Trump busca castigar con recortes a discapacitados que viven con sus familias
Nueva regla podría castigar a quienes viven con su familia y dejar sin ingresos a miles de personas vulnerables
Adultos con discapacidad podrían perder apoyo económico por vivir con sus familias en EE.UU. Crédito: Alex Brandon | AP
La administración de Donald Trump analiza un cambio en las reglas del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) que podría afectar a cientos de miles de personas con discapacidad en el país. De acuerdo con una investigación de ProPublica, la propuesta busca reducir o incluso eliminar beneficios a adultos discapacitados que viven con familiares de bajos ingresos, una medida que ha encendido alarmas entre expertos, organizaciones civiles y familias.
El ajuste normativo apunta a modificar la forma en que se calcula el apoyo económico del SSI, un programa administrado por la Administración del Seguro Social que brinda ingresos básicos a personas con discapacidades severas o adultos mayores en pobreza extrema. Actualmente, si una familia ya demuestra bajos ingresos mediante programas como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, no se le penaliza por alojar a un familiar discapacitado. La nueva propuesta rompería con ese criterio.
De concretarse, el gobierno podría descontar del cheque mensual del beneficiario el valor estimado de vivienda y manutención, incluso si la familia apenas sobrevive económicamente. Esto implicaría recortes de hasta un tercio del ingreso —alrededor de $330 mensuales en algunos casos— o la pérdida total del apoyo.
El impacto sería significativo
Según cálculos citados, hasta 400,000 personas podrían verse afectadas, incluyendo jóvenes con síndrome de Down, personas con autismo severo y adultos mayores con enfermedades como demencia que dependen de sus familias para vivir.
La historia de Shy’tyra Burton ilustra la dimensión humana del posible cambio. A sus 22 años, vive en Filadelfia con múltiples discapacidades intelectuales que le impiden trabajar. Su ingreso mensual del SSI, de $994, no es suficiente para independizarse, por lo que depende del apoyo de su padre, quien gana apenas unos $2,000 al mes. Un recorte en ese ingreso, advierten especialistas, podría desestabilizar por completo su situación.
“Es injusto reducir los beneficios de una persona con discapacidad por vivir con sus seres queridos”, afirmó Galen Carey, de la Asociación Nacional de Evangélicos, en declaraciones recogidas por ProPublica. “Saber que contribuyen y no son una carga puede ser motivo de orgullo”.
El argumento de fondo de la medida está vinculado al control del gasto público. Algunos sectores conservadores sostienen que este tipo de ajustes podría ahorrar miles de millones de dólares en la próxima década. Sin embargo, críticos advierten que el ahorro sería relativo. Mantener a una persona con discapacidad en casa suele ser mucho más económico que financiar su estancia en instituciones especializadas, cuyo costo diario puede multiplicar varias veces el apoyo del SSI.
Además, la propuesta podría aumentar la carga burocrática tanto para las familias como para la propia administración. Los beneficiarios tendrían que reportar constantemente cambios en ingresos, gastos y condiciones de vivienda, lo que implicaría más trámites y supervisión.
Desde la Casa Blanca, la respuesta ha sido ambigua. Rachel Cauley, vocera de la Oficina de Administración y Presupuesto, calificó los reportes como “especulativos”, mientras que funcionarios del Seguro Social insistieron en su compromiso de proteger a las poblaciones vulnerables.
Para organizaciones defensoras de personas con discapacidad, la medida no solo representa un posible recorte económico, sino un cambio de enfoque: pasar de un sistema de apoyo a uno que podría penalizar la dependencia familiar. En un país donde millones enfrentan barreras para la inclusión laboral, la discusión sobre el SSI se convierte en un reflejo de cómo se valora —o se descuida— a los sectores más vulnerables.
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