¿Los estados y las localidades tienen la obligación de cooperar con ICE?
La responsabilidad de los gobiernos locales y estatales de asistir en el control migratorio federal está regida, en su mayoría, por leyes locales y estatales
ICE ha ampliado sus acuerdos 287(g) con gobierno locales y estatales. Crédito: Ryan Murphy - Archivo | AP
Las encuestas demuestran que la mayoría de la población estadounidense desaprueba la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) está realizando su trabajo, e incluso está indignada por la ola de arrestos de inmigración llevados a cabo en el todo el país y los múltiples asesinatos cometidos por los agentes federales de inmigración.
En muchos sitios, la ciudadanía se opone a que sus funcionarios locales y estatales cooperen con las autoridades migratorias. Y muchos líderes policiales locales argumentan que, cuando la policía coopera en operaciones federales de control migratorio, se menoscaba la seguridad pública, porque se les quita recursos que deberían estar destinados a las prioridades locales y se erosiona la confianza de las comunidades en las autoridades policiales.
La administración Trump ha afirmado una y otra vez que los estados y las localidades tienen la obligación legal de cooperar con los esfuerzos federales de control migratorio. También ha advertido que las leyes locales y estatales que limitan la cooperación con ICE serán aplacadas con rigor.
Pero, en general, los estados y las localidades tienen la facultad de decidir si desean o no que sus funcionarios cooperen en el control migratorio federal y cómo hacerlo. En este informe, se explican las cuestiones legales en torno a estas decisiones.
¿Las leyes federales obligan a los estados y las localidades a cooperar con ICE?
No hay ninguna ley federal que obligue a los estados y las localidades a cooperar con ICE. En realidad, son las leyes estatales las que suelen regir sobre la magnitud de su cooperación.
Pero, cuando las leyes federales no indican nada en concreto, son los funcionarios locales y estatales quienes tienen la libertad de gestionar sus propias operaciones policíacas para satisfacer las necesidades de sus comunidades. Ello significa que pueden decidir si desean recolectar información sobre el estatus migratorio de las personas, cuánta información desean compartir con ICE, si es que quieren hacerlo, y si van a cumplir con los pedidos de ICE de mantener a las personas detenidas hasta que los agentes federales puedan trasladarlas a un centro de detención federal.
Toda jurisdicción que desee colaborar puede firmar un acuerdo mediante el cual autoriza a sus funcionarios y oficiales a llevar a cabo todo tipo de actividades de control migratorio.
¿Puede el gobierno federal obligar a los estados y las localidades a implementar políticas de cooperación en materia de inmigración?
No. En nuestro sistema federal, los gobiernos estatales y el gobierno federal tienen sus propias fuentes independientes de autoridad y facultades para formular y hacer cumplir las leyes dentro de sus esferas de aplicación.
La Cláusula de Supremacía de la Constitución estipula que, si existe una ley federal válida, esta predomina sobre cualquier ley estatal que la contradiga. Pero las facultades del gobierno federal son limitadas: la Décima Enmienda confirma que son los estados (y el pueblo) quienes retienen todas las facultades que la Constitución no le concede explícitamente al gobierno federal. Esta retención de facultades se ha interpretado como una prohibición que le impide al gobierno federal “apoderarse” de la formulación de políticas estatales.
Dicho de otro modo, el gobierno federal “no puede decirles a los estados qué políticas implementar con respecto a un tema en particular”, explica Steve Vladeck, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown. “Tampoco puede obligar a las autoridades policiales locales o estatales a hacer cumplir una ley federal”.
Esto significa que, al igual que para todos, los gobiernos locales y estatales no pueden violar las leyes federales y que existen ciertas leyes federales generales que pueden aplicarse a nivel estatal y local en el contexto migratorio. Por ejemplo, las leyes federales prohíben obstruir el desarrollo de los procedimientos federales.
Hace poco, una jueza en Wisconsin fue condenada por obstrucción después de que le indicó a una persona buscada por ICE que saliera del tribunal por una salida de acceso restringido. Pero no hay ninguna ley federal que obligue a los estados y las localidades a cooperar con ICE u otros agentes federales. Si la hubiera, es casi seguro que violaría la Décima Enmienda.
Hay una ley federal específicamente vinculada a las cuestiones migratorias que busca regir la formulación de las políticas locales y estatales: la Sección 1373 del Título 8 del Código de los Estados Unidos prohíbe a los estados y las localidades a promulgar leyes que les impidan a sus funcionarios compartir el estatus migratorio de una persona con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), del que depende ICE.
Pero el alcance de la Sección 1373 es muy limitado; la restricción sobre la promulgación de leyes que impidan el intercambio de un solo tipo de información no obliga a los estados o localidades a compartir información con las autoridades migratorias ni a cooperar con ellas de otras formas.
¿Cómo los tribunales se han pronunciado en las disputas sobre la cooperación local con las autoridades migratorias federales?
La Décima Enmienda, que desde siempre la han utilizado los conservadores para respaldar sus argumentos a favor de limitar el poder del gobierno federal, ha sido usada por la Corte Suprema de EE. UU. como base para revocar las leyes federales en materia del medioambiente y del control de armas de fuego. Pero la Corte Suprema aún no ha pronunciado una decisión definitiva sobre la forma en que la Décima Enmienda deba aplicarse con respecto a la cooperación local y estatal en el control migratorio federal.
Varios tribunales federales de primera instancia han dictado que la Sección 1373, la disposición legal que prohíbe promulgar leyes locales y estatales que limiten el intercambio de información con ICE con respecto al estatus migratorio de las personas, viola la Décima Enmienda. La Sección 1373 “regula a las entidades, funcionarios y oficiales de los gobiernos locales y estatales, lo cual invalida [su] constitucionalidad”, afirmó un juez federal en Pensilvania en 2018.
Si bien la constitucionalidad de la Sección 1373 no está totalmente resuelta, casi todos los tribunales federales de apelaciones están de acuerdo en un aspecto: el gobierno federal no puede exigir el cumplimiento de la Sección 1373 como condición para otorgar fondos federales. Una orden ejecutiva del presidente Trump durante su primer mandato intentó hacer justamente eso y fue anulada por cuatro de los cinco tribunales de circuito que la consideraron.
Según estos tribunales, la administración no tenía la autoridad conferida por la ley de imponer condiciones relacionadas con el control migratorio en la entrega de los subsidios en cuestión. Solo el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito interpretó que la ley de concesión de subsidios autorizaba ese condicionamiento.
Por otra parte, el gobierno federal ha presentado numerosas demandas en contra de las leyes locales y estatales que restringen la cooperación con las agencias federales de control migratorio. Estos casos siguen pendientes, pero la mayoría de los dictámenes preliminares les han dado la razón a los gobiernos locales y estatales que invocaron la Décima Enmienda para justificar sus políticas.
El mes pasado, un juez federal rechazó la demanda de la administración contra las políticas “santuario” de Minnesota y confirmó que el estado tiene el derecho de “negarse a ayudar” a ICE.
Los estados y las localidades también están presentando litigios de acción afirmativa conforme a la Décima Enmienda en contra de las medidas federales de control migratorio. Después de que agentes de ICE asesinaron a Renee Good y Alexander Pretti en Mineápolis y dejaron gravemente herido a Alberto Castañeda Mondragón, Minesota y las ciudades de Mineápolis y St. Paul presentaron una demanda en la que argumentaron que las redadas de inmigración de la administración fueron un intento de obligarlas a adoptar prioridades políticas federales con las que se habrían apoderado de los recursos de las fuerzas policiales locales y estatales.
Debido a la naturaleza sin precedentes de los argumentos presentados en el caso, una jueza federal se negó a bloquear temporalmente el despliegue de ICE, aunque sí recalcó que su orden no señalaba la victoria definitiva del gobierno federal en la demanda.
¿Cuánta información los estados y las localidades deben compartir con ICE?
Además de la limitada restricción de la Sección 1373, los estados y las localidades tienen una importante flexibilidad a la hora de formular sus propias políticas en torno a la cooperación de sus autoridades policiales con ICE, incluso en la recopilación y el intercambio de información. Algunas jurisdicciones, como Oregón e Illinois, han aprobado leyes que le impiden a la policía pedir o recolectar información sobre el estatus migratorio de las personas.
Quienes apoyan estas leyes señalan que ayudan a fomentar la confianza de la comunidad, que resulta necesaria para propiciar la seguridad pública, y le permiten a la policía usar sus recursos para combatir los delitos violentos, en lugar de hacer cumplir leyes federales de inmigración.
Los estados y las localidades también pueden decidir cuándo y si quieren compartir información con las agencias federales. Por lo general, la policía local suele compartir información básica con el gobierno federal cuando arresta a una persona, más allá de su condición de ciudadanía, aun cuando no está obligada a hacerlo por ley. Esta información está a disposición del DHS para efectos de control migratorio.
Esta práctica de intercambio de información comenzó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre a través del programa Comunidades Seguras, diseñado para priorizar la deportación de personas ya que se encuentran detenidas por la policía.
Si bien el programa ya no existe con ese nombre, la estructura básica continúa en pie: las agencias policiales estatales y locales, que no tienen bases de datos biométricos exhaustivos, envían las huellas dactilares al FBI, que las verifica en su completísimo sistema de Identificación de Próxima Generación para su identificación y la determinación de antecedentes penales.
En un proceso que no involucra a las localidades, el FBI le remite esas huellas dactilares y otros datos identificatorios al DHS. El sistema de comunicación entre el FBI y el DHS, denominado interoperabilidad, le brinda a ICE muchísima información sobre las personas inmigrantes —como fechas y lugares de nacimiento, fotografías y estatus migratorio—, incluso en las jurisdicciones llamadas santuario.
Hay otras estructuras de cooperación entre los estados y el gobierno federal, como los centros de fusión, que también le han proporcionado al DHS acceso a una enorme cantidad de datos recolectados por las autoridades policiales locales y estatales.
¿Los estados y las localidades tienen la obligación de cumplir con los pedidos de ICE con respecto a las personas que están bajo su custodia?
No. Los estados y las localidades tienen una amplia libertad de decidir si desean cumplir con los pedidos de ICE de notificarle a la agencia antes de poner en libertad a una persona detenida en instalaciones locales o estatales o mantenerla detenida hasta dos días más para que los agentes federales puedan encargarse de su detención. Estos pedidos se conocen con el nombre de solicitudes de detención de inmigración.
Históricamente, la mayoría de las personas detenidas por ICE han sido trasladadas directamente desde las cárceles locales, a menudo mediante el uso de las órdenes de detención migratorias. Pero los funcionarios penitenciarios o carcelarios que se niegan a cumplir con una solicitud de detención de inmigración no están violando las leyes federales.
Varios tribunales federales y estatales han dictaminado una y otra vez que las agencias policiales locales no tienen por qué cumplir con las solicitudes de detención cuando no existe una ley estatal que los obligue a hacerlo.
Por ejemplo, en el caso Galarza v. Szalczyk, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Tercer Circuito dictaminó que “las solicitudes de detención de inmigración no obligan ni pueden obligar a una agencia policial estatal ni local a detener a personas presuntamente extranjeras sujetas a un proceso de deportación”.
Según el tribunal, esta conclusión se basó en aspectos “de derecho constitucional ya establecidos”, como los principios de la Décima Enmienda que prohíben el apoderamiento de recursos. “Básicamente, el gobierno federal no puede apoderarse de las agencias gubernamentales de los estados para encarcelar a personas de interés para los organismos federales”, explicó el tribunal.
Las solicitudes de detención de inmigración también hacen sonar ciertas alarmas en virtud de la Cuarta Enmienda, que garantiza “el derecho del pueblo de tener seguridad sobre su persona, su vivienda, sus papeles y sus efectos, contra todo registro e incautación no razonable”. Mantener a alguien bajo custodia más allá del plazo de su sentencia se considera una nueva incautación, que, por lo general, requiere una orden judicial basada en una causa probable y emitida por un actor judicial neutro.
En 2013, el ciudadano estadounidense Gerardo Gonzalez, en representación de una clase de personas que fueron objeto de solicitudes de detención de inmigración, demandó a ICE por violaciones a la Cuarta Enmienda después de que había sido detenido por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles a raíz de una solicitud de detención de inmigración emitida bajo la incorrecta premisa de que había entrado al país ilegalmente.
En 2024, el DHS firmó un acuerdo judicial mediante el cual se obligaba a realizar una revisión neutral de causa probable de todas las solicitudes de detención, por parte del personal federal “empleado por el DHS”, “con una fuerte preferencia” por revisores que tengan experiencia legal pertinente, “preferentemente como juez de inmigración, juez de apelación de inmigración o juez de derecho administrativo”.
Aun así, debido en parte a los interrogantes pendientes sobre la constitucionalidad de la práctica, algunos estados —como California, Colorado, Connecticut, Illinois y Oregón— han adoptado leyes que prohíben un cumplimiento incondicional de las solicitudes de detención de ICE.
Mientras tanto, algunos tribunales en Massachusetts y Nueva York les han prohibido a las autoridades policiales locales cumplir con estas solicitudes de detención, ya que interpretaron que la ley estatal prohíbe este tipo de cooperación. Muchas de estas clases de leyes incluyen excepciones para personas condenadas por delitos graves o violentos.
California, por ejemplo, prohíbe mantener detenida a una persona inmigrante pasado el plazo de su sentencia en el caso de una solicitud de detención civil de ICE, pero obliga a los centros correccionales a cooperar con el DHS para trasladar la custodia de personas inmigrantes indocumentadas condenadas por delitos mayores. De hecho, un reciente análisis del New York Times determinó que incluso los estados que prohíben cooperar con ICE suelen facilitar el traslado de las personas condenadas por delitos graves a la agencia migratoria.
Por otro lado, algunos estados —como Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Carolina del Norte, Tennessee y Texas— han promulgado leyes que obligan a las autoridades policiales locales a cumplir con las solicitudes de detención de ICE. En los casos en que las leyes estatales no indican el cumplimiento de manera explícita con las solicitudes de detención de inmigración, las jurisdicciones locales pueden decidir si desean cooperar o no.
¿Qué es un acuerdo 287(g)?
Los gobiernos locales y estatales pueden decidir firmar un acuerdo 287(g) —llamado así por la sección de la ley federal de inmigración que lo autoriza— para delegar distintos deberes de control migratorio a las autoridades locales y estatales. Sin embargo, la ley federal es clara cuando afirma que ninguna jurisdicción local ni estatal está obligada a firmar este tipo de acuerdos.
Algunos estados, como Georgia y Tennessee, han aprobado leyes que obligan a sus localidades a firmar estos acuerdos 287(g), mientras que otros estados, como Illinois y Nueva York, han promulgado leyes que se los prohíben. Cuando la ley estatal no dice nada al respecto, la decisión de firmar un acuerdo 287(g) recae sobre el gobierno local.
Hay tres tipos de acuerdos 287(g), categorizados según el nivel de apoyo que brinda la localidad. El modelo de notificación de una orden es el que proporciona el menor nivel de apoyo, ya que le da a la policía local solamente el poder de notificar y ejecutar órdenes administrativas contra las personas no ciudadanas aún detenidas en una cárcel local; y, de esta forma, se elimina la necesidad de que el DHS tenga que emitir una solitud de detención.
El modelo de encarcelamiento autoriza a la policía local y estatal a realizar toda la gama de acciones de control migratorio, como interrogar a la persona para determinar su estatus migratorio o facilitar su traslado a un centro de detención de ICE, pero solo mientras los agentes estén trabajando en sus cárceles locales.
Por último, casi el 60 por ciento de los acuerdos 287(g) sigue el modelo de un grupo de tareas, mediante el cual se le delega completamente a la policía local todos los deberes de los agentes federales de inmigración, tales como realizar arrestos, llevar a cabo registros sin órdenes judiciales en lugares públicos y emitir solicitudes de detención.
En 2025, el Congreso autorizóreembolsos sin precedentes a favor de las agencias policiales locales que firmaran acuerdos 287(g) bajo el modelo del grupo de tareas. Ahora, el gobierno federal no solo paga los salarios, las prestaciones y las horas extra de los oficiales locales y estatales de los acuerdos 287(g), sino que también promete “recompensas monetarias trimestrales por buen rendimiento” en el arresto de las personas inmigrantes indocumentadas, aunque no se especifica la base exacta para el cálculo de las bonificaciones. Por ejemplo, el año pasado, la patrulla de carreteras de Florida recibió $13.6 millones.
Hay datos empíricos que sugieren que estos incentivos se traducen en un mayor perfilamiento racial y en más violaciones de los derechos civiles. Hace poco, un informe publicado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) describió cientos de detenciones y arrestos de personas que la policía local creía que eran indocumentadas, aparentemente por su apariencia, y es muy probable que muchas de estas detenciones se hayan realizado para cumplir con las condiciones de sus acuerdos 287(g).
Por ejemplo, en mayo de 2025, agentes de la patrulla de carreteras de Florida y de la Patrulla Fronteriza detuvieron un automóvil que llevaba a personas de apariencia latina, y un video mostró cómo los agentes sacaron a un pasajero arrastrándolo del cuello, le dispararon con una pistola de descarga eléctrica Taser, arrestaron a un adolescente ciudadano y se rieron por un bonus de $30,000, supuestamente refiriéndose a los incentivos federales.
Los incentivos también han incrementado la cantidad de acuerdos 287(g) vigentes en todo el país: ahora, hay 2,315 acuerdos firmados, un fuerte aumento con respecto a los 45 que hubo en 2019 durante la primera presidencia de Trump. Cada acuerdo 287(g) le agrega personal a los aproximadamente 20,000 agentes de ICE, lo cual convierte a este programa en un importante multiplicador de fuerza de la agencia. Aun así, con más de 17,000 agencias policiales locales en todo el país, la gran mayoría de las jurisdicciones no ha firmado este tipo de acuerdo.
La reciente ola de operativos de control migratorio ha puesto de manifiesto las muchísimas maneras en que las facultades locales y estatales pueden entrar en conflicto con las prioridades del gobierno federal. Mientras estas batallas se desarrollan en todo el territorio estadounidense, el deber de los gobiernos locales y estatales de cooperar con ICE seguirá arraigado a las políticas locales y estatales.
(*) Kathrina Szymborski Wolfkot es la editora en jefe de la publicación State Court Report y abogada asesora sénior y líder en el Programa sobre el Poder Judicial del Brennan Center.
Margy O’Herron es investigadora fellow sénior en el Programa sobre Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center.
Samson Tu estudia en la Facultad de Derecho de NYU. Anteriormente participó en la Clínica de Promoción de Políticas Públicas del Brennan Center.
Nota: Este artículo se publica con la autorización del Brennan en Español, donde publicó la traducción original.
Sigue leyendo:
· Un año después: honran la memoria del jornalero que murió correteado por ICE
· CBP destina $36 millones a cuatro firmas para cobrar multas a inmigrantes deportados
· Ocho alertas sobre ICE que ponen en peligro a los inmigrantes
