que cuando ven el precio de un producto en la estantería se le garantiza que es el mismo que va a pagar en la caja. Ese estado es el primero que dio prioridad al consumidor protegiéndolo de las variaciones a los precios dinámicos.

Se llama precios dinámicos a un sistema en donde el precio de un producto puede cambiar varias veces al día, dependiendo del número de personas que lo compren o de las existencias que queden. Las empresas la usan para determinar el coste de un producto ya sea por la oferta y la demanda, por competir con otros negocios y el nivel de reserva.

Es un buen negocio para las empresas cuando minuto a minuto ven cómo aprovechar al máximo los precios de un boleto. Lo que comenzó como una manera de aprovechar espacios en las líneas aéreas en los ochentas se convirtió hoy en una pesadilla para conseguir, por ejemplo tickets a un juego y un concierto.

Distintos estudios estiman que las empresas registran un aumento de los ingresos de entre el 1% y el 8% anual y un incremento de los márgenes de beneficio de entre el 5 % y el 25 % gracias a la fijación dinámica de precios. El espectador, el consumidor es el que paga esa diferencia con precios exorbitantes.
Hay otros estados como California y Nueva York que prohibieron el sistema de precios dinámicos ligados al perfil del consumidor. Otros como Illinois tienen varios proyectos esperando en la Legislatura. Sin embargo, ninguno protege al consumidor como en Maryland.

Los precios dinámicos son una muestra de la tecnología al servicio del sector empresarial que aumenta sus ganancias exprimiendo al consumidor que no tiene recurso más que someterse. Estos avances parecen no existir para la protección del consumidor.

Es difícil a esta altura cambiar un sistema de precios establecido a lo largo de la economía, aunque sí se puede limitarlo en lo más básico como son los productos del supermercado.

Walmart, por ejemplo, está cambiando este año los estantes para que reflejen electrónicamente un precio que pueda ir cambiando según lo decida el negocio. La empresa dice que mejora la eficiencia, reduce el papeleo y ayuda a bajar los precios. La realidad es que crea una incertidumbre para el consumidor y, como dijimos, es una manera de aumentar ganancias. El único que pierde es el consumidor.

Creemos que todos los estados deberían seguir el camino de Maryland. Los legisladores deben actuar más en defensa del consumidor. Por los menos en los supermercados, donde todos compramos lo básico, se podría mantener por un día la estabilidad de precios. No es mucho pedir.