Incertidumbre entre los ‘dreamers’

Hay muchas interrogantes sobre cómo las autoridades migratorias considerarán los casos

Primera de una serie dos partes

PHOENIX, Arizona.- Juan C. un joven sin papeles que vive en los Estados Unidos desde los dos años de edad, pensó que era una broma cuando escuchó al presidente Barack Obama decir que le daría inmunidad de la deportación a jóvenes como él.

Por momentos este mexicano de 17 años se sintió más cerca de conquistar su sueño de ser boxeador profesional, pero también lo invadió el temor de que sus antecedentes policiales le impedirían acceder a este beneficio.”No podía creerlo”, dijo Juan C. quien pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a que revelar información sobre varias detenciones como juvenil por infracciones menores pudieran afectarlo.

Miles de jóvenes sin papeles como él viven momentos de gran ilusión e incertidumbre a la espera de saber cómo va a ser el proceso para solicitar esa inmunidad y un permiso de trabajo temporal por dos años, otra promesa de Obama.

Algunos cuentan con acceso a un abogado, información de grupos comunitarios para evitar ser presas de un fraude, pero otros como Juan C. apenas saben por dónde empezar.

El 15 de junio Obama anunció que su administración ofrecerá una acción diferida que permita a estos jóvenes inmigrantes que cumplan con ciertos requisitos permanecer en el país de forma temporal sin ser deportados.

La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tiene un plazo de 60 días para dar a conocer las reglas para solicitar la acción diferida. Hasta la fecha la única información oficial sobre estos cambios proviene de un memorándum que publicó Janet Napolitano, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el memorándum, el plan les otorga inmunidad de deportación a los jóvenes sin papeles si fueron traídos a los Estados Unidos antes de que cumplieran 16 años, tienen menos de 30 años y han estado en el país por lo menos cinco años. Deben haberse graduado de una escuela secundaria en los Estados Unidos, haber obtenido el equivalente de un diploma de secundaria (GED) o haber servido en las fuerzas militares. No pueden tener antecedentes policiales ni representar una amenaza a la seguridad nacional o pública.

No está claro si los antecedentes policiales de Juan C. por infracciones cometidas siendo menor de edad le impedirán acogerse a esta programa. No obstante, se ilusiona con que podrá regularizar su situación, lo que le daría “una oportunidad de empezar de cero”, según sus palabras.

Juan C. se crió en un barrio peligrosi de Phoenix donde había balaceras a diario. “Me acostumbré a eso y empecé a juntarme con malas influencias”, dijo el mexicano. “Había pandilleros que querían golpearme y yo tenía que defenderme”.

Fue detenido varias veces.”La primera vez que me metí en problemas fue por pintar graffiti”, recordó. “Desde entonces la policía me tenía como pandillero”.

En una ocasión fue arrestado por pelearse con alguien y enviado a un Centro Correccional de Menores en el que pasó casi seis meses. Su último arresto fue hace un año por posesión de marihuana, que, asegura, pertenecía a un amigo.

En los últimos cuatro años ha estado en libertad condicional. Dejó de estudiar y comenzó a pensar en hacerse boxeador.

Varios abogados de inmigración coinciden en que todavía hay muchas interrogantes sobre cómo las autoridades migratorias contemplarán los casos de jóvenes como Juan C., que tienen antecedentes policiales como juveniles.

“No se sabe. Todavía no tenemos todas las respuestas”, dijo la abogada de inmigración Judy Flanagan. “Desafortunadamente, las reglas parecerían descartar a cualquier persona que haya sido convicta de un crimen”.

Sin embargo, explicó Flanagan, en los casos de menores de edad que cometieron un delito y fueron procesados por el sistema juvenil es un poco diferente porque generalmente la ley de inmigración no toma en cuenta las ofensas cometidas por una persona siendo menor de edad.

José Peñalosa, otro abogado de inmigración, opinó que mucho dependerá posiblemente de la discreción de las autoridades migratorias y de cómo valoren cada caso individual.”Me da pena por muchos de estos jóvenes, porque algunos viven en un medioambiente donde no tienen oportunidad, pero al final del día Inmigración puede decir: ‘La vida está llena de decisiones y eso es lo que eligieron'”‘, expresó Peñalosa.

A diferencia de Juan C., Itzel Carreón, de 22 años, oriunda de Sonora, México, piensa que es una candidata ideal para recibir este beneficio. Tiene antecedentes impecables como estudiante, jamás tuvo líos con la policía y conoce varios abogados que le han ofrecido ayudarla a hacer los trámites.

“Hay que tener paciencia porque pueden pasar muchas cosas en estos próximos días”, dijo Carreón.

La joven llegó a los Estados Unidos cuando tenía poco más de un año para que su familia mormona pudiera sellarse en esa fe en un templo en la Ciudad de Mesa, pero por necesidades económicas decidieron quedarse.

Carreón está estudiando para ser contadora en una Universidad en Nuevo México porque es menos costosa que en Arizona, donde los estudiantes tienen que pagar una matrícula escolar más costosa por carecer de documentos legales.

La joven forma parte de un grupo que se autodenomina como ‘dreamers’, o ‘soñadores’, que aboga por la aprobación del Dream Act, un proyecto de ley que busca regularizar la situación de estos jóvenes traídos ilegalmente al país de niños. La legislación fue presentada por última vez en el Congreso en el 2010 y rechazada en el Senado.

Quienes logren acogerse a la acción diferida podrían permanecer de forma temporal en el país pero no tendrían acceso a la residencia legal ni la ciudadanía.”Es un respiro, pero no es algo con lo cual nos podemos quedar satisfechos. Uno no hace los planes de vida en dos años”, dijo Carreón, que llegó ilegalmente con su familia cuando tenía poco más de un año de edad.

Carreón afirmó que espera más y no cejará en sus esfuerzos hasta que se apruebe el Dream Act.”Quiero que este país reconozca que soy tan americana (estadounidense) como la persona a mi lado, que soy tan digna de quedarme en este país como el estudiante que se están trayendo de la China”, dijo la joven.

El gobierno calcula que cerca de 800,000 estudiantes podrían beneficiarse de la acción diferida.