Anticipan tsunami de desalojos de vivienda a causa del coronavirus

Millones de trabajadores despedidos durante la pandemia del COVID-19 no han podido pagar la renta de sus viviendas, y aunque las autoridades han aprobado moratorias contra los desalojos, estas protecciones van a expirar a finales de agosto, lo que llevará a un tsunami de lanzamientos.

Lo que es más, al echar a las familias a la calle, el riesgo de una mayor propagación del coronavirus aumentará, así lo consideraron varios expertos durante la conferencia virtual “Un tsunami de desalojos a punto de golpear a EE.UU.” organizada por Ethnic Media Services.

“El desalojo con frecuencia conduce a la inestabilidad en la vivienda y al desamparo. Rara vez las familias vuelven a habitar en las mismas condiciones que tenían antes de un lanzamiento. Terminan viviendo todos apretujados o en refugios para desamparados en los que no pueden ejercer la distancia social porque no tienen el espacio”, dijo Emily A. Benfer, directora de Clínica de la Justicia para la Salud en la Escuela de Leyes Wake Forest, y una de las creadoras de la tarjeta de resultados de las políticas de vivienda del COVID-19 con el Laboratorio de Desalojos de Princeton University. 

“Como sabemos el riesgo al COVID-19 está relacionado con el contacto. Por lo tanto, la incapacidad para distanciarse socialmente puede exponer a las familias desalojadas a esta pandemia en tasas más altas de contagio”.

La experta dijo estar muy preocupada por estados como Missouri, Ohio, Florida, Mississippi y Texas por la incapacidad para pagar la renta combinado con protecciones muy limitadas contra los desalojos, y porque las moratorias ya se han levantado o expirado.

Sin embargo, mencionó que este es un problema que afecta a cada rincón del país, ya que la depresión económica no ha perdonado a nadie.

Piden ampliar moratoria

En estados como Maryland, con una legislatura estatal a tiempo parcial, el delegado Kumar Barve y otros legisladores han escrito al gobernador Larry Hogan para pedirle que amplíe la moratoria que expira en agosto hasta enero de 2021.

También han enfatizado que quieren más del paquete de estímulo económico (Cares Act) para dedicarlo a la asistencia temporal para la renta.

“En el condado donde yo vivo, Montgomery, tal vez tenemos una tasa de 1% de desalojos, si lo subimos a 10 o 15%, vamos a tener un caos social a gran escala”, dijo Barve. 

Reconoció que muchos propietarios de vivienda de renta no tienen interés en desalojar gente, pero los van a poner en una situación muy dura. Además, al sacar a alguien de su vivienda, tienen que invertir en remodelar el departamento desalojado, y no es que lo vayan a rentar de inmediato a como está la situación económica.

“Nuestra esperanza es trabajar con la administración para diseñar una solución más permanente porque hoy todos estamos con el alma en vilo, ya que hay muchas interrogantes. Ni siquiera sabemos quién será el próximo presidente”. 

Barve citó un reporte periodístico de principios de julio que indicaba que el 32% de los estadounidenses no habían pagado el monto total de su alquiler. 

“Si estas personas son desalojadas entre agosto y septiembre, el tsunami de desalojos será un realidad y estaríamos ante una catástrofe humanitaria de la que será muy difícil que nos recuperemos”.

Desamparo crecerá

Margo Kushel, profesora de la División de Medicina Interna del Hospital General de San Francisco y directora del Centro para Poblaciones Vulnerables de la Universidad de California en San Francisco, estimó que durante esta crisis de salud, el desamparo podría incrementarse entre el 20 y 40%.

“Cuando alguien es desalojado, se muda a casas sobrepobladas, y en un periodo de uno o dos años, se convierte en desamparado”, dijo.

En el momento actual, comentó que si alguien se queda sin techo, será más complicado de lo que jamás ha sido para el 50% de los desamparados de la costa Oeste.

Citó el proyecto Room Key que durante la pandemia ha colocado en hoteles a 15,000 de los 150,000 desamparados de California.

“El gobernador acaba de anunciar que el proyecto Room Key dispondrán de $600 millones para adquirir algunos de esos hoteles que han albergado a los desamparados, pero esto no va atender a los nuevos flujos de personas sin hogar que va a dejar la pandemia”.

Margo consideró que una de las causas del impacto desproporcionado del COVID-19 en las comunidades latinas tienen que ver con que muchas de ellas viven en condiciones de hacinamiento extremo. “Hasta 12 personas comparten un cuarto o un baño, y esto no es seguro para el COVID-19”.

Abogan por más apoyo

Nisha Vyas, abogada del Western Center on Law and Poverty, dijo que ante el tsunami de desalojos que se avecina, necesitan abogar por una intervención gubernamental significativa, si se quiere evitar esta crisis que viene “rápida y furiosa”.

Hizo ver que en California se estima que 17 millones de inquilinos no podrán pagar sus rentas.

“El proceso de desalojo está diseñado para ser muy eficiente en California con poca consideración para los arrendatarios. Casi el 75% de los casos de desalojos se resuelven 45 días después de presentarse, y el 60% en un mes”.

Observó que en la vasta mayoría de los casos de desalojos, los caseros son representados por abogados, mientras que la mayor parte de los inquilinos no tienen asistencia legal. Como resultado, tienden a perder el caso.

La abogada Vyas dijo que a pesar de la moratoria contra los desalojos, han escuchado reportes de arrendadores que han intentado sacar de la vivienda a los inquilinos, llamando a la policía, cambiando  las cerraduras, o entregado documentos como si fueran de la corte.

Consideró que habrá una crisis masiva de desahucios entre las minorías cuando terminen las moratorias temporales y los arrendatarios tengan que pagar la renta.

Por esa razón, el Western Center está patrocinando en la legislatura de California, la medida AB 1436, el Acta de Prevención del Desalojo por el COVID-19 y Estabilidad de la Vivienda, diseñada para dar a los inquilinos una oportunidad justa de pagar la renta que deben, y dar a los caseros la capacidad de reclamar las rentas a través de un proceso civil en lugar de hacerlo por el proceso de desalojo. 

También contiene protecciones para no afectar el crédito de los inquilinos, y que mantengan la capacidad de alquiler para el futuro.