Este preso esperaba la pena de muerte desde 2009. Ya nunca le llegará
New Hampshire abolió la pena de muerte y hay un criminal convicto que ya no será ejecutado
Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte más de 1,400 presos han sido ejecutados en EEUU. EFE Crédito: EFE
El estado de New Hampshire se ha convertido hoy en el vigésimo primero (21) del país en abolir la pena de muerte.
El Senado estatal ha anulado este jueves el veto del gobernador, el republicano Christopher Sununu, afirmando así la decisión previa del Congreso estatal (de mayoría demócrata en ambas cámaras).
New Hampshire no ha ejecutado a ningún reo desde 1939, pero llevaba décadas intentando sin éxito abolir la pena capital: el Congreso estatal aprobó leyes en ese sentido en 2000 y 2018, pero fueron vetadas por los gobernadores (primero la demócrata Jeanne Shaheen, luego el propio Christopher Sununu). Hasta ahora.
Sólo había un preso en el corredor de la muerte, Michael Addison, sentenciado en 2009 por el asesinato a tiros de un agente de policía, Michael Briggs. Su condena no se verá afectada por este cambio legislativo, pero al no poder ser ajusticiado podría pasar de hecho a ser una sentencia de cadena perpetua en prisión.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte analizó 31 años de datos criminales del FBI y concluyó que la pena de muerte no había contribuido de ninguna forma perceptible a la seguridad pública o de los agentes de la ley.
Con New Hampshire, ya no quedan estados en Nueva Inglaterra con pena de muerte. En total, la han abolido además: Alaska, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, y el distrito de Columbia.
Además, hay una moratoria en las ejecuciones por orden del gobernador (que duraría hasta su reversión por ellos o sus sucesores) en Oregon (desde 2011), Pennsylvania (2015) y California (2019).
En el resto de estados (26), la pena de muerte está en vigor, y cada vez son más los que parecen seguir el camino de su abolición. Su aplicación se ha complicado además por las dificultades que la industria farmacéutica ha puesto para obtener los ingredientes de la inyección letal, la forma más común en que se ejecuta.
En Colorado, el Congreso estatal estudia prohibirla para todos los crímenes cometidos a partir del 1 de julio.
En Oregon podría limitarse sólo a los atentados terroristas con más de dos víctimas mortales; en la actualidad, se puede aplicar a asesinatos en los que mueren más de dos víctimas, niños de menos de 13 años, un agente de policía de servicio o una víctima que estaba siendo robada o violada.
En Pennsylvania podría abolirse si la Corte Suprema estatal atiende a la petición de dos presos que lo consideran un castigo inconstitucional por cruel e inusual.
E incluso en estados tradicionalmente republicanos cobra fuerza ese movimiento en contra: la Cámara de Representantes de Wyoming ha aprobado una ley que prohíbe ese castigo; en Virginia, el Senado ha vetado aplicarlo a personas con enfermedades mentales graves; y en Kentucky se examina una propuesta legislativa para acabar también en esta medida.
