Inmigrantes apoyamos la eliminación de la doble nacionalidad para ocupar cargos públicos en México

Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos conocemos, quizá mejor que muchos, lo que significa vivir entre dos naciones. Queremos a México, mantenemos vínculos familiares, culturales y económicos con nuestra patria y, al mismo tiempo, millones hemos construido nuestras vidas en Estados Unidos.

Precisamente por conocer esa realidad, apoyamos a la presidenta Claudia Sheinbaum-Pardo en su propósito de garantizar que quienes aspiren a los más altos cargos de representación política en México tengan una obligación inequívoca: su lealtad institucional debe ser exclusivamente con México.

Quien aspire a gobernar un estado o, con mayor razón, a encabezar la República, no debería mantener simultáneamente un vínculo jurídico de ciudadanía con otra nación.

No se trata de cuestionar la doble nacionalidad de millones de mexicanos que vivimos en el extranjero. La doble nacionalidad es una conquista importante para nuestra comunidad y debe preservarse. Una cosa es ser un ciudadano binacional y otra muy distinta ejercer el poder político y tomar decisiones de Estado en nombre de México.

Quien quiera asumir esa enorme responsabilidad debe estar dispuesto a demostrar que, mientras ejerza el cargo, no existe duda alguna sobre dónde reside su lealtad política e institucional.

La presidenta Sheinbaum lo ha planteado en términos claros: quien gobierna México debe tener como interés supremo a México.

Y en el contexto internacional actual, esa discusión no es abstracta.

Mexico no puede ignorar su historia. México comparte más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y carga con casi dos siglos de una relación profundamente desigual.

Nuestro país conoce perfectamente las consecuencias de la intervención extranjera.

México perdió aproximadamente la mitad de su territorio después de la guerra con Estados Unidos en el siglo XIX. Posteriormente padeció intervenciones militares, presiones diplomáticas, intereses petroleros extranjeros y una constante intromisión estadounidense en los asuntos políticos y económicos de América Latina.

Desde la proclamación de la Doctrina Monroe en 1823, Washington ha considerado al continente americano como una región estratégica en la que puede ejercer una influencia privilegiada.

Por eso resulta ingenuo analizar la discusión sobre la doble nacionalidad de quienes gobiernan México como si ocurriera en un vacío histórico.

No ocurre en un vacío. Ocurre al lado de la mayor potencia militar del planeta y en medio de una relación histórica marcada tanto por cooperación como por enormes asimetrías de poder.

La doble nacionalidad no es el unico problema. Por supuesto, sería absurdo sostener que tener dos nacionalidades convierte automáticamente a una persona en desleal.

No es así.

Tampoco se necesita un segundo pasaporte para traicionar los intereses nacionales.

México tiene suficientes ejemplos de políticos nacidos mexicanos y exclusivamente mexicanos que, desde el poder, colocaron intereses privados, corporativos o extranjeros por encima del bienestar nacional.

Durante el largo periodo de políticas neoliberales que dominó México entre 1982 y 2018, el país privatizó empresas públicas, debilitó sectores estratégicos y profundizó su dependencia económica del exterior.

Millones de mexicanos tuvieron que abandonar sus comunidades y emigrar hacia Estados Unidos buscando las oportunidades que su propio país no podía ofrecerles.

Nosotros somos, en buena medida, hijos de esa historia.

Por eso resulta paradójico que algunos mexicanos que fueron expulsados económicamente de su patria por aquellas políticas hoy defiendan a las mismas fuerzas políticas que las impulsaron.

Una oposicion mexicana que busca respaldo en Washington. También resulta preocupante observar a dirigentes políticos mexicanos viajar a Washington para denunciar al gobierno de México y buscar respaldo político estadounidense para sus disputas internas.

Las diferencias entre mexicanos deben resolverse en México, mediante las instituciones mexicanas y con los votos de los mexicanos.

Washington no debe decidir quién gobierna México.

Ni hoy ni mañana.

Y ningún partido mexicano —sea PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano o cualquier otro— debería buscar que una potencia extranjera incline la balanza de nuestra democracia.

La soberanía nacional no puede defenderse únicamente cuando nuestro partido está en el poder. O se defiende siempre, o deja de ser soberanía y se convierte en conveniencia política.

La advertencia que viene del resto de America Latina. Lo que sucede actualmente en América Latina debería obligarnos a mirar este asunto con mayor seriedad.

Estados Unidos ha demostrado históricamente que, cuando considera amenazados sus intereses estratégicos, económicos o de seguridad, está dispuesto a ejercer enormes presiones sobre los gobiernos latinoamericanos.

Y bajo Donald Trump esa política se ha vuelto todavía más explícita.

La vieja Doctrina Monroe ha reaparecido bajo un lenguaje mucho menos diplomático: control territorial, seguridad fronteriza, narcotráfico, migración, recursos naturales y competencia geopolítica.

Para México, ignorar esa realidad sería una irresponsabilidad histórica.

Nuestro país necesita cooperación con Estados Unidos. Somos vecinos, socios comerciales y nuestras sociedades están profundamente entrelazadas.

Pero cooperación no significa subordinación. Amistad no significa obediencia. Integración económica no significa renunciar a la soberanía.

Y precisamente porque nuestra relación con Estados Unidos es tan importante, México debe establecer reglas particularmente claras para quienes ejercen el poder público.

Desde Los Angeles decimos: primero Mexico. Quienes vivimos en Estados Unidos no estamos pidiendo que México rechace a sus ciudadanos en el exterior.

Todo lo contrario.

Los mexicanos en Estados Unidos enviamos miles de millones de dólares a nuestras familias, sostenemos comunidades enteras, defendemos la cultura mexicana y hemos luchado durante décadas para que México reconozca nuestros derechos políticos.

Defendemos la doble nacionalidad para nuestros hijos, nuestras familias y nuestra comunidad.

Pero también entendemos que ser ciudadano es un derecho; gobernar es una responsabilidad excepcional.

Quien aspire a la Presidencia de la República o a gobernar un estado debe estar dispuesto a hacer algo elemental: escoger.

Si quiere representar los intereses supremos de México, que renuncie a cualquier otra nacionalidad antes de asumir el cargo.

No porque todo mexicano con doble nacionalidad sea sospechoso.

No porque quienes vivimos en Estados Unidos queramos menos derechos.

Sino porque quien ejerce el poder soberano de México no debería dejar espacio para ninguna duda respecto de la nación a la que debe su lealtad institucional.

Desde Los Ángeles, una de las grandes capitales de la diáspora mexicana, enviamos un mensaje claro a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:

Estamos de acuerdo.

Defendamos los derechos de los mexicanos binacionales, pero defendamos también el principio de que quienes ocupen los más altos cargos del Estado mexicano tengan una sola lealtad política mientras gobiernan.

México puede tener ciudadanos de dos nacionalidades. Lo que no debe tener es gobernantes con dos lealtades institucionales.

Juan José Gutiérrez es ciudadano mexicano-estadounidense, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes en Los Ángeles y uno de los fundadores de Morena en ambos lados de la frontera.

–Las opiniones aquí vertidas corresponden al autor.