EEUU cuenta con un potente “cóctel” para el acecho de inmigrantes, advierten expertos

WASHINGTON.- El endurecimiento de la política migratoria de EEUU no sólo pondría en riesgo los datos privados de las personas sino que, a través de la reactivación del polémico programa “Comunidades Seguras”, tampoco fortalecerá la seguridad ciudadana, advirtieron este viernes varios expertos.

En el marco de dos memorandos divulgados el martes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara importantes cambios en la forma en que recaba, archiva y comparte la información privada de los inmigrantes indocumentados, lo que podría acarrear consecuencias no intencionadas también para el resto de la población.

Estos cambios, combinados con la mina de información del sistema “IDENT” y el resurgimiento de “Comunidades Seguras” (SCOMM), conforman un potente “cóctel” para el acecho de la población indocumentada, según expertos consultados hoy por este diario.

Más poder a los agentes de Inmigración

Bajo la sección 14 de las nuevas guías migratorias, los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) pueden dejar de lado una ley federal de 1974, la denominada “Acta de Privacidad” (“1974 Privacy Act”), en su acecho de inmigrantes indocumentados.

Lo que no deja claro es si, en aras de la transparencia que exigen grupos cívicos para resguardar el derecho al debido proceso, la Administración divulgará información sobre arrestos y documentos de los tribunales de Inmigración, aunque las autoridades judiciales indicaron que están evaluando el asunto.

Según la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), los cambios en ciernes respecto a la ley de 1974 podrían afectar a familiares vinculados con inmigrantes indocumentados.

En la actualidad, esa ley federal incluye protecciones para los datos personales de ciudadanos y residentes legales, aunque el DHS ha extendido protecciones “administrativas” a ciertos extranjeros con visas temporales.

Al examinar los expedientes, los agentes tendrían que evaluar qué protecciones corresponden a cada categoría de inmigrantes y cómo aplicarlas, y eso es sinónimo de un complejo proceso burocrático que con seguridad se prestaría a errores, según dijo al blog Defense One, la abogada Neena Singh Giuliani, de ACLU.

Aunque los agentes aún necesitarán un permiso judicial para acceder, por ejemplo, a los datos del teléfono celular de un detenido, no hay garantías de que la información privada de sus familiares o demás contactos –incluyendo correos electrónicos o mensajes de texto- estén completamente a salvo.

La “mina de oro” de “IDENT”

La “maquinaria de deportación” del gobierno se ha apoyado durante años en la base de datos biométricos conocida como “IDENT”, que en realidad integra en un solo sitio los datos recabados por agencias federales como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ICE, la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Esa base de datos, creada en 1994, es una herramienta clave para la identificación y verificación de datos de todo individuo que haya solicitado u obtenido servicios del DHS, y es usada por numerosos programas gubernamentales.

Según Marty Rosenbluth, un abogado de Inmigración en Raleigh (Carolina del Norte), la información es compartida por las agencias del gobierno, aunque no está disponible al público en general.

“Los residentes legales, los beneficiarios con Estatus de Protección Temporal (TPS), etc, que hayan cometido infracciones menores deberían estar preocupados”, dijo.

¿Comunidades más seguras?

Asimismo, la Administración Trump también reactivó el controvertido programa de “Comunidades Seguras” (“Secure Communities”, o SCOMM, en inglés), establecido durante la presidencia de George W. Bush y ampliado en un periodo de cuatro años a casi todos los condados de EEUU bajo la de Barack Obama.

Tras fuertes críticas sobre su mal manejo, “SCOMM” fue desfasado en 2014 y reemplazado al año siguiente con el “Programa de Prioridades Policiales” (“Priority Enforcement Program”, PEP), que se centró en el arresto de criminales convictos y personas que representaban un peligro a la seguridad pública.

La diferencia principal entre ambos programas es que bajo “PEP”, los agentes de ICE solicitaban y tomaban custodia de presos en cárceles locales y estatales en circunstancias limitadas.

Alex Nowrasteh, analista del Instituto Cato, señaló que SCOMM fue eficaz en el arresto y deportación de inmigrantes indocumentados pero no redujo la tasa de crímenes violentos o contra la propiedad, ni mejoró la seguridad ciudadana respecto a criminales comunes.

“No hay nada distinto en la nueva versión de Comunidades Seguras, excepto que habrá más resistencia a su implementación de parte de gobiernos estatales como California, Nueva York, e Illinois. La Administración Obama obligó a todos los estados a participar en Comunidades Seguras, pero Trump afrontará más resistencia, y eso tomará años para resolverse”, vaticinó Nowrasteh.