Inmigrantes podrían ser obligados a pagar multa de $18,000 por orden de deportación
La administración Trump busca triplicar multas contra inmigrantes con órdenes de deportación "in abstentia"
ICE mantiene operaciones contra cualquier indocumentado. Crédito: Yuki Iwamura | AP
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta para incrementar drásticamente las multas impuestas a inmigrantes con órdenes de deportación “in absentia”, es decir, emitidas por un juez de inmigración cuando la persona no se presenta a su audiencia.
La sanción pasaría de $5,130 dólares a $18,000 dólares, en medio de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.
La figura de la deportación “in absentia” está contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Bajo esa disposición, un juez puede ordenar la expulsión de un inmigrante si el Gobierno demuestra que la persona recibió una notificación adecuada de la audiencia y aun así no compareció. Sin embargo, la ley también reconoce excepciones, incluyendo situaciones de emergencia, falta de notificación efectiva o circunstancias extraordinarias que puedan justificar la reapertura del caso.
El documento oficial también expone el crecimiento de este tipo de procesos dentro del sistema migratorio. Según cifras del DHS, durante 2025 se emitieron más de 309,700 órdenes de deportación “in absentia”, mientras que 23,670 personas con este tipo de fallos fueron arrestadas posteriormente.
El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., señaló que el aumento proyectado podría convertirse en uno de los castigos económicos más severos dentro del sistema migratorio civil estadounidense.
“Las multas migratorias siempre han existido, pero estamos viendo una expansión importante tanto en los montos como en la manera en que el Gobierno busca aplicarlas. El impacto puede ser particularmente fuerte para familias de bajos ingresos que ya enfrentan procesos complejos y costosos”, dijo el experto.
El endurecimiento no ocurre de forma aislada. Desde 2025, el DHS y el Departamento de Justicia han impulsado regulaciones para acelerar la imposición y el cobro de sanciones migratorias, incluyendo cambios que reducen tiempos de respuesta y trasladan ciertas apelaciones directamente al DHS, limitando la participación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Uno de los puntos más sensibles del debate gira alrededor de las notificaciones judiciales. En los últimos años, tribunales federales y organizaciones de defensa han advertido que muchos inmigrantes no comparecen a sus audiencias porque cambiaron de dirección, nunca recibieron correctamente la citación o enfrentaron barreras de idioma y representación legal. En esos casos, las órdenes “in absentia” pueden ser posteriormente reabiertas, aunque el proceso suele ser complejo y requiere pruebas sólidas.
“La ley permite solicitar la reapertura de ciertas órdenes emitidas en ausencia, especialmente cuando hubo problemas con la notificación o circunstancias excepcionales. Por eso es importante analizar cada caso individualmente antes de asumir que una orden es definitiva o que no existen alternativas legales”, puntualizó el abogado Quiroga.
El aspecto económico también genera cuestionamientos, ya que se considera poco probable que muchas de estas multas puedan ser cobradas en su totalidad, especialmente entre inmigrantes con recursos limitados o sin autorización de empleo. “Este tipo de medidas podrían aumentar la presión sobre inmigrantes con órdenes pendientes, especialmente en casos de ausencia ante la corte”, advirtió el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
Aunque la propuesta todavía no es definitiva y permanecerá abierta a comentarios públicos hasta junio de 2026, desde ya se anticipan posibles desafíos legales relacionados con debido proceso, proporcionalidad y acceso a la defensa.
“La recomendación para los inmigrantes con procesos pendientes es que mantengan actualizada su dirección ante la corte y revisen constantemente el estado de sus casos para evitar ausencias involuntarias que puedan derivar en órdenes de deportación y sanciones económicas elevadas”, indicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
(*) Héctor Quiroga es abogado de inmigración de Quiroga Law Office, PLLC, una firma de abogados ubicados en Washington, Nevada y México.
