Juez federal da nuevo golpe a políticas migratorias de Trump
Impartidor de justicia considera que el gobierno desobedece sus propias normas para tratar a peticionarios de asilo
El gobierno del presidente Trump debe cambiar su política sobre peticiones de asilo. Crédito: Win McNamee | Getty Images
El juez James Boasberg, en el Tribunal de Distrito de Columbia, dio un nuevo golpe a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
El impartidor de justicia dijo que la Administración Trump debe considerar de forma individual si los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en busca de asilo representan un riesgo de fuga o un peligro para su comunidad, antes de que puedan ser detenidos si han demostrado un temor creíble de persecucion.
Boasberg emitió este lunes un mandamiento judicial preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detener arbitraria e indefinidamente a los solicitantes de asilo.
La orden surge de una demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de solicitantes de asilo a quienes se les denegó la libertad condicional a pesar de que funcionarios de Inmigración y Aduanas (ICE) encontraron que tenían un reclamo creíble de persecución en sus países de origen, el cual es el primer paso para obtener el estado de asilo.
La ACLU argumentó que el DHS violó su propia directiva de libertad condicional, la ley de inmigración y la Constitución en un esfuerzo por disuadir a otros solicitantes de asilo de venir al país.
En la demanda, los defensores de derechos civiles argumentaron que las autoridades migratorias habían creado una política general de detención de solicitantes de asilo en las oficinas de ICE en Detroit; El Paso, Texas; Los Angeles; Newark, Nueva Jersey, y Filadelfia.
El grupo de derechos civiles elogió a la corte por su fallo el lunes.
“Esta decisión significa que la administración Trump no puede usar la detención indefinida como un arma para castigar y disuadir a los solicitantes de asilo”, dijo en un comunicado Michael Tan, abogado principal de ACLU.
El Departamento de Justicia puede impugnar la decisión.
