Editorial: por la Medida ER en el Condado de Los Ángeles

La ley que Donald Trump llamó “Grande y Hermosa” se aprobó como H.R.1 el 4 de julio pasado. Para la población de bajos recursos fue una mala noticia, porque contiene una seria reducción del gasto social. La ley recorta miles de millones de dólares anuales de los presupuestos de Medicaid (Medi-Cal) y de asistencia alimentaria (SNAP o CalFresh).

A raíz de los cambios en los requisitos federales de elegibilidad y trabajo que H.R. 1 establece, alrededor de 200,000 residentes del condado de Los Ángeles, 20% de ellos niños, perdieron desde entonces membresía en estos programas. Un millón más de los 3.8 millones de angelinos en Medi-Cal están en riesgo de seguirlos. Cuando esas coberturas se pierden, el estado no puede recuperar los fondos del erario federal. 

Para el Departamento de Servicios de Salud del condado de Los Ángeles, esta ley significa un recorte de ingresos de 750 a 800 millones de dólares. Cada año. 

En consecuencia, al menos 22 hospitales  en el condado están en riesgo de reducir drásticamente sus servicios o de cerrar sus puertas, lo mismo que un total de 83 a nivel estatal y 422 en todo el país. 

De trece clínicas de Servicio Público, que proporcionan vacunas, tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS),  tuberculosis (TB) y otros cuidados esenciales, siete ya cerraron. Sus pacientes, sin embargo, no desaparecen. Las esperas en hospitales y clínicas restantes, que ya eran exageradas, se están alargando aún más. Los servicios disponibles se reducen para todos. 

Estos cierres tienen un efecto en cascada. Se están perdiendo decenas de miles de empleos. 

Por esta emergencia, la Junta de Supervisores del condado, en voto de 4-1, introdujo en la boleta electoral del 2 de junio la Medida ER. 

De ser aprobada, el impuesto a las ventas subirá a partir de octubre por la mitad de 1%, del 9,75% al 10,25%, durante cinco años, al cabo de los cuales volverá a su nivel actual. 

La Medida ER o Ley de Restauración de Servicios Esenciales, generará alrededor de $1,000 millones cada año. Según el plan de gastos de la Junta, al menos 45% de esa suma financiará atención gratuita y de bajo costo en clínicas sin fines de lucro para residentes de bajos ingresos y sin seguro médico, por parte de una red de proveedores sin fines de lucro. Un 22%, mantendrá abiertos los hospitales y clínicas del condado y el 10% financiará la prevención de enfermedades e inspecciones sanitarias. También se beneficiarán programas tales como vigilancia epidemiológica, inmunización y centros de salud escolares.

La medida contiene salvaguardas rigurosas para garantizar que cada dólar se gaste tal como lo dispone y que se rindan cuentas públicamente.

Un comité asesor de supervisión ciudadana de nueve miembros revisará todos los gastos e informará al público. El grupo incluirá profesionales de la salud pública, médicos, representantes de clínicas comunitarias y activistas de la comunidad. 

La medida establece un impuesto “general”, lo que permite su aprobación por la mitad más uno de los votos. Si fuese un impuesto “especial” y exclusivo, requeriría el 66%. 

Si bien siempre es difícil apoyar un aumento en el impuesto a la venta, que es regresivo y especialmente grava a los que menos tienen, en este caso estamos convencidos de que no existe otra alternativa para superar esta crisis creada innecesariamente por la administración Trump que esta medida temporaria. 

Por todo ello, La Opinión apoya la Medida ER y solicita de sus lectores que el 2 de junio, voten por ella.