El TPS está en vilo tras audiencia en Corte Suprema
El Máximo Tribunal decidirá en junio o julio el futuro del TPS, lo cual podría afectar a 1.3 millones de inmigrantes
La Suprema Corte decidirá sobre el TPS en junio o julio. Crédito: Mariam Zuhaib | AP
Los magistrados de la Corte Suprema escucharon argumentos a favor y en contra de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TSP) para inmigrantes de Haití y de Siria, aunque su decisión podría determinar el futuro de los inmigrantes de los 17 países apegados al mismo programa.
Los cuestionamientos de los magistrados no dejaron muy clara su inclinación hacia sobre una eventual decisión, ya que mientras el juez Brett Kavanaugh –nombrado por Donald Trump– sugirió que el país se encuentra en mejor situación desde que Bashar al-Assad fue derrocado en 2024.
En tanto, la jueza Sonia Sotomayor –nombrada por Barack Obama–, cuestionó al procurador general, John Sauer, cómo la afirmación del presidente Trump de que los inmigrantes están “envenenando la sangre de Estados Unidos” no demuestra una intención discriminatoria.
Uno de los argumentos centrales de las políticas migratorias de la administración Trump es que hay una “invasión” de inmigrantes en EE.UU. y el término de “envenenamiento” incluso fue utilizado por el actual mandatario durante su campaña.
La jueza Ketanji Brown Jackson también se refirió a las expresiones discriminatorias del presidente Trump, cuando señaló que los inmigrantes de Haití provenían de un país “sucio, asqueroso y repugnante”.
La decisión de los jueces, que puede ser en junio o julio, afectaría directamente a más de 350,000 inmigrantes de Haití y Siria, pero sentaría un precedente sobre otros TPS, impactando a 1.3 millones de personas, la mayoría de las cuales llevan más de una década en EE.UU., donde tienen familia.
El magistrado conservador Samuel Alito –nombrado por George W. Bush– incluso justificó que hubo un reporte que justificaba el fin del TPS, cuando los demandantes argumentan que la administración Trump no hizo una consulta con diversos organismos para elaborar una justificación.
La pregunta central de este caso radica en si la ley aplicable impide a los tribunales considerar si el proceso para justificar la suspensión fue adecuado.
La jueza Amy Coney Barrett –quien tiene dos hijos adoptados de Haití– cuestionó sobre el procesamiento seguido por la administración Trump.
Los demandantes sirios están representados por el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), Muslim Advocates y Van Der Hout LLP, junto con la ACLU del Norte de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Red Nacional de Organización de Trabajadores Jornaleros (NDLON).
Los demandantes haitianos están representados por Just Futures Law, Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP), Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt y Giskan, Solataroff & Anderson.
Hay 1.3 millones de inmigrantes en espera
Los magistrados hicieron cuestionamientos al gobierno de Trump y a la defensa de los inmigrantes sobre los casos Mullin v. Doe y Trump v. Miot, los cuales fueron consolidados para una decisión conjunta.
El Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) representa a los beneficiarios del TPS de la demanda colectiva de sirios y su presidente, Sharif Aly, reconoció que hay una disyuntiva en la decisión del Máximo Tribunal que podría impactar a miles de personas.
“Si bien desconocemos la decisión final de la Corte Suprema, sabemos que lo que está en juego es de suma importancia”, expresó Aly. “La Corte ahora se enfrenta a la disyuntiva de defender el sistema de controles y equilibrios que constituye la esencia de la Constitución o permitir que el Presidente ignore las leyes promulgadas por el Congreso”.
El presidente de FWD.us, Todd Schulte, destacó el trabajo de los defensores de ambos casos, al tiempo de criticar los intentos de la administración Trump de terminar con el TPS.
“Hoy, en la corte, pude apreciar el increíble trabajo de quienes defienden a los beneficiarios del TPS. Quedó claro que el presidente Trump ignoró el análisis de su propio gobierno sobre la situación de los países, inventó un proceso de consulta que nunca se llevó a cabo y disfrazó una directiva política como una revisión legal”, expuso. “Todos los tribunales que han examinado este expediente hasta la fecha han dictaminado que violó la ley con sus acciones arbitrarias y caprichosas”.
