TAHO 2.0: celebran en Los Ángeles primera demanda contra el acoso a inquilinos

Familias latinas que viven en un complejo de apartamentos y sus defensores celebraron que la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein-Soto, haya interpuesto una demanda contra el propietario, Femi G. Olanipekun, por presunto acoso a los inquilinos en su esfuerzo por obtener rentas más altas.

La demanda describe que cuatro de las ocho unidades del complejo se ubican en el 4301-4303 ½ de Woodlawn Avenue y las otras cuatro en el 120 de East 43rd Street. El inmueble en cuestión se encuentra en la esquina de Woodlawn y East 43rd, y consta de dos estructuras separadas, donde hubo una manifestación pública de inquilinos amedrentados por el dueño de la propiedad.

Según la denuncia, Olanipekun adquirió la propiedad el 29 de octubre de 2025 y, tan solo cinco días más tarde, exigió a todos los inquilinos que desalojaran sus unidades a más tardar en marzo de 2026. El propietario notificó por escrito el desalojo de “al menos cinco unidades de alquiler”.

¿Qué pasaría si el edificio se incendia? De todas maneras los inquilinos se tenían que ir, según las presuntas amenazas de Olanipekun.

A pesar del pretendido aumento de la renta, la propiedad está sujeta a las protecciones de alquiler establecidas en la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de la ciudad (RSO), la cual protege a los renteros de aumentos excesivos del alquiler frente a desalojos arbitrarios.

“Para proteger a los inquilinos de desalojos arbitrarios destinados a eludir las disposiciones de control de alquileres de la RSO, dicha ordenanza prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos sin una causa justificada”, explica la demanda.

Añade que los avisos de desalojo emitidos por el demandado no indicaban una causa justificada. Por consiguiente, cuando se presentaron los avisos ante el LAHD (Departamento de Vivienda de Los Ángeles), tal como exige la RSO, el organismo determinó que dichos avisos no eran válidos”.

Además, según lo estipulado por la Ordenanza de Estabilización de Alquileres, los propietarios solo pueden aumentar el alquiler a los inquilinos actuales una vez al año y los incrementos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 estaban limitados al tres por ciento.

“Cuando el señor agarró (compró) los apartamentos, luego nos quiso subir la renta a un costo muy alto. Yo pago $1,850, tengo una bebé discapacitada y no podría pagar más”, dijo Carolina Contreras. “A mí no me ha acosado verbalmente ese señor, pero ya nos llegó la demanda de desalojo”.

Unidos y organizados para la batalla

La demanda fue resultado de la organización de las familias para pelear por sus derechos, con el respaldo de organizaciones defensoras de los inquilinos, abogados y la intervención de funcionarios públicos como la concejala Nithya Raman (Distrito 4), quien es candidata a la alcaldía de Los Ángeles.

“Durante mucho tiempo la política en el Ayuntamiento de Los Ángeles estuvo financiada por los propietarios y los grandes intereses inmobiliarios”, declaró Raman a La Opinión. “Pero mi campaña no se financió a través de ellos. Mi apoyo político provino de la gente, así que siempre les responderé. Quienes votaron por mí eran inquilinos, personas con recursos limitados, pero que querían que la ciudad hiciera más por ellos”.

Durante la reunión se abordó la exitosa implementación de la Ordenanza contra el Acoso a Inquilinos (TAHO) en Los Ángeles, la cual fue reforzada en 2024 y que protege a los inquilinos de la ciudad contra el acoso ilegal por parte de los dueños de vivienda.

“El lenguaje de la ley era muy débil, pero seis años después de la lucha pudimos lograr que la ley fuera más fuerte contra el acoso a inquilinos”, señaló Nancy Villanueva, organizadora de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE). “Lo logramos, gracias al fuerte liderazgo de la concejala Nithya Raman y ahora estamos viendo los frutos”.

La normativa prohíbe a los propietarios o administradores de inmuebles omitir reparaciones, eliminar servicios de la vivienda (como estacionamiento o lavandería), ingresar a la unidad sin previo aviso o amenazar a los inquilinos. Los propietarios pueden enfrentar sanciones civiles de hasta $10,000 por cada infracción.

“La eficacia de una ley depende de su aplicación, y la ejecución de la ordenanza TAHO por parte de la ciudad de Los Ángeles ha sido deficiente desde 2021”, dijo la abogada Faiza Malik, de Public Counsel, a La Opinión.

De acuerdo con la abogada, se han presentado más de 24,000 denuncias por acoso a inquilinos ante la ciudad, sin que la oficina de la fiscal de la ciudad, Feldstein- Soto, hubiera tomado medidas de ejecución hasta la fecha.

Sin embargo, acciones como la demanda contra Femi G. Olanipekun “tiene fuerza real para entender que infringir las normativas locales conlleva consecuencias”, agregó la abogada, quien contó la historia de un dueño de vivienda que tapó una puerta con yeso para que el inquilino no pudiera entrar.

“No debería permitirse este tipo de comportamiento, es algo que debe ser sancionado”, expresó.
Olanipekun, el propietario del complejo, no respondió a llamadas de La Opinión.

Además de los cánticos de “Cuando luchamos, ganamos” y “El pueblo unido, jamás será vencido”, Eva García, miembro del Colectivo Poder Comunitario (CPC), dirigió a los manifestantes para entonar una versión arreglada del “Cielito Lindo”, la popular canción mexicana: “De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando, un grupo de inquilinos que por vivienda andan luchando… Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se gana vivienda digna y los corazones”.

“La presentación de la demanda advierte a los propietarios de toda la ciudad de que deberán rendir cuentas si infringen la ley al acosar a sus inquilinos”, señaló la abogada Malik, al tiempo que elogió a la fiscal de la ciudad por presentar el caso legal para que se cumpla la ordenanza.

“Inicio de una nueva era”

Erin Joslin, abogada del California Center for Movement Legal Services (Movement Legal), que surgió como departamento jurídico bajo el auspicio ACCE, expuso que los casos de acoso en el sur centro de Los Ángeles no son aislados.

“Me alegra ver que la ciudad ha presentado su primera demanda por acoso a inquilinos. Necesitamos que se presenten decenas de casos como este para demostrar a los inquilinos de Los Ángeles que no están solos. No tienen que librar esta batalla por su cuenta, y debemos demostrar a los propietarios de Los Ángeles que no pueden actuar con impunidad; que si infringen la ley habrá consecuencias”.

Por eso, con la demanda, dijo que esperaría que el mensaje que reciban los inquilinos sea que la ciudad está de su parte y que se debe exigir responsabilidad a los propietarios de vivienda cuando cortan los servicios básicos, se niegan a aceptar el pago del alquiler, cuando sueltan sus perros en los patios, amenazan con llamar a ICE o cuando se niegan a hacer reparaciones.

“Espero que este caso [de la calle 43 y Woodlawn Avenue] marque el comienzo de una nueva era en Los Ángeles, una en la que, cuando un propietario infrinja la ley, sienta temor porque la ciudad irá tras él”, dijo, y animó a los inquilinos a documentar con fotos y videos cualquier comportamiento ilegal y presentar una queja ante el Departamento de Vivienda de Los Ángeles.

Temor fue lo que vivió Herminia Rodríguez, quien vive en el edificio 4303 ½ de Woodlawn Avenue.
“Hace tres meses, el señor vino a hostigarme; quería que me deshiciera de mis dos perros o los sacara…

Un día les abrió la puerta, se fueron mis animalitos y mi perrita nunca regresó”, relató Rodríguez.
La abogada explicó que cuando la fiscalía de la ciudad de Los Ángeles presenta un caso, generalmente solicita medidas cautelares y daños punitivos; por lo tanto, las consecuencias principales serán las multas.

“Creo que estas oscilan entre los $600,000 y los 1.2 millones de dólares, incluyendo el reembolso a los inquilinos por cobros ilegales y la imposición de medidas para impedir que sigan obteniendo ganancias de esta manera”, informó la abogada cuyo trabajo se centra en el sector de las organizaciones sin fines de lucro.

¿Qué es la ley TAHO 2.0?

Gracias a las regulaciones más estrictas de la Tenant Anti-Harassment Ordinance (TAHO/Ordenanza Contra el acoso a Inquilinos) 2.0, quienes alquilan una vivienda tienen la facultad de emprender acciones legales directas contra propietarios que incurran en abusos. Entre las conductas prohibidas para los propietarios se incluyen:

• No mantener la propiedad: retrasar intencionalmente las reparaciones necesarias para la habitabilidad (por ejemplo, problemas de plomería o problemas de calefacción).

• Eliminar servicios: retirar unilateralmente espacios de estacionamiento, áreas de almacenamiento o servicios públicos incluidos en el contrato de arrendamiento.

• Intimidación y privacidad: amenazar con causar daño físico, contactar o amenazar al inquilino en relación con su estatus migratorio o de ciudadanía, o ingresar a la unidad de manera excesiva y sin el aviso adecuado.

• Coacción para el desalojo: presionar a los inquilinos para que se muden o insistir agresivamente en acuerdos de pago a cambio de la entrega de las llaves (cash-for-keys).