Piden alto al plan de demolición de sus hogares en el sur de Los Ángeles
Residentes de un complejo de departamentos en la calle 39, en el área de Exposition Park, denuncian hostigamiento y luchan para evitar el desalojo
Familias latinas que viven en edificios al oeste de la calle 39 del sur de Los Ángeles denunciaron acoso por parte del propietario y señalaron al Departamento de Vivienda de la ciudad. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Familias latinas que viven en edificios de departamentos ubicados en el 1078-1086 al oeste de la calle 39 denunciaron acoso por parte del propietario, así como que el Departamento de Vivienda de Los Ángeles ha permitido que éste infrinja la ley para la presunta demolición de sus hogares, aunque la petición aún no ha sido aprobada por el Departamento de Construcción y Seguridad.
Decenas de miembros de la Alliance of Californians for Community Empowerment (Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario), abogados y activistas se manifestaron el jueves bajo la lluvia frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, donde describieron el presunto hostigamiento y desplazamiento que han padecido de forma continua por parte del dueño de los apartamentos, Saman Steghball.
“Exigimos a la ciudad que haga cumplir las leyes de vivienda vigentes”, declaró a La Opinión la reverenda Rae Huang, integrante de ACCE y subdirectora de Housing Now y de Housing Justice Coalition, una coalición de ámbito estatal centrada en la justicia habitacional.
Huang explicó que algunos propietarios presionan a los inquilinos para que abandonen sus viviendas, incumpliendo la normativa local, mientras que las autoridades municipales no garantizan el cumplimiento constante de dicha normativa.
“Tenemos que prevenir la falta de vivienda, asegurar la estabilidad habitacional de los inquilinos y garantizar el respeto de las protecciones existentes”, indicó.

Huang mencionó la ordenanza de estabilización de alquileres y la Ordenanza contra el Acoso a los Inquilinos (Ley TAHO) como ejemplos de normativas que no se aplican adecuadamente. “Contamos con estas leyes, pero no hemos visto que se apliquen. Muy pocos de estos casos llegan realmente a un punto en el que el gobierno municipal o la oficina del abogado de la ciudad proteja a los inquilinos”, afirmó.
Personas mayores y familias que han vivido durante décadas en el edificio de la calle 39, una propiedad de apartamentos multifamiliares ubicada en la zona de Exposition Park/University Park, cerca de la Universidad del Sur de California (USC), exigieron que el Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles (Los Angeles Building and Safety) no apruebe el plan de demolición.
“He vivido en ese lugar por más de 26 años y no es justo que nos quieran lanzar a la calle”, dijo Balbino Nerio, un hombre salvadoreño de 75 años, quien se sostiene económicamente de su pensión y de la venta de bolsas de gama, mochilas y maletas.
A pesar de que ya recibió un aviso de desalojo con vencimiento el 27 de enero de 2027, el hombre manifestó que no tiene previsto un “plan B” para mudarse. “Habría que buscar donde vivir, pero en ningún lado podría pagar la renta”, aseguró.
Saman Steghball, el dueño de la propiedad, no respondió a una solicitud de entrevista.
Si bien los registros judiciales públicos del condado de Los Ángeles indican que Steghball (vinculado a la marca de ropa Barabas) ha estado involucrado en una disputa legal con Siamak Steghball, la cual involucra a entidades corporativas como “38 St LLC” y “3927 Wisconsin LLC”, los detalles específicos de las transacciones, incluidos los precios de compra de las propiedades en poder de dichas sociedades, no figuran en los documentos públicos.
Saman Steghball cofundó y dirigió Barabas Men, una marca de moda y empresa de venta al mayoreo de ropa con sede en el centro de Los Ángeles, junto a su hermano Shawn (Siamak) Steghball. El negocio se popularizó por la venta de camisas similares a las que “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante, usó cuando fue entrevistado en la clandestinidad por el actor Sean Penn para la revista Rolling Stone.

¿Desplazados para siempre?
“El Departamento de vivienda [de Los Ángeles] no ha actuado de manera justa, ni ha hecho cumplir las leyes antiacoso al inquilino desde 2022”, criticó Petra Adame, residente del edificio de apartamentos.
Ella, también miembro de ACCE, y sus vecinos formaron, a lo largo de décadas, una comunidad unida que ha vivido en la zona cercana a USC y allí han criado a sus hijos aun antes de que Saman Steghball comprara el edificio en 2017.
“Hemos luchado para quedarnos juntos y frenar los intentos de desalojarnos”, expresó. “No ha funcionado el acoso ni el descuido intencional de la propiedad, a pesar de negarnos servicios”, indicó, y añadió que piden al Departamento de Planeación de Los Ángeles y al Departamento de Uso de Tierra que detengan la construcción y cualquier intento de demolición antes de enero de 2027.
“El dueño quiere desplazarnos para siempre; su fin es construir un complejo de departamentos que no son para familias de bajos recursos y en donde ninguno de nosotros podría pagar, porque no tenemos los recursos”, añadió. “La ciudad sabe que el plan de desalojo del dueño viola las protecciones locales y estatales para inquilinos como mis vecinos y yo”.
Sharon Sandow, miembro de relaciones públicas del Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD), dio a conocer que dicha entidad “ha trabajado con el propietario y los inquilinos para lograr que se realicen las reparaciones necesarias. Las denuncias de acoso han sido investigadas y se ha informado a los inquilinos sobre el resultado. Cualquier denuncia nueva seguirá siendo objeto de investigación”.
Indicó que el permiso de demolición aún no ha sido aprobado. “Esto ocurre una vez que los inquilinos se han mudado y se ha efectuado el pago por la reubicación”, dio a conocer. Sandow señaló que son los inquilinos quienes eligen su nueva vivienda tras ser notificados del desalojo y que pueden recibir ayuda del consultor de reubicación para encontrar un nuevo lugar donde residir.
El dueño quiere desplazarnos para siempre; su fin es construir un complejo de departamentos que no son para familias de bajos recursos y en donde ninguno de nosotros podría pagar, porque no tenemos los recursos”
No será tan fácil la demolición
La ley que rige desde noviembre de 2025 sobre proyectos de desarrollo que conllevan la demolición de unidades de vivienda establece que, en materia de requisitos de ingresos, las unidades ocupadas a la fecha de la solicitud [de demolición] deberán ser reemplazadas por unidades con un alquiler asequible o un costo de vivienda asequible, destinadas a personas y familias que pertenezcan a la misma categoría de ingresos -o a una categoría inferior- que los hogares que ocupaban dichas unidades, conforme a lo establecido en la Sección 65915(c)(3)(B)(i) del Código de Gobierno de California.
Según American Legal Publishing, esto incluye las siguientes categorías de ingresos: “bajos ingresos” (Low Income), “ingresos muy bajos” (Very Low Income), “ingresos extremadamente bajos” (Extremely Low Income) e “ingresos sumamente bajos” (Acutely Low Income).
De acuerdo con los inquilinos, el propietario planea demoler el edificio, aunque su plan de reubicación no garantiza a nadie el derecho a regresar manteniendo su alquiler actual, ni ofrece la asistencia de reubicación completa exigida por la Ordenanza de Protección a los Residentes de la ciudad. Los inquilinos han documentado reiteradamente estas infracciones ante el LAHD, pero se quejaron de que el departamento no ha tomado ninguna medida.
Angelina Dumarot, subjefa de gabinete y directora ejecutiva de comunicaciones en la oficina del concejal del Distrito 9, Curren Price, dijo: “Las familias inmigrantes pueden enfrentar barreras adicionales cuando tienen problemas de vivienda, como el idioma, el acceso limitado a asesoría legal y el temor a alzar la voz. Ninguna familia debería sentir que tiene que guardar silencio ante condiciones inseguras o intimidación”.
Agregó que, desde hace años, apoyar a las familias inmigrantes ha sido una prioridad para la oficina de Price.
“En una situación de vivienda como esta, podemos servir de enlace: brindar atención bilingüe, facilitar la comunicación con el Departamento de Vivienda y conectar a los residentes con organizaciones de confianza que defienden a los inquilinos y ofrecen asistencia legal. Nuestro papel es ayudar a las familias a entender sus opciones y dar seguimiento con las dependencias correspondientes para que sus preocupaciones sean atendidas”, subrayó.

¿Y la Ley de Crisis de Vivienda?
Alex Scott, abogado de Movement Legal, explicó que el Departamento de Planificación de Los Ángeles aprobó el proyecto de desarrollo de los edificios de departamentos ubicados en el 1078-1086 al oeste de la calle 39 tras la presentación de una solicitud por parte del propietario en 2023.
Scott dijo a La Opinión que dicha aprobación se otorgó sin garantizar el cumplimiento de la Ley de Crisis de Vivienda (Housing Crisis Act) a nivel estatal.
“Si bien se ha aprobado el proyecto de desarrollo, aún no se han concedido los permisos de demolición”, manifestó. “Estos no se autorizarán hasta que los inquilinos abandonen el lugar”.
Los inquilinos pueden permanecer en sus viviendas hasta el 31 de enero de 2027, fecha a partir de la cual el propietario podría iniciar los procesos de desalojo. Todos ya han sido notificados.
Scott expresó que la ciudad de Los Ángeles prorrogó en repetidas ocasiones el plazo para que el propietario resolviera los problemas de cumplimiento: las fechas de desalojo se trasladaron de noviembre del año anterior a julio, y posteriormente al 31 de enero de 2027.
Al parecer, la ciudad comenzó a exigir medidas de cumplimiento recién en enero, después de la fecha de desalojo originalmente prevista.
Según el abogado, el propietario ofrece pagos por reubicación -conforme a la normativa local- de unos $13,500 para algunos inquilinos y de hasta $27,000 para otros.
“Estas cantidades resultan insuficientes para inquilinos que, desde hace mucho tiempo, pagan alquileres de entre $700 y $800 dólares, lo que podría derivar en su desplazamiento o en que terminen sin hogar”, dijo el abogado Scott.
Y, si bien los inquilinos no se rinden, expuso que sobre la aplicación de la normativa estatal (Housing Crisis Act), entre las posibles vías legales para respaldar a las familias se incluyen: demandar a la ciudad, demandar al propietario para exigir los beneficios estipulados por la ley estatal, o presentar una denuncia independiente por acoso a los inquilinos. Una demanda por acoso podría prolongarse durante años y no afectaría directamente al proceso de desalojo; por tanto, las opciones siguen en análisis.
El abogado especificó que la ciudad de Los Ángeles ha avanzado poco en la aplicación de la ordenanza. “Han recibido más de 24,000 denuncias en cinco años, pero solo ha derivado en unas pocas intervenciones municipales y una única demanda por parte de la fiscalía de la ciudad”, expresó.