Colorado acusa a empleado de centro migratorio de Aurora por herir a manifestante en protesta
De ser hallado culpable, el trabajador contratado por la empresa privada GEO Group, podría encarar penas que van desde los 5 hasta los 32 años de prisión
El centro de detención de Aurora, gestionado por GEO Group bajo contrato federal, ha sido objeto recurrente de severas críticas por parte de defensores de los derechos civiles y activistas proinmigrantes. Crédito: David Zalubowski/ Archivo | AP
La Fiscalía de Colorado presentó cargos por delitos graves contra un empleado de GEO Group, la empresa privada que administra el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Aurora, luego de que presuntamente disparara contra una manifestante durante una protesta realizada frente a las instalaciones la semana pasada.
El acusado, Brandon Booth, de 42 años, enfrenta un cargo de agresión en primer grado y otro de intento de agresión en primer grado, ambos considerados delitos graves bajo la legislación estatal. De acuerdo con la fiscalía, Booth utilizó un arma de fuego de su propiedad para disparar en dirección a dos mujeres que participaban en una manifestación contra las políticas migratorias del gobierno federal.
El incidente ocurrió cuando un grupo de manifestantes se encontraba en el exterior del centro de detención documentando con fotografías la llegada de empleados a las instalaciones. Según la Policía de Aurora, entre los participantes y trabajadores del centro se produjo una confrontación verbal antes de que Booth descendiera de su vehículo y realizara un disparo.
La bala alcanzó a Emma Landis, de 22 años, quien sufrió una lesión en un pie. Tras el incidente, Booth abandonó el lugar en su automóvil, pero fue localizado y detenido poco después por las autoridades.
Fiscalía presenta cargos mientras continúa la investigación
Los fiscales informaron que el delito de agresión en primer grado puede ser castigado con penas de entre 10 y 32 años de prisión, mientras que el cargo por intento de agresión contempla una sentencia de entre cinco y 16 años. Durante su primera comparecencia ante la corte, Booth no presentó una declaración sobre su culpabilidad. El juez fijó una fianza de 100,000 dólares y programó una nueva audiencia para el próximo 13 de agosto.
Aunque la declaración jurada de arresto elaborada por la Policía de Aurora incluía posibles acusaciones por intento de homicidio, amenazas graves y delitos relacionados con armas de fuego, la Fiscalía optó por no presentar esos cargos en esta etapa del proceso.
Según documentos judiciales citados por medios locales, Booth declaró a los investigadores que su intención era únicamente ahuyentar a los manifestantes porque, según afirmó, le impedían ingresar al centro de procesamiento. También reconoció ante la policía que, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, comprendió que había cometido “una estupidez”.
Las versiones de las víctimas difieren de ese relato y sostienen que el disparo fue dirigido hacia ellas mientras cruzaban la calle tras una serie de intercambios verbales con empleados del centro.
GEO suspende al empleado y persisten críticas al centro de Aurora
Tras el tiroteo, GEO Group confirmó que Booth se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente y anunció su suspensión sin goce de sueldo mientras avanzan las investigaciones. “Tenemos conocimiento de que un empleado del Centro de Procesamiento de ICE de Aurora, que se encontraba fuera de servicio, estuvo involucrado en un tiroteo”, señaló un portavoz de la empresa en un comunicado. “Esta persona ha sido suspendida de sus funciones sin goce de sueldo y cooperaremos plenamente con las autoridades”.
Emma Landis, quien continúa recuperándose de la herida, regresó días después a una protesta frente al mismo centro de detención apoyándose en muletas y con la pierna vendada. “Estábamos en la acera protestando, y se burlaban de nosotros y nos amenazaban. Y cuando cruzábamos la calle, fue entonces cuando me disparó. Jamás pensé que algo así pudiera suceder”, declaró la joven.
El caso ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre los centros de detención migratoria administrados por contratistas privados y después de otros incidentes relacionados con operativos de ICE registrados este año.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes continúan denunciando presuntas deficiencias en las condiciones de detención, atención médica y seguridad dentro de estas instalaciones, incluido el centro de Aurora, que recientemente también enfrentó cuestionamientos tras la confirmación de un caso de tuberculosis.
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