¿Cómo se fabrican los delitos en México?

MÉXICO – Raquel Palacios, hermana de Raúl Palacios, preso hace 17 años por el delito de secuestro, llora. Intenta hablar pero la garganta se hace nudos, le tiemblan las manos porque “ha hecho de todo” junto con su familia para que liberen al muchacho condenado a 50 años de prisión cuando se dice inocente.

El día que ocurrió el delito en contra del yerno del exdiputado y presidente municipal, Aarón Urbina, Raúl estaba internado en el hospital La Raza porque le había explotado un radiador. A los pocos días, cuando fue dado de alta, la policía del Estado de México lo detuvo y lo golpeó hasta partirle la cabeza.

Los Urbina tuvieron testigos, parte médico, pidieron careos para confrontar versiones, pero el juez fue implacable con la sentencia original de 109 años que con el tiempo se redujo a 50.

“Le puso el dedo el político y con eso bastó”, advierte en conferencia de prensa organizada por un grupo que optó por autodenominarse “Familiares de  Víctimas de la Construcción de Delitos en el Estado de México”.

El Estado de México es señalado en diversos estudios como la entidad donde se “fabrican culpables” con mayor frecuencia.

Familiares y víctimas señalan tres causas: la impunidad,  el dinero que se paga por la libertad y, sobre todo, los intereses del gobierno en turno.

“Cuando un gobernador quiere demostrar que lucha contra la inseguridad y, ante la incapacidad de combatir ciertos estadísticas o ciertos delitos, e fabrica culpables”, denunció César Hernández Neri, profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Neri estuvo cuatro años y siete meses de prisión en el penal de Texcoco acusado de un asesinato que la fiscalía nunca pudo confirmar, sin embargo, su detención se realizó justo cuando el profesor se convirtió en pieza clave contra de la Reforma Educativa que impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“Cada caso de fabricación de culpables tiene sus particularidades pero tienen como común denominador la tortura para obtener testimonios que la justicia se aplica a modo”.

De acuerdo con cálculos de la CNTE, en México existen alrededor de 5,700 casos de presos encarcelados por activismo social más otros reclusos que no pudieron pagar al juez por su liberación.

Arturo López, padre de un ex vendedor de periódicos, burócrata y taxista que lleva encarcelado 14 años, acusa a un juez de haberle pedido 120,000 pesos (unos $6,000 dólares) para dejarlo libre. “Como no los pude pagar, me los pidieron de un día para otro, entonces le ratificaron la sentencia por 50 años”.

Esperanza Maranchel, madre de Héctor Maranchel, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que en adelante la justicia se aplique de manera correcta, con el debido proceso, sin detenciones arbitrarias, con los debidos procesos jurídicos y sin torturas.

“Usted dijo que nada ni nadie arriba de la ley. No quiero ser arrogante, señor presidente, pero es mi hijo y es inocente”.