DHS busca rastrear a inmigrantes fuera de EE.UU. para cobrar multas de hasta $1.8 millones
Documentos revelan que la CBP pretende localizar a deportados en México, Honduras y Guatemala para exigir pagos pendientes
Investigadores privados serían usados para ubicar inmigrantes y recuperar multas reclamadas por el gobierno. Crédito: Yuki Iwamura | AP
La administración del presidente Donald Trump busca ampliar su estrategia de control migratorio más allá de las fronteras de Estados Unidos. De acuerdo con documentos obtenidos por WIRED, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pretende contratar investigadores privados para localizar a inmigrantes deportados en México, Honduras y Guatemala, con el objetivo de entregarles notificaciones de cobro por multas migratorias pendientes.
El programa, denominado Localización y Recuperación de Pagos, tendría un presupuesto de $9 millones para los próximos dos años. Los contratistas deberán verificar domicilios mediante fotografías, recibos de servicios, registros laborales o documentos oficiales y entregar un folleto, en inglés y español, con el detalle de las sanciones económicas que la CBP asegura que los deportados aún adeudan.
Multas de hasta $1.8 millones
Según la información publicada por el medio antes citado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha impuesto más de $84 mil millones en multas a inmigrantes acusados de no abandonar el país tras una orden de expulsión. Las sanciones pueden alcanzar $998 por día durante un máximo de cinco años, lo que ha generado casos con adeudos de hasta $1.8 millones.
Hasan Shafiqullah, abogado de The Legal Aid Society, afirmó que incluso algunas agencias privadas de cobranza agregan hasta $500,000 en cargos administrativos adicionales.
Expertos cuestionan la legalidad del plan
Especialistas en derecho migratorio sostienen que esta medida podría vulnerar el debido proceso y aumentar la presión sobre personas que ya fueron deportadas. Alina Das, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York, calificó la iniciativa como una “escalada significativa” en las tácticas de aplicación migratoria. Por su parte, Charles Moore, abogado de Public Justice, consideró que la estrategia busca desalentar futuras llegadas de inmigrantes a Estados Unidos.
Los documentos también indican que las empresas contratadas recibirán un pago fijo por cada persona localizada y bonificaciones si entregan rápidamente la notificación. El dinero recuperado sería destinado a un fondo federal para financiar acciones de identificación, detención y deportación de inmigrantes.
Hasta el momento, ni el DHS ni las cancillerías de México, Guatemala y Honduras habían emitido una postura sobre el programa, de acuerdo con WIRED.
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