Nueva York desafía a Trump con demanda para defender políticas migratorias y supervisión policial
La acción legal surge tras las amenazas federales de impugnar estas leyes y las advertencias de Thomas Homan de inundar el estado con más agentes de inmigración
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general, Letitia James, presentaron una demanda formal contra la Administración de Donald Trump. Crédito: Seth Wenig/ Archivo | AP
El estado de Nueva York inició una batalla legal contra la Administración del presidente Donald Trump para defender un paquete de leyes estatales relacionadas con la aplicación de las políticas migratorias y la actuación de las fuerzas del orden, en un nuevo choque entre autoridades estatales y federales sobre el alcance de las competencias en materia de inmigración.
La demanda fue presentada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general del estado, Letitia James, luego de que funcionarios federales advirtieran sobre posibles acciones legales para bloquear las nuevas disposiciones aprobadas por la Legislatura estatal.
Entre las medidas impugnadas destaca una ley que entrará en vigor esta semana y que exige que los agentes de policía locales, estatales y federales sean plenamente identificables durante operativos públicos. La normativa prohíbe el uso de máscaras o coberturas faciales que oculten la identidad de los agentes, salvo excepciones específicas, y obliga a mostrar de manera visible credenciales e información oficial.
Según las autoridades estatales, la legislación busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública en las fuerzas del orden.
Nueva disputa por la política migratoria
La demanda también defiende otra legislación que limita la colaboración de gobiernos locales y agencias policiales con programas federales de inmigración. La denominada Ley de Policías Locales y Delitos Locales impide que autoridades municipales celebren acuerdos que les permitan actuar como agentes federales de inmigración o detener personas únicamente por presuntas infracciones civiles relacionadas con su estatus migratorio.
Asimismo, la norma restringe el uso de recursos públicos para la operación de centros de detención destinados a inmigrantes sujetos a procedimientos civiles. Hochul afirmó que las nuevas leyes reflejan las prioridades de Nueva York en materia de seguridad pública y administración de recursos estatales.
“La confianza pública es fundamental para el trabajo policial. Los residentes tienen derecho a saber quién está haciendo cumplir la ley en sus comunidades”, sostuvo la gobernadora al anunciar la acción judicial.
Por su parte, James argumentó que la falta de identificación visible por parte de algunos agentes federales durante operativos migratorios genera incertidumbre entre la población y dificulta la supervisión de posibles abusos.
El argumento constitucional del estado
La controversia se intensificó después de que el gobierno federal señalara que considera ilegales varias de las disposiciones aprobadas por Nueva York y anticipara acciones para impedir su implementación. Las autoridades estatales sostienen que la Administración Trump pretende interferir con facultades reservadas a los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que reconoce competencias estatales en asuntos no delegados expresamente al gobierno federal.
La demanda solicita a la corte federal una declaración que confirme la validez de las nuevas leyes y una orden que impida al gobierno federal bloquear su aplicación. El conflicto se produce en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la Casa Blanca y de las tensiones crecientes entre estados gobernados por demócratas y la administración republicana en torno a los operativos de control migratorio.
De prosperar el litigio, el caso podría convertirse en una nueva referencia judicial sobre los límites de la cooperación entre autoridades locales y federales en materia de inmigración, así como sobre las facultades de los estados para regular la conducta de los agentes que operan dentro de sus territorios.
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