Trump lleva a la Corte Suprema su batalla por el salón de baile de $400 millones
La Casa Blanca busca evitar el freno judicial al proyecto mientras crecen las dudas sobre su legalidad, costo y financiamiento
Las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca avanzan mientras la administración Trump lleva la disputa legal hasta la Corte Suprema. Crédito: Tierney L. Cross | AP
La administración de Donald Trump recurrió a la Corte Suprema para intentar mantener en marcha la construcción del polémico salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto valuado actualmente en $400 millones que enfrenta una batalla legal por la falta de autorización del Congreso.
El gobierno presentó este viernes una solicitud de emergencia ante los magistrados para suspender la orden que frena parte de las obras sobre el terreno. La medida está prevista para entrar en vigor el 21 de agosto, por lo que la Casa Blanca busca una respuesta antes de esa fecha, reportó AP.
La Casa Blanca argumenta razones de seguridad
El procurador general John Sauer calificó la decisión de los tribunales inferiores como “extraordinaria e ilegal” y sostuvo que detener las obras podría comprometer la seguridad del presidente, su familia y los visitantes del complejo presidencial.
En su argumento, el gobierno también hizo referencia a recientes amenazas contra Trump. La administración sostiene que el nuevo complejo incorpora infraestructura destinada a reforzar la protección de la Casa Blanca y que detener el proyecto cuando ya está avanzado provocaría riesgos adicionales.
De acuerdo con la petición presentada ante la Corte Suprema, la construcción lleva aproximadamente 65% de avance y ya se habrían gastado o comprometido unos $200 millones. La agencia confirmó el porcentaje de avance y señaló que las obras llevan alrededor de 10 meses.
El gobierno sostiene además que el proyecto marcha “a tiempo” y “por debajo del presupuesto”, y mantiene que el salón de baile será financiado con aportaciones privadas.
El Congreso, en el centro de la disputa
El conflicto comenzó después de que el National Trust for Historic Preservation demandara al gobierno por la demolición del East Wing y la construcción del nuevo espacio.
Un tribunal federal determinó que Trump no tenía autoridad suficiente para realizar una modificación de esa magnitud sin autorización del Congreso. Posteriormente, una corte federal de apelaciones confirmó la decisión por una votación de 2-1.
El National Trust ha defendido que el proyecto puede realizarse, pero dentro del marco legal. Su presidenta, Carol Quillen, sostuvo anteriormente que construir el salón de manera legal requiere autorización del Congreso.
La Casa Blanca, sin embargo, insiste en que los presidentes tienen facultades históricas para modificar y mantener la residencia ejecutiva.
La Corte Suprema deberá decidir ahora si permite que las obras continúen mientras se resuelve el fondo del litigio.
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