Llevan a corte nueva política de Trump que negaría entrada a muchos inmigrantes con visa
La medida dejaría fuera a dos tercios de las personas que llegan legalmente a Estados Unidos
Cada año se otorgan unas 50,000 visas bajo el programa de Diversidad. Crédito: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images
Grupos en defensa de los derechos de los migrantes presentaron este miércoles una demanda contra la exigencia de la Casa Blanca a quienes lleguen al país con visa de tener, además, seguro de salud o demostrar que pueden pagar los gastos médicos.
En su demanda interpuesta ante un tribunal federal de Oregón, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), el Centro de Justicia Social, el Laboratorio de Innovación Legal y Sidley Austin, LLP señalaron que puede bloquear la entrada al país de casi dos tercios de inmigrantes legales.
“Al suspender la entrada a Estados Unidos de posiblemente dos tercios de todos los inmigrantes legales, el anuncio (del gobierno de Trump) representa un abuso de poder sin precedente“, se puede leer en el documento de la demanda.
Según los demandantes, tanto esta “proclamación como la reciente norma de la carga pública intentan reescribir drásticamente la decisión del Congreso sobre qué inmigrantes pueden entrar al país en función de […] la riqueza“.
El director federal de litigios de AILA, Jesse Bless, fue más allá al acusar al gobierno de dirigir esta medida contra familias migrantes de determinados países. “Es aterrador para los ciudadanos estadounidenses pensar que nunca podrán reunirse en persona con sus seres queridos por culpa de esta proclamación“, dice Bless, que ve la medida del gobierno como un “intento de separar familias y de debilitar el debido proceso” fundamentándose únicamente en “prejuicios relacionados con el origen cultural y nacional”. “Es tan antiestadounidense como la norma de carga pública”, afirmó Bless.
En qué consiste la medida del gobierno
La Casa Blanca presentó a principios de este mes de octubre una medida para impedir el ingreso al país de personas con visa que “fuesen a suponer una carga financiera para el sistema de salud estadounidense”. Según esta política, un migrante podría ser considerado una “carga” si carece de un seguro médico que cubra los primeros 30 días desde su llegada a EEUU. Quedarían excluidas las personas que tengan dinero suficiente para hacer frente a posibles gastos médicos.
El principal problema que alegan los defensores de migrantes es que esta medida perjudica, sobre todo, a los migrantes de bajos ingresos y limite tanto la inmigración autorizada como la que no lo está.
Previamente, la administración Trump había intentado implementar la llamada ‘regla de carga pública‘, que dificultaría que las personas que hayan hecho uso de ayudas y servicios públicos pudieran recibir la residencia permanente (green card).
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