Escándalo por crisis económica en universidades públicas mexicanas
La crisis financiera en las universidades públicas de México revela otros problemas con los fondos asignados
MÉXICO – Durante años pagaron millones a supuestos trabajadores que nadie conocía o contrataban a profesores que no tenían el perfil académico. Otras usaban el dinero para actividades que no estaban autorizadas o se decretaron salarios no reconocidos que la Auditoría Superior de la Federación detectó puntualmente, año tras año.
Las universidades públicas de México han estado en el ojo público desde hace al menos un lustro y hasta los últimos días en que 10 de ellas se declararon incompetentes para pagar las prestaciones a sus trabajadores: las autónomas de los estados de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Sus autoridades argumentan que el gobierno federal recortó el presupuesto y para “apoyar a la Cuarta Transformación”… ¡pidieron más dinero! aún sin aclarar públicamente sus irregularidades previas.
Solicitaron a la Cámara de Diputados $4.7 millones de dólares como presupuesto para 2019, del cual, una tercera parte sería “para pago de pasivos contingentes por los regímenes de pensiones y jubilaciones”.
En respuesta, el nuevo subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, reveló que la administración pasada no dejó recursos para apoyar en los gastos a las universidades públicas con crisis financiera. “Tenemos que ver cómo buscamos los recursos. Es que no dejaron los recursos y, además, los recursos que llegaron a algunos estados pero no les llegaron a las universidades”, dijo en entrevista con medios locales.
El problema de la falta de controles en la educación pública salen a la luz en el contexto del anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la creación de 100 universidades públicas nuevas para atender a 64,000 estudiantes para responder a la demanda de carreras especializadas según la región.
Con apenas 32% de su fuerza laboral con nivel licenciatura, México se encuentra en el último lugar de la lista de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
“Las universidades se han manejado con mucha opacidad y esta crisis debe aprovecharse para ponerles más controles y vigilancia en sus gastos porque si bien son autónomas no son autónomas en el presupuesto”, observó Juan Castro, pedagogo y analista de la Universidad Autónoma Metropolitana.
En 2014, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila, utilizó millones de pesos para pagar el salario de 54 trabajadores que “no se encontraban en su lugar de adscripción” y pagos improcedentes para otros 24, según constató la Auditoría Superior.
La Universidad de Zacatecas (hoy en problemas financieros) impuso 415 categorías de personal administrativo, académico, de mando medio y superior que no fueron autorizadas y que, de todos modos pagaba.