Exponen a detenidos en Adelanto hasta ’50 veces al día’ a desinfectante industrial tóxico

El señor José Ricardo Viveros Rodríguez tiene 62 años de edad y es detenido en el centro de Adelanto, California, desde donde denunció que lo han rociado con un químico que sabe que es peligroso.

“Tengo 62 años, sufro de problemas cardíacos y de colesterol, soy diabético y llevo marcapasos. Sufro sangrado por la nariz, dolores de cabeza, irritación de ojos y garganta porque todavía están rociando químicos en nuestras unidades”, se quejó el señor Viveros ante una coalición que presentó su caso a La Opinión.

“Hay otro detenido en nuestra unidad que tiene 55 años, sufre una hernia y es diabético. Por favor díganles al mundo lo que está pasando aquí; nos van a matar aquí. Aquí hay una persona mayor que tiene 72 años”, se quejó.

De acuerdo con una coalición de activistas de Los Ángeles, el señor Viveros es uno de los detenidos en Adelanto que han denunciado que son expuestos hasta 50 veces al día a un desinfectante industrial tóxico y, a algunos de ellos, solo les proporcionan una mascarilla desechable cada dos semanas.

El uso de ese químico se había denunciado hace unas semanas, pero ahora los migrantes advierten que les rocían docenas de ocasiones en un mismo día, aparentemente con la idea de prevenir que con ese compuesto se contagien del COVID 19.

“Los migrantes detenidos son expuestos casi 50 veces al día al HDQ Neutral, un desinfectante con componentes altamente tóxicos que supuestamente previene un brote de COVID-19”, acusó la Coalición Shut Down Adelanto, o Cierren Adelanto.

Según esa coalición, los celadores en el centro de detenciones “rocían a los migrantes con el compuesto industrial, HDQ Neutral, que es un desinfectante potente y potencialmente tóxico”, que puede dañar la salud de los detenidos.

El HDQ Neutral es un compuesto químico de la firma industrial Spartan Chemical  que sólo debe utilizarse en exteriores o en áreas de interiores, pero muy bien ventiladas.

La marca recomienda que el compuesto debe de usarse con medidas preventivas como usar guantes y vestir ropa protectora, y específicamente proteger el rostro para cuidar que el químico no alcance los ojos.

El mayor daño potencial que especifica el producto es para la piel y los ojos.

Sin embargo, de acuerdo con la coalición, en Adelanto los celadores usan ese químico “en ocasiones directamente sobre los migrantes”.

El uso del químico presuntamente prevendría que los migrantes se contagien con el coronavirus y padezcan la enfermedad del COVID 19, según esa coalición.

Cierren Adelanto informó que tras quejas por el uso de ese químico, “se comenzaron a hacer pruebas por dolencias corporales”.

Indicó que cuando los migrantes vincularon sus dolores al uso del desinfectante, los celadores recomendaron a los detenidos que hicieran ‘gárgaras con sal’ ya que, según los agentes, los dolores de garganta eran consecuencia de la ‘mala calidad del aire’”.

Esta vez la coalición presentó otras dos quejas, una sobre la distribución de mascarillas al interior del centro de detenciones. Según informó, a algunos migrantes les dan una mascarilla desechable cada dos semanas, mientras que a otros les dan tres por semana, los lunes, miércoles y viernes.

La empresa GEO, administradora del centro de Adelanto, no respondió a lo inmediato a solicitudes de la prensa sobre el uso del químico desinfectante y la política de mascarillas.

Un familiar de un detenido dijo a condición de anonimato que empleados de esa empresa le dijeron “que no pueden informar sobre los detenidos en los dormitorios porque están bloqueados” o aislados.

La medida parece bloquear comunicaciones con familiares y abogados de los migrantes.

Los activistas por su parte informaron que GEO niega el acceso de abogados a los migrantes y tampoco les permite comunicarse telefónicamente con los detenidos en Adelanto.

El gobernador Gavin Newson firmó por su parte el domingo la ley AB 3228 para proteger a los migrantes en los centros de detenciones.

La AB 3228 es una extensión de la AB32 que desde el año pasado prohíbe nuevos centros de detenciones y prisiones privadas en California. Sin los nuevos centros, los actuales serán eliminados gradualmente conforme venzan sus contratos con ciudades y condados, de modo que para el 2028 terminarán esos centros en el estado.

La AB 3228 es una ley sin precedentes en el país, al exigir que los centros de detenciones traten a los migrantes al pie de la letra como dicen los contratos por los que esas instalaciones se abrieron en California, en particular el respeto a derechos humanos de los detenidos.

También exige que los centros de detenciones establezcan honorarios razonables para los abogados de los detenidos.

Los activistas expresaron que ambas medidas permitirían que California ejerza control sobre la manera en que los centros de detenciones tratan a los migrantes mientras concluyen los contratos que todavía les permiten seguir en California.