DOJ planea que jueces de inmigración impongan multas por desacato de hasta $3,500 a inmigrantes y sus abogados
La nueva norma que autorizaría castigos por retrasos, inasistencias o "conducta desordenada" busca sembrar miedo en el proceso, según exmagistrados
De acuerdo con el DOJ, "es fundamental que los jueces de inmigración dispongan de todas las herramientas necesarias, incluida la facultad de imponer sanciones”. (Imagen ilustrativa) Crédito: Richard Drew/ Archivo | AP
El Departamento de Justicia (DOJ) propuso una nueva regulación que otorgaría a los jueces de inmigración la facultad de declarar en desacato a abogados, inmigrantes y testigos que incumplan las órdenes emitidas durante los procesos migratorios, una medida que marcaría un cambio significativo en el funcionamiento de las cortes de inmigración y que ya enfrenta cuestionamientos por parte de especialistas en derecho constitucional y organizaciones de defensa de los inmigrantes.
La propuesta, presentada por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), permitiría por primera vez a los jueces imponer sanciones civiles de entre $1,000 y $3,500 dólares a quienes persistan en desobedecer instrucciones del tribunal o alteren el desarrollo de las audiencias.
En el documento publicado en el Registro Federal, el Departamento de Justicia sostiene que la medida busca fortalecer la autoridad de los jueces para conducir los procedimientos de manera eficiente.
“Es fundamental que los jueces de inmigración dispongan de todas las herramientas necesarias, incluida la facultad de imponer sanciones pecuniarias civiles, para controlar los procedimientos que se llevan a cabo ante ellos”, señaló la dependencia. La regulación forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias y acelerar los procesos de deportación.
La propuesta excluye a abogados del gobierno y desata críticas
Uno de los aspectos que más controversia ha generado es que la norma exime de sanciones por desacato a los abogados que representan al gobierno federal, incluidos los del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Departamento de Justicia argumenta que esos funcionarios ya están sujetos a mecanismos disciplinarios internos, como la Oficina del Inspector General y la Oficina de Responsabilidad Profesional, por lo que considera innecesario que los jueces de inmigración puedan sancionarlos.
Sin embargo, organizaciones especializadas consideran que la propuesta crea un sistema desigual. «Al proponer una regulación totalmente sesgada que faculta a los jueces para declarar en desacato únicamente a los abogados de inmigrantes, pero no a los abogados del ICE, la Administración ha demostrado que su objetivo no tiene nada que ver con un estado de derecho justo y equilibrado», afirmó Gregory Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).
Chen añadió que la iniciativa representa “otro intento de atacar a los abogados de inmigración, en consonancia con las tácticas de intimidación del Presidente”.
Expertos cuestionan la constitucionalidad de la medida
La propuesta también ha despertado dudas entre especialistas en derecho, quienes sostienen que los tribunales de inmigración pertenecen al Poder Ejecutivo y operan bajo el Artículo II de la Constitución, por lo que no contarían con la autoridad constitucional para imponer sanciones por desacato, una facultad reservada tradicionalmente a los poderes Judicial y Legislativo.
Para Chen, la regulación es “constitucionalmente defectuosa”. La norma permitiría sancionar conductas como no comparecer reiteradamente a tiempo, desacatar órdenes del tribunal, alterar el orden durante las audiencias o presentar declaraciones falsas.
La iniciativa llega en un momento en que el sistema de tribunales de inmigración enfrenta una carga superior a 3.5 millones de casos pendientes, mientras la EOIR ha perdido cientos de jueces y abogados en los últimos años. De acuerdo con datos citados en la propuesta, durante 2025 la agencia registró la salida de 370 abogados, en tanto numerosos exjueces han denunciado presiones para acelerar deportaciones y limitar la concesión de fianzas.
Karen Donoso Stevens, exjueza de inmigración, advirtió que la medida podría incrementar el clima de presión dentro de las cortes. “Primero, hay que asustar a los jueces. Luego, los jueces asustarán a los abogados”, afirmó. La propuesta permanecerá abierta durante 60 días para recibir comentarios del público antes de que el Departamento de Justicia determine si adopta la regulación de manera definitiva.
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