Florida tiene una base de datos migratoria con más de 30,000 registros: incluye menores y personas sin antecedentes

Una base de datos administrada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) acumula más de 30,000 registros de encuentros de policías con personas a las que los agentes sospechan de estar en Estados Unidos sin autorización, y una investigación reveló que entre ellas aparecen cientos de menores y miles de personas sin antecedentes criminales conocidos.

El sistema recoge información personal durante encuentros cotidianos con las fuerzas de seguridad, que pueden comenzar, por ejemplo, con una parada de tránsito. Los datos pueden incluir nombre, fotografía, domicilio, número telefónico, empleador e información sobre el vehículo, según una investigación conjunta de WGCU, Suncoast Searchlight y Florida Trident publicada este viernes 14 de agosto.

El propio FDLE confirma públicamente la existencia del “Suspected Unauthorized Alien Encounters Dashboard”, o Panel de Encuentros con Presuntos Extranjeros No Autorizados, dependiente de la Junta Estatal de Aplicación de Inmigración de Florida.

Cómo funciona la base de datos migratoria de Florida

El sistema comenzó a operar en agosto de 2025, en momentos en que Florida ampliaba la participación de las policías estatales y locales en la aplicación de las leyes migratorias.

Su finalidad es que las agencias policiales registren los llamados “suspected unauthorized alien encounters”, es decir, encuentros con personas que los agentes sospechan que podrían estar en el país sin autorización migratoria.

Según la investigación, cuando un oficial realiza uno de estos reportes puede incorporar:

• Nombre y fotografía.
• Domicilio.
• Número de teléfono.
• Empleador.
• Marca y modelo del vehículo.
• Lugar donde ocurrió el encuentro.
• País de ciudadanía informado.
• Si la persona fue arrestada y si se contactó a ICE.

El análisis periodístico encontró que los registros pueden ingresar al sistema sin una revisión previa de un supervisor. El formulario utilizado por los agentes establece como estándar la “sospecha razonable” de que una persona pudiera carecer de autorización para permanecer en Estados Unidos.

Cientos de menores aparecen entre los registros

Uno de los hallazgos más llamativos es la presencia de cientos de menores de edad. Los periodistas analizaron más de 10,000 reportes individuales correspondientes a aproximadamente cuatro meses y medio y encontraron además casos en los que las autoridades no habían logrado verificar información básica sobre la ciudadanía de las personas incorporadas al sistema.

En más del 40% de los casos examinados, los agentes señalaron que no habían confirmado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la ciudadanía de la persona antes de que sus datos fueran registrados, de acuerdo con la investigación.

Los abogados consultados por los medios que realizaron el trabajo advirtieron que esta circunstancia puede hacer que sean incorporadas personas que en realidad tengan algún tipo de estatus migratorio legal.

Más del 80% no tenía antecedentes criminales conocidos

La investigación también encontró una diferencia importante entre la base y el argumento de que los esfuerzos migratorios se concentran exclusivamente en extranjeros con antecedentes graves. Más del 80% de las personas correspondientes a los encuentros revisados no tenía antecedentes criminales conocidos, según el análisis.

Entre los ejemplos documentados aparecen trabajadores de jardinería y construcción, así como una abuela nicaragüense de 52 años empleada en una compañía de pintura. Los registros policiales examinados no señalaban condenas anteriores para esas personas.

Aproximadamente 9 de cada 10 personas registradas eran hombres, principalmente en edad laboral.

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Un haitiano con TPS terminó dentro del sistema

La investigación reconstruyó también el caso de Jean Gustave, un haitiano de 45 años detenido inicialmente por un agente del condado de Manatee por una presunta infracción relacionada con la matrícula de su vehículo.

En ese momento, Gustave tenía Estatus de Protección Temporal (TPS). El agente no terminó acusándolo ni arrestándolo por la supuesta infracción. Sin embargo, durante el procedimiento, las autoridades le tomaron una fotografía, recopilaron información personal y la incorporaron al sistema del FDLE.

El caso ilustra una de las principales inquietudes planteadas por abogados especializados en inmigración y derechos civiles: figurar en la base no significa necesariamente que una persona haya cometido un delito ni que su situación migratoria irregular haya sido confirmada.

¿Qué hace Florida con esa información?

Esta sigue siendo una de las principales preguntas sin respuesta. Los periodistas señalaron que funcionarios de Florida no respondieron sus consultas sobre cuánto tiempo conserva el estado la información, exactamente cómo se utiliza y con qué organismos se comparte.

ICE remitió las preguntas al FDLE y este último tampoco respondió a las solicitudes de entrevista sobre esos aspectos, según WGCU.

El tablero público tampoco permite conocer el resultado final de cada caso. Por ejemplo, no muestra si una persona incluida posteriormente fue deportada, y tampoco contiene los operativos realizados exclusivamente por ICE sin intervención de fuerzas policiales de Florida.

Florida amplió el papel de la policía local en inmigración

El sistema forma parte de una política más amplia del estado para involucrar a sus agencias policiales en tareas relacionadas con inmigración. La State Board of Immigration Enforcement funciona dentro del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y está integrada por el gobernador y miembros del gabinete estatal. El sitio oficial del FDLE mantiene además el panel de “encuentros con presuntos extranjeros no autorizados”.

Parte de este despliegue se vincula con los acuerdos 287(g) con ICE, mediante los cuales determinados agentes estatales y locales reciben capacitación y autorización federal para realizar funciones migratorias específicas.

Sin embargo, la investigación advierte que la recopilación de información puede producirse en encuentros cotidianos mucho antes de que exista una orden de deportación o una acusación penal.

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