Caso de Xenofobia de exalcalde de Tijuana llega a las cortes de EE.UU. y México

La actitud xenófoba de un exalcalde de Tijuana se encuentra ahora al mismo tiempo en el seno de las cortes supremas de Estados Unidos y de México, en espera de resoluciones.

Juan Manuel Gastélum Buenrostro, es el exalcalde de Tijuana a quien le gusta que le llamen “El Patas” y se ha llegado a ufanar que lo identifiquen como “el Trump de Tijuana”.

La Corte Suprema de Justicia de México revisa un caso en que se le exige dejar de promover, con lenguaje que denota xenofobia o racismo, actitudes que violan los derechos humanos de los migrantes que llegaron a Tijuana.

Esa demanda, “la presentamos localmente, pero un juez en Mexicali consideró que tenía una importancia nacional y un tribunal colegiado pidió a la Suprema Corte de Justicia que tomara el caso”, dijo a La Opinión la abogada y directora de la organización que presentó la demanda, Graciela Zamudio de Alma Migrante.

La Suprema Corte de Estados Unidos revisa por su parte la posible ilegalidad del  programa “permanecer en México”, con base en una demanda colectiva en la que, entre otros casos, varios migrantes acusan a policías bajo órdenes de “El Patas” de extorsión y agresión.

Mientras que en el máximo tribunal mexicano la demanda es directamente contra “El Patas”, en la Suprema estadunidense, las acciones que promovió el exalcalde contra los migrantes sustentaron una demanda a nombre de once migrantes y diversas organizaciones llegó a la corte máxima.

La abogada Zamudio platicó que “nosotros explicamos que los derechos protegen a todas las personas en México, sean nacionales o extranjeras, y que detener y deportar a migrantes  solo por su origen es violatorio de esos derechos”.

“El Patas” había llegado al cargo en comicios en que lo eligió un electorado que equivale al 2.6 por ciento de la población de Tijuana, con uno de cada cuatro de los escasos votos emitidos ese año.

Tomó posesión en diciembre del 2016 y de inmediato enfrentó críticas porque durante su gobierno se registraron índices de homicidios sin precedentes, sin que el alcalde que desde que inició su gobierno declaró que “yo con el narco no me voy a meter”, pareció ignorar la violencia.

En el 2016, antes del gobierno de Gastélum, Tijuana registró 671 homicidios; aumentó a 1,619 en el primer año de su gobierno, a más de 2,500 en el segundo año, y en el 2019 fueron 2,185 pero Tijuana ya era ese año la ciudad con más homicidios dolosos en todo el país.

Ante la posibilidad de reelegirse en el 2019, “El Patas” Gastélum comenzó a criminalizar en el 2018 a los migrantes de una caravana que se dirigía a Tijuana.

“No me atrevo a calificar a esas personas como migrantes…  son una bola de vagos y mariguanos”, declaraba “El Patas”. Algunas organizaciones comenzaron a llamar al exalcalde como  la versión local de Trump, quien decía que los migrantes mexicanos eran “violadores, traen drogas”.

La abogada Zamudio comentó que era una campaña de tintes “nacionalistas xenófobos, antiinmigrantes”.

Mientras, comunicadores contratados para promover su imagen magnificaban y tergiversaron cualquier detalle que pudiera reforzar una idea de que los migrantes que buscaban asilo eran criminales.

La campaña de “El Patas” llevó a que el 17 de noviembre del 2018 un numeroso grupo de aparentes seguidores suyos agredió a poco más de 30 migrantes que acampaban en la zona de Playas de Tijuana, donde México converge con California y el Pacífico.

El grupo lanzó piedras y botellas contra el grupo de migrantes que incluía a niños, algunos de brazos y mujeres. Ante la policía que permanecía a la expectativa de que los migrantes reaccionaran, algunas personas trataron de detener la agresión contra las personas a quienes calificaban de “los hondureños”. También agredieron a reporteros.

Los agresores, entre ellos algunos alcoholizados, gritaban a una persona que trataba de parar la agresión que “cuando violen a tu hermana, cuando te claven una navaja en la panza”. Más de tres años más tarde, los migrantes no han violado a la hermana de ningún tijuanense ni le han clavado una navaja a nadie en Tijuana.

Pero de ese incidente surgió uno de los testimonios que ahora evalúa la Corte Suprema de Estados Unidos, en la demanda que interpusieron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Al Otro Lado y otras organizaciones para desmantelar lo que la administración Trump llama “Protocolos de Protección a Migrantes” o MPP.

Los once migrantes integrados a la demanda colectiva estaban en Tijuana durante el periodo de gobierno de “El Patas” y testificaron que en ese periodo temían por su vida.

La demanda dice que MPP es ilegal porque viola las leyes de Inmigración y Naturalización y la Procedimientos Administrativos, el derecho a solicitar asilo y la Convención Contra la Tortura, entre otras leyes. También dice que al obligar a los migrantes a regresar a aguardar a México, los expone a peligros.

La demanda dice que “los solicitantes de asilo, incluidos los nombrados en esta demanda, enfrentan peligro extremo en México”.

Alex, uno de los migrantes en la demanda, testificó que en el incidente en Playas de Tijuana “él y otros solicitantes de asilo se vieron obligados a huir en medio de la noche después de que un grupo de mexicanos les arrojara piedras y los atacantes comenzaron a aproximarse con palos y armas a nosotros”.

Ian, otro migrante, dijo que policías de Tijuana “le exigieron presentar en varias ocasiones sus documentos de inmigración. Hace aproximadamente un mes, los agentes le exigieron que pagara un soborno de 1,500 pesos para evitar ser arrestado y llevado a la cárcel”.

La abogada Zamudio dijo que más allá de las agresiones, la administración Gastélum detenía ilegalmente a los migrantes sin motivo y esperaba que las autoridades mexicanas de migración llegaran a recoger a esos migrantes que terminaban deportados por presuntos actos delictivos que no cometieron.

“La demanda dice que eso que promovió el exalcalde es ilegal, y que apoyarlo también es ilegal. Hay mucha gente que todavía no lo sabe”, dijo Zamudio.

La abogada de la ACLU que encabeza la demanda que evalúa la suprema corte, Judy Rabinovitz, dijo con base en los testimonios que “los solicitantes de asilo se enfrentan a un grave peligro todos los días de esta política ilegal y depravada” que es MPP.

“Los tribunales han fallado repetidamente en su contra, y la Corte Suprema también debería” hacerlo también, dijo.

La Opinión pidió a Gastúlum en mensaje de texto a su celular su versión sobre estos casos, pero más de 24 horas después el exalcalde quedó sin responder.