La polémica propuesta de López Obrador para terminar con la cruel guerra del narco
Para terminar la prolongada y sangrienta guerra contra el narcotráfico el presidente electo Andrés Manuel López Obrador propone un programa de reconciliación, perdón, legalización de drogas y amnistía
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México. Crédito: EFE
Paz, reconciliación, perdón, amnistía, legalización. Algunas de las palabras clave en la estrategia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para terminar con la violencia por la guerra contra el narcotráfico.
La propuesta se prepara con la participación de expertos, organizaciones civiles, víctimas y familiares de personas desaparecidas, a través de una serie de foros que inician este martes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El objetivo es construir un proceso de paz que permita la reconciliación y en muchos casos, aplicar justicia en homicidios y desaparición de personas.
El nivel de impunidad en estos delitos, según datos oficiales, es de 98% en promedio.
En un país que vive una inédita ola de violencia y donde según especialistas este gobierno puede terminar con más de 154,000 asesinatos, la propuesta causa controversia.
Parte de la estrategia contempla, por ejemplo, legalizar el cultivo de marihuana para fines lúdicos y permitir la siembra de amapola para uso farmacéutico.
También se plantea un proceso de amnistía para algunos detenidos o encarcelados por participar en el narcotráfico.
Otro elemento es crear comisiones de la verdad para resolver algunos de los casos más polémicos los últimos años, como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Y busca, además, el desarme, la desmovilización y reinserción de los miembros de la delincuencia organizada.
“Espada de Damocles”
Algunos no están de acuerdo con el programa de AMLO, como se conoce en México al presidente electo.
Organizaciones civiles como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) advierten que legalizar la producción de marihuana es un camino equivocado.
“La experiencia internacional muestra lo contrario, porque los delincuentes siguen vendiendo en el mercado negro“, advierte el vocero de la organización, Marco Tulio Mendoza.
Otros como Salvador Abascal, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, creen que aumentaría el consumo, sobre todo en menores de edad.
“La amenaza de las drogas pende como la espada de Damocles sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos”, advierte.
Pero en el equipo de López Obrador creen necesario aplicar una táctica distinta a la de los últimos dos gobiernos, que privilegió el combate militar al narcotráfico.
“Dos gobiernos de fallidas estrategias en materia de seguridad obligan al siguiente a hacer una modificación”, le dice a BBC Mundo Loretta Ortíz, coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz.
Es el organismo responsable de organizar la serie de encuentros con la sociedad civil, llamada “Foros para trazar la ruta de pacificación del país y reconciliación nacional”.
“Como lo ha dicho López Obrador, no se va a arreglar esta situación a través más balas y violencia. Se demostró que es fallido”.
La estrategia
El plan para terminar con la violencia se va a concluir después de los 18 foros y encuentros ciudadanos que se realizarán en varias regiones del país, señala Ortíz.
Algunos elementos se conocen desde la campaña electoral, y otros se añadieron tras los comicios del 1 de julio como la decisión de crear comisiones de la verdad para investigar y resolver algunos de los casos más graves de violación a derechos humanos.
Un ejemplo son las fosas clandestinas localizadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde según organizaciones civiles puede haber cientos de personas.
Muchos fueron secuestrados cuando viajaban en autobús hacia la frontera norte. Otros vivían en comunidades vecinas.
Las desapariciones iniciaron en 2011, uno de los años más violentos en la guerra contra el narcotráfico. Las autoridades suspendieron la búsqueda de cuerpos desde hace varios años.
Otra comisión de la verdad investigará la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Olga Sánchez Cordero, propuesta como próxima secretaria de Gobernación, dice que el objetivo de estos organismos es encontrar elementos para sancionar a los responsables de las masacres o desapariciones.
“Todo, teniendo como eje central de esta pacificación los derechos de las víctimas que tienen en este proceso, el derecho a la verdad”, señala.
Éste es uno de los elementos novedosos en la estrategia que diseña AMLO: establecer un sistema de justicia transicional que permita la reconciliación.
La polémica amnistía
Este modelo transicional se aplica en países que sufrieron conflictos armados, represión o crímenes de lesa humanidad que no puede resolver su propio sistema de justicia.
Son casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas de manera sistemática.
“Eso ha venido sucediendo en México con estos 12 años de guerra contra el narcotráfico”, le dice a BBC Mundo Tania Ramírez, directora de Política de drogas de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
Un sistema de justicia de esta naturaleza “permitiría conocer la verdad histórica de qué está pasando en comunidades o poblaciones afectadas por la guerra contra el narcotráfico”.
A partir de allí se puede construir un proceso de memoria que incluya no sólo la reparación del daño, sino la garantía a las víctimas de no repetición de esos hechos.
“La justicia transicional se ha usado en muchos contextos a lo largo del mundo, en particular en Guatemala o Perú” explica Ramírez.
“Más recientemente fue clave en el acuerdo de paz de Colombia. Hay muchos esquemas, hay que ver cuál se adapta a México”.
La estrategia incluye una de las propuestas más controvertidas del virtual presidente electo: amnistiar a algunas personas que participan en la cadena de la delincuencia organizada.
Se trata, por ejemplo, de campesinos que siembran marihuana o amapola por necesidad económica, o porque fueron obligados por bandas de narcotráfico.
También beneficiaría a jóvenes obligados a colaborar con carteles, o encarcelados por traer una dosis mínima de drogas, explica Loretta Ortíz.
No a los capos
En este proceso no entran los jefes de carteles, bandas de robo de combustible, homicidas o secuestradores, por ejemplo.
“Ellos no son sujetos de amnistía, no se va a amnistiar ningún crimen o delito vinculado con el uso de la violencia, y menos aún cuando sean crimen es de lesa humanidad”.
El tema es particularmente sensible en la desaparición de al menos 30,000 personas durante la guerra contra el narcotráfico, según organizaciones civiles.
Son pocos los casos que se han resuelto, la mayoría porque sus restos fueron localizados por grupos de ciudadanos que buscan en fosas clandestinas, a veces sólo con las manos.
Una de las propuestas que analiza el equipo de AMLO es promover una ley de reducción de penas, aplicable a detenidos que aportan información para resolver crímenes o encontrar desaparecidos.
Podría ser una alternativa, porque en estos casos el tema es claro: la reconciliación y un eventual perdón requieren, primero, un acto de justicia.
“Está como pegado, va junto, es concomitante: no se habla de perdón ni olvido, y menos en los crímenes de lesa humanidad”.
“No puede haber perdón ni reconciliación si primero no hay justicia”.
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