¿La Ley de Santuario de California pone en peligro la seguridad de todos?

La Ley Santuario de California no es una medida más de política pública; es un real y peligroso obstáculo al trabajo de las autoridades para garantizar la seguridad pública y la ley y orden. Por esta razón, el America First Policy Institute (AFPI) se ha unido a la ciudad de El Cajon para retar este estatuto en los tribunales.

Aunque el caso origina en una ciudad particular, sus consecuencias pueden extenderse a todo el estado. La esencia del caso es una pregunta fundamental: ¿permite la Ley Santuario del estado que los gobiernos locales desempeñen su responsabilidad más básica –entiéndase, proteger a sus residentes, incluyendo a los inmigrantes del crimen– sin temer represalias legales? Y es que la ley impone a la policía local unas restricciones estrictas que prohíben la cooperación con autoridades federales, incluyendo la Immigration and Customs Enforcement (ICE), aun en situaciones en las que esa cooperación pudiera evitar daño a la ciudadanía.

Para millones de familias hispanas e inmigrantes en California la seguridad es una preocupación diaria. Sus residentes quieren calles seguras, buenas escuelas y la posibilidad de criar a sus hijos sin miedo al crimen, la violencia o la explotación. La Ley Santuario de California, sin embargo, pone en peligro esas prioridades.

Las consecuencias de esta política no son teóricas. La demanda de El Cajon fue provocada por la preocupante respuesta que el fiscal general del estado Rob Bonta brindó a una pregunta básica: ¿puede la policía de El Cajon realizar un chequeo de bienestar a un menor no acompañado basándose en información creíble provista por agencias federales de ley y orden? En su respuesta, Bonta le advirtió a la ciudad que esa sencilla medida preventiva pudiera violar la ley estatal.

Para cualquier padre, y particularmente aquellos de familias inmigrantes que vinieron a nuestro país en busca de paz y seguridad, la aseveración del fiscal general es altamente preocupante. Un sistema que titubea ante un niño que puede estar en peligro no es compasivo; está roto.

Los defensores de las ciudades santuario insisten que estas leyes garantizan la seguridad de las comunidades de inmigrantes, pero la realidad es lo opuesto. Al limitar la cooperación entre las agencias policiacas, las leyes santuario crean ambientes en los que inmigrantes ilegales involucrados en actividad delictiva corren un riesgo menor de responder por sus actos y en los que la comunicación entre las autoridades locales y federales es vista como un riesgo en vez de una necesidad. Con el tiempo, esto crea una vulnerabilidad del cual los traficantes, pandilleros y delincuentes habituales se aprovechan. Y los que sufren con esto no son los políticos en Sacramento, sino los residentes del estado, con frecuencia en barrios hispanos y de inmigrantes.

A parte del costo humano, la Ley Santuario de California presenta serios problemas constitucionales. Sus proponentes abiertamente declararon su intención al radicarla: permitir que inmigrantes ilegales vivan en el estado “sin miedo de deportación”, lo que conflige con la ley federal que prohíbe ayudar e instigar a inmigrantes ilegales a permanecer en el país ilegalmente (U.S.C. § 1324). Una ley diseñada a impedir el cumplimiento de la ley federal no es solo un acto de resistencia; es una invitación al desorden y a la impunidad.

La Cláusula de Supremacía de la Constitución deja claro que la ley federal prevalece en caso de conflicto con la estatal. El Tribunal Supremo ha afirmado repetidamente que los estados no pueden aprobar medidas que obstruyan ejecución de la ley federal de inmigración. No obstante, eso es exactamente lo que hace la Ley Santuario de California; limita la cooperación entre las autoridades federales y estatales mientras que establece que el cumplimiento con la ley federal es opcional.

Como es de esperar, los apologistas de la Ley Santuario tratarán de decir que la demanda es un ataque a los inmigrantes, lo que es falso y equivoco. El Cajon no es un bastión del nativismo; es una ciudad diversa en la que aproximadamente 30% de los residentes son hispanos. La demanda no es anti-inmigrante; es pro-comunidad. Su objetivo es proteger a todos los residentes del estado, sin importar su origen, de las amenazas muy reales presentadas por criminales que se aprovechan de las vulnerabilidades creadas por las políticas santuario.

La Ley Santuario de California es peligrosa en la práctica, inconstitucional en diseño y perjudicial para las comunidades que dice defender. La demanda de AFPI es un esfuerzo para aclarar el Derecho aplicable, reafirmar el estado de Derecho, y priorizar la seguridad de los residentes del estado sobre consideraciones puramente políticas. Lo único que exige es que la ley estatal deje de penalizar a la policía por hacer su trabajo y proteger a la comunidad.

(*) Alfonso Aguilar es director de Acercamiento Hispano del America First Policy Institute y Ex jefe de Ciudadanía de los Estados Unidos.
Mike García es presidente de America First California y ex miembro del Congreso (R-CA).

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