Rusia impone “muerte cívica” a críticos del Gobierno en el extranjero
La ONU advierte que la nueva legislación rusa podría convertirse en una herramienta de “represión transnacional” contra opositores
La medida contempla restricciones sobre bienes, cuentas bancarias, trámites consulares y otros servicios. Crédito: Alexander Kazakov | AP
Rusia aprobó una nueva ley que permitirá imponer restricciones a ciudadanos rusos que viven en el extranjero y que tengan condenas penales pendientes o hayan sido sancionados por faltas administrativas relacionadas con las leyes sobre “agentes extranjeros”, “organizaciones indeseables” o críticas a las Fuerzas Armadas. La medida podría afectar a opositores, periodistas, activistas y personas que se han pronunciado contra la guerra en Ucrania.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Rusia, Mariana Katzarova, advirtió que la legislación puede convertirse en una nueva herramienta de presión contra los rusos en el exilio. En su valoración, las consecuencias pueden equivaler a una “muerte cívica” para quienes sean incluidos en el registro oficial.
La nueva legislación fue firmada por el presidente Vladimir Putin y establece “medidas restrictivas temporales” para personas que se encuentren fuera de Rusia y que, según las autoridades, estén evadiendo el cumplimiento de una sanción.
El Ministerio de Justicia será responsable de mantener una lista pública de los ciudadanos rusos en el extranjero que tengan condenas penales pendientes o hayan recibido determinadas sanciones administrativas.
Sin pasaporte ni acceso bancario
Las personas incluidas en el registro podrán enfrentar hasta 14 categorías de restricciones. Entre ellas están el congelamiento de cuentas y propiedades, la suspensión de licencias y acreditaciones, la anulación de firmas electrónicas y la pérdida de acceso a servicios digitales del Estado.
Las medidas también pueden afectar trámites personales. Las autoridades podrán restringir la expedición y renovación de pasaportes, así como el registro de matrimonios y cambios de nombre.
También habrá limitaciones para conducir y registrar vehículos, realizar operaciones inmobiliarias, efectuar trámites notariales, otorgar poderes, obtener créditos, trabajar por cuenta propia y acceder de forma remota a servicios bancarios.
Aunque el Gobierno ruso presenta la legislación como un mecanismo para garantizar “la inevitabilidad del castigo”, Katzarova advirtió que puede utilizarse contra personas sancionadas por normas que han sido empleadas para perseguir la disidencia.
Entre ellas están las leyes sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables”, así como las disposiciones contra la “desacreditación de las Fuerzas Armadas” y la difusión de lo que las autoridades califican como “noticias falsas” sobre el Ejército.
Una herramienta contra la disidencia
Según Katzarova, los tribunales rusos han utilizado estas disposiciones desde 2022 para castigar a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contra la guerra.
La relatora también expresó preocupación por la falta de garantías para quienes sean incluidos en la lista. Ningún tribunal decidirá su incorporación y las personas afectadas no tendrán que ser notificadas ni escuchadas antes de que se apliquen las restricciones.
Además, aunque la ley define las medidas como “temporales”, no establece un plazo máximo para mantenerlas.
La organización Human Rights Watch había advertido en mayo sobre el proyecto de ley y señaló que podía convertirse en una “ley de muerte cívica” para los críticos del Kremlin que viven fuera de Rusia.
Amnistía Internacional también cuestionó la iniciativa. Marie Struthers, directora de la organización para Europa Oriental y Asia Central, afirmó: “Esta legislación es un terrible intento de castigar a personas que se han ido de Rusia pero siguen criticando a sus autoridades”.
La nueva normativa amplía así la presión sobre los rusos que abandonaron el país, pero que continúan expresando críticas al Gobierno de Vladimir Putin.
Presión más allá de las fronteras
Katzarova consideró que la ley representa una forma de “severa represión transnacional” y pidió a otros países que protejan a los ciudadanos rusos que puedan estar en riesgo.
La experta de Naciones Unidas pidió a Moscú derogar la legislación y anular las condenas dictadas en ausencia en casos políticamente motivados.
También llamó a los países que reciben a ciudadanos rusos perseguidos a garantizar que puedan obtener y renovar documentos de identidad y viaje, regularizar su residencia, trabajar y mantener sus cuentas bancarias.
“La protección plena de los críticos del Gobierno, los defensores de derechos humanos y las voces contra la guerra en el exilio es fundamental para la supervivencia de la sociedad civil rusa”, afirmó Katzarova.
La nueva legislación convierte trámites cotidianos, como renovar un pasaporte, acceder a una cuenta bancaria o realizar una operación inmobiliaria, en posibles instrumentos de presión contra ciudadanos rusos que se encuentran fuera del país.
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