Editorial: La Corte Suprema podría asestar un nuevo golpe al derecho al aborto

El fallo de la Suprema Corte de 2022, Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization,  que anuló el derecho de la mujer al aborto después de 50 años de legalidad por el fallo Roe v. Wade, no fue la última palabra. Pero como consecuencia, el aborto es ilegal o casi ilegal en 14 estados, especialmente en los estados del Sur. En California y Nueva York, en cambio, sigue siendo legal. Otros estados lo prohíben después de seis semanas de gestación (antes de que un tercio de las mujeres confirmaran su embarazo); otros, a las 12 semanas. 

La única salida para muchas mujeres es encargar la píldora mifepristona por correo después de obtener una receta de un médico a través de la telemedicina. 

Mifepristona junto con misoprostol provoca el aborto si se toma durante las primeras 12 semanas. Este es el método usado actualmente en más del 60% de los casos; los otros métodos son quirúrgicos.  

Actualmente, uno de cada cuatro abortos es resultado de consultas efectuadas por telemedicina. Por ello, la cantidad de abortos después del fallo de 2022 no mermó como se temía sino que aumentó, de aproximadamente 80,000 por mes a 95,000. 

Ambas medicinas fueron autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en septiembre de 2000.

Luisiana demandó el año pasado prohibir este envío y el 30 de abril, un tribunal de apelaciones con sede en Nueva Orléans concordó  y restableció una antigua orden de la FDA que demandaba la consulta médica en persona y que la píldora sea administrada únicamente en una clínica autorizada para ello. Esa disposición había sido anulada ya en 2021, durante la pandemia del COVID-19, con una nueva regulación basada en la ciencia agregada durante la presidencia de Joe Biden.

Danco Laboratories, farmacéutica que produce la mifepristona, apeló de inmediato ante la Corte Suprema. Ayer, ésta – de hecho únicamente el juez Samuel Alito que estaba “de guardia” – invalidó de manera temporal la decisión del tribunal inferior y restableció el acceso a ese medicamento. 

El requisito de visitar a un médico establece una barrera innecesaria y onerosa cuyo efecto puede ser que estas mujeres desistan del aborto, o por el conrario, busquen hacerlo de manera ilegal y peigrosa. Esto afecta de manera desproporcionada a pacientes rurales, pobres y marginados. 

Es prematuro cantar victoria para quienes apoyan el derecho de la mujer a su propio cuerpo. La pausa del tribunal supremo es breve y vencerá el 11 de mayo. Una decisión final estará a cargo del pleno de la Suprema Corte.. 

La insistencia de Luisiana no tiene nada que ver con la salud de las mujeres. Es política. Es parte de la lucha de décadas de los sectores conservadores de emitir una prohibición nacional del aborto. Ambas píldoras son seguras, como lo documentan décadas de investigación revisada por pares, y 7.5 millones de usuarios.

Pero la prohibición al envío por correo no se limita a Luisiana. Es nacional, y abarca también a los estados donde el aborto es completamente legal. 

De esa manera, tergiversa el argumento de Luisiana de que permitir el envío por correo violaba sus propias leyes. Porque prohibir el envío por correo viola los derechos de los estados que sí permiten el aborto. 

La situación podría llevar a que la cuestión del aborto vuelva a ser clave, faltando solo 181 días hasta las cruciales elecciones de mitad de mandato, donde los demócratas pretenden recuperar el control de la Cámara y los republicanos luchan por conservar una estrecha mayoría.

Desde 2022, 17 estados han sometido la cuestión al voto popular; en 14 de ellos los votantes apoyaron el derecho al aborto. 

La Corte Suprema debería rechazar el dictamen del tribunal de apelaciones y la apelación de Luisiana; de lo contrario, habilitará un nuevo golpe al derecho al aborto y hará más difícil la vida de millones de mujeres en el país.