Boyle Heights: avanzan medidas para impedir reconstrucción del almacén de Lineage
Activistas y residentes celebran con cautela la denegación de los permisos para la empresa Lineage ; seguirán presionando hasta lograr el cierre definitivo
Los activistas siguen presionando a los políticos para que no le den la espalda a la comunidad de Boyle Heights. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Defensores del medio ambiente, activistas comunitarios y residentes de Boyle Heights aprobaron este miércoles la denegación de los permisos de reconstrucción del almacén frigorífico de Lineage Logistics, al tiempo que expresaron que no bajarán la guardia hasta que las autoridades municipales de Los Ángeles nieguen que dicha empresa vuelva a operar en su vecindario.
“Es un buen primer paso, pero no es algo definitivo”, consideró la señora Luz M. Díaz Villaseñor, quien ha vivido por medio siglo en las inmediaciones de donde se produjo el incendio el 17 de junio.
El martes, en una decisión unánime, los miembros del Comité de Planificación y Gestión del Uso del Suelo (PLUM), Bob Blumenfield, el presidente, y los concejales angelinos Heather Hutt, Adrin Nazarian y John S. Lee, aprobaron dos medidas distintas pero relacionadas que buscan impedir que la empresa reconstruya su propiedad dañada en el 1400 S. Los Palos St., así como aumentar las multas -que oscilarían entre $25,000 y un millón de dólares- por notificaciones de infracción o incumplimiento.
Ambas medidas fueron introducidas por la concejal Ysabel Jurado, representante del Distrito 14 que incluye a la comunidad de Boyle Heights.
El voto de los concejales concuerda con la Orden Ejecutiva 3 de emergencia que emitió la alcaldesa Karen Bass el 31 de julio, en la que instruyó a los departamentos municipales a no tramitar los planes de reconstrucción presentados recientemente por Lineage hasta que la ciudad y la comunidad puedan analizar el sitio y los usos propuestos, evaluando al mismo tiempo los impactos en la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Específicamente, Bass solicitó a los Departamentos de Planificación Urbana y de Edificación y Seguridad (LASDBS) que elaboraran un informe para investigar y analizar el emplazamiento de Lineage y sus usos futuros propuestos, así como para ofrecer recomendaciones sobre cómo la Ciudad puede aplicar un proceso de revisión y aprobación para cualquier uso futuro del suelo propuesto por el propietario, incluyendo someter dichos usos a una revisión ambiental conforme a la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA).
Asimismo, la alcaldesa solicitó a la concejala Jurado (Distrito 14), que adoptara una ordenanza para establecer una moratoria sobre las grandes instalaciones de almacenamiento en frío ubicadas cerca de zonas residenciales o áreas sensibles, como parques y escuelas. Esta pausa brindará a la ciudad la oportunidad de estudiar la situación y promulgar nueva legislación que regule dónde y cómo pueden construirse este tipo de instalaciones.
“Simplemente, queremos que Lineage se vaya de la comunidad para siempre”, comentó Eloísa Galindo, residente del Este de Los Ángeles, cerca de la zona del desastre donde por más de dos meses han tenido que soportar humo, olores a putrefacción de alimentos y plagas de insectos y ratas.
“Yo di mi testimonio en City Hall y le dije a los concejales que no estamos contra ellos, sino que esperamos que no nos den la espalda”, agregó Galindo.
El voto del Comité de Planificación y Gestión del Uso del Suelo pasa ahora al pleno del Ayuntamiento. No hay fecha marcada para tratar el asunto. La oficina de prensa de la concejal Jurado no respondió a esa pregunta de La Opinión.

No a la reconstrucción rutinaria
Las medidas presentadas por Ysabel Jurado pretenden evitar que el desastre del almacén de Lineage se trate como una reconstrucción rutinaria y establecer consecuencias mucho más severas ante infracciones que causen daños generalizados a la comunidad.
Jurado dejó claro que se opone a aprobar las solicitudes pendientes para reconstruir la instalación de almacenamiento en frío operada por Lineage.
“Quiero ser categórica: me opongo a la aprobación de las solicitudes pendientes para reconstruir esta instalación”, declaró la concejal en un comunicado. “Esta no es, ni puede tratarse como una reconstrucción rutinaria”.
Y agregó Jurado categórica: “Lineage incumplió el plazo de limpieza de la ciudad, fijado para el 14 de agosto, y posteriormente incumplió el plazo del 20 de agosto para la retirada de alimentos, establecido en la orden de la agencia South Coast AQMD, que la propia empresa aceptó”.
La concejala subrayó el incumplimiento de la empresa en labores de limpieza:
“Informó que se había retirado más del 100 por ciento de los residuos alimentarios cuando aún quedaban alimentos en el interior, y más tarde reconoció que su metodología podía dar la impresión errónea de que el trabajo había concluido. Las actualizaciones no son resultados, y una corporación no puede autoevaluar su propia limpieza y llamar a eso transparencia”.

Persisten los malos olores
El expediente municipal 26-0906-S10 instruiría al Departamento de Construcción y Seguridad (Department of Building and Safety), en coordinación con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), a retener los permisos de reconstrucción de la propiedad hasta que el LAFD confirme que su investigación sobre la causa del incendio ha concluido y que se han satisfecho todas las necesidades de preservación de pruebas.
La semana pasada, Lineage afirmó haber retirado el 104% de los residuos de alimentos en descomposición del almacén, una cifra que fue fuertemente cuestionada por los residentes locales debido a que la limpieza no había concluido.
La empresa indicó que la Cámara Frigorífica 2 había sido demolida y se habían retirado todos los residuos alimentarios, mientras que la Cámara Frigorífica 1, que permanece en pie, estaba libre de residuos en un 92%.
Sin embargo, la pestilencia persiste en el lugar, tal como pudieron comprobarlo el miércoles residentes de Boyle Heights y activistas, quienes han sido intimidados por guardias de seguridad de Lineage al acercarse a tomar fotografías o caminar por la zona.

“No es una victoria final”
Elizabeth Hernández, integrante de la organización Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE), y un grupo de activistas reunidos frente al almacén de Lineage declararon que la presión política que han ejercido conllevó la denegación de permisos de construcción, “aunque es solo una pausa causada por mociones que requieren una negativa concreta de la ciudad para evitar la reconstrucción”.
“La presión comunitaria, nuestras marchas y conferencias de prensa han sido el motor para que se muevan estas mociones”, afirmó Hernández, quien testificó ante los miembros del Ayuntamiento de Los Ángeles.
“Les dije que ellos han heredado este problema [de Lineage] y que es el momento en que pueden hacer un bien a la gente, porque nadie sabe cuáles serán las consecuencias para la salud a futuro a causa de la contaminación ambiental. Creo que fue la primera vez que todos prestaron atención a nuestras palabras”, abundó la activista.
Hernández indicó que las expectativas personales y de todos los residentes de Boyle Heights son que la ciudad de Los Ángeles niegue por completo el permiso de reconstrucción a Lineage “y que desaparezca para siempre”. No obstante, consideró que no siempre se puede confiar en los políticos, “porque suelen buscar el beneficio corporativo”.
“Nuestro enfoque es que miren la realidad de lo que está pasando en nuestra comunidad y que las futuras decisiones que tomen se tomen en conjunto con nosotros y no solamente respondan a lo que les conviene”, señaló.
Por su parte, Jazmín García, miembro de Eastside Padres contra la Privatización, acusó que los problemas de contaminación derivados del incendio de Lineage han afectado considerablemente la salud de niños y adultos, tanto física como mentalmente.
“Los pequeños negocios han sufrido pérdidas económicas debido al olor a putrefacción y a la falta de clientes, mientras que los residentes enfrentan altos costos de servicios y la necesidad de purificadores de aire”, dijo. “La comunidad percibe que los recursos otorgados por organizaciones y el gobierno han sido mínimos e insuficientes para cubrir las necesidades reales de las familias afectadas”.
Por tal motivo, consideró que los políticos locales también deberán rendir cuentas a los ciudadanos y advirtió que “la comunidad latina utilizará su voto en las próximas elecciones para premiar o castigar a quienes apoyen o no apoyen la causa de la gente que sufre”.