Sacramento no renovará contrato millonario con ICE
El condado del norte de California recibía mas de $6 millones de dólares al año por retener a inmigrantes
Residentes de Sacramento se manifiestan en contra del contrato con ICE y DHS. Crédito: Captura de Pantalla | Sacramento Bee
Con tres votos a favor y dos en contra, los miembros de la Junta de Supervisores de Sacramento, en el norte de California, decidieron no renovar su contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el cual retenían a inmigrantes indocumentados a la espera de sus audiencias judiciales.
Los supervisores Patrick Kennedy, Don Nottoli y Phil Serna fueron quienes optaron por ponerle fin al contrato, rechazando las recomendaciones de su personal y el sheriff del condado, Scott Jones. De haber sido renovado el contrato, el departamento del firme defensor del presidente Donald Trump hubiera recibido $6.6. millones de dólares, informó el diario Sacramento Bee.
“Nuestro presupuesto debe reflejar nuestros valores”, dijo el supervisor Serna. “Yo no valoro encarcelar a los inmigrantes, algunos de los cuales no han cometido un delito criminal”.
La práctica de utilizar cárceles locales para retener a inmigrantes indocumentados en Sacramento se remonta a 2013, cuando el condado comenzó a recibir $6.6 millones de dólares al año por proporcionar 165 camas para inmigrantes detenidos en el Centro Correcional Río Cosumnes de Elk Grove.
De acuerdo con el antedicho diario, se han detectado varias deficiencias en esta cárcel. Incluso, un inmigrante quedó paralizado después de intentar cometer suicidio en susinstalaciones.
Actualmente, la ley del estado de California prohíbe que la policía municipal firme nuevos contratos con el gobierno federal. No obstante, sí se permite que los contratos ya establecidos se renueven, siempre y cuando no amplién la cantidad de camas anteriormente proporcionadas. Por ello, es probable que la mayoría de inmigrantes detenidos comiencen a ser trasladados a cárceles de Texas, donde no hay una ley de “Estado Santuario”.
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