Juez frena recorte salarial de Trump a 350,000 trabajadores agrícolas
El dictamen emitido por el juez Kirk E. Sherriff exige a las autoridades federales restituir un esquema salarial justo para quienes laboran en los campos
En su fallo, el juez Sherriff determinó que el DOL actuó de manera “arbitraria y caprichosa” al recortar las remuneraciones sin una justificación legal o económica válida. Crédito: Gosia Wozniacka/ Archivo | AP
Un juez federal en California frenó una medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump que pretendía reducir de manera considerable los salarios mínimos de cientos de miles de trabajadores agrícolas temporales contratados mediante visas H-2A. El juez Kirk E. Sherriff, del Tribunal Federal para el Distrito Este de California, determinó que el Departamento de Trabajo (DOL) actuó de manera “arbitraria y caprichosa” al modificar las reglas utilizadas para calcular los salarios de estos trabajadores y ordenó a la agencia elaborar una nueva metodología que cumpla con la legislación federal.
La decisión representa un revés para el gobierno de Trump y una victoria para los trabajadores agrícolas y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), que llevaron el caso ante los tribunales. La norma cuestionada, anunciada en octubre, modificaba la llamada Tasa Salarial por Efectos Adversos (AEWR), utilizada para establecer el salario mínimo que los empleadores agrícolas deben pagar a los trabajadores H-2A.
El cambio podía reducir miles de dólares al año
La regulación establecía dos categorías basadas en las “habilidades” requeridas para realizar determinadas labores agrícolas. Según los demandantes, aproximadamente 92% de los trabajadores habría quedado ubicado en el nivel salarial más bajo. El cambio también contemplaba considerar parcialmente el costo de la vivienda proporcionada por el empleador como parte de la compensación. Sin embargo, las reglas federales establecen que los patrones deben proporcionar alojamiento a los trabajadores H-2A sin cobrarles por ese concepto.
Organizaciones laborales y expertos citados en el caso estimaron que la modificación podía provocar reducciones salariales de entre 26% y 32%, con pérdidas acumuladas superiores a $2,000 millones de dólares para los trabajadores y sus familias. En algunos estados, el recorte habría alcanzado hasta $7 por hora.
La administración Trump había defendido la medida como una respuesta a las dificultades que enfrentaban los productores agrícolas para conseguir trabajadores, en un contexto marcado por el aumento de las operaciones migratorias y redadas en distintas zonas del país. El gobierno calculó que la modificación permitiría transferir alrededor de $2,460 millones de dólares anuales de los trabajadores a los empleadores.
La corte cuestiona la actuación del Departamento de Trabajo
El juez Sherriff concluyó que el DOL no justificó adecuadamente los cambios y, además, determinó que la agencia incumplió con el proceso obligatorio de consulta pública. La demanda fue presentada por 18 trabajadores agrícolas, junto con la UFW, quienes argumentaron que la reducción salarial perjudicaría tanto a los trabajadores extranjeros como a los empleados agrícolas estadounidenses.
Crisanto Serrano, trabajador agrícola de Sunnyside, Washington, y uno de los demandantes, celebró la decisión y cuestionó las condiciones bajo las cuales algunos productores contratan trabajadores extranjeros.
“A los productores y a este presidente no les importamos; les complace contratar a un trabajador nuevo por un salario menor”, afirmó Serrano. Agregó que espera que el fallo ayude a proteger los salarios y empleos en el Valle de Yakima. Teresa Romero, presidenta de la UFW, calificó el fallo como “un paso alentador”, aunque advirtió que la organización espera nuevos intentos para reducir los ingresos de los trabajadores agrícolas.
La resolución ordena al Departamento de Trabajo publicar una nueva fórmula salarial y notificar a los empleadores que podrían tener que pagar cantidades retroactivas a los trabajadores afectados. El fallo no impide que el gobierno o grupos de empleadores apelen la decisión o presenten posteriormente otra propuesta. Mientras tanto, la fórmula cuestionada queda sin efecto y el Departamento de Trabajo deberá establecer nuevos salarios conforme a la ley federal.
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