Elecciones Ecuador 2021: cómo Arauz y Lasso pretenden reconstruir la economía
Ecuador elige este domingo a un nuevo presidente. Sea quien sea el ganador, el nuevo líder se hará cargo de graves problemas fiscales, pobreza y falta de trabajo
Las reformas económicas del gobierno de Lenín Moreno, acordadas con el FMI, han encendido el malestar social. Crédito: Getty Images
* Este artículo fue publicado originalmente el 5 de febrero con motivo de la primera vuelta electoral y ahora ha sido actualizado.
Cuando el gobierno de Ecuador eliminó los subsidios a los combustibles, miles de personas se lanzaron a las calles de Quito en octubre de 2019 para protestar contra el plan de ajuste económico del presidente Lenín Moreno.
Liderado por organizaciones indígenas y opositores al gobierno, el estallido social dejó en evidencia una polarización política que, durante la campaña electoral y con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, ha vuelto a emerger.
Los candidatos que se enfrentarán en el balotaje son Andrés Arauz, un delfín del expresidente izquierdista Rafael Correa que en la primera vuelta consiguió el 32,7% de los votos, y el banquero conservador Guillermo Lasso, que obtuvo el 19,7% de las preferencias.
Arauz y Lasso representan el llamado “correísmo” y el “anticorreísmo” y reflejan dos modelos de desarrollo económico completamente opuestos.
Mientras el primero se identifica con el “Socialismo del Siglo XXI”, el segundo apuesta por un enfoque capitalista para enfrentar los retos de una economía en crisis.
Precisamente uno de los temas más importantes de la campaña ha sido la economía, que si bien arrastra graves problemas estructurales desde hace años, ahora está en una situación aún más crítica por los efectos de la pandemia de covid-19.
El plan de Arauz, economista y exministro de Correa, se articula en torno a las promesas de empleo, ingreso básico y cobertura de seguro social “para todos”, además de salud y educación gratuitas.
Lo que no está claro es de dónde saldrá el dinero para repartir tantos beneficios cuando se acabaron los tiempos en que llovían los petrodólares. Una reforma tributaria es uno de los caminos planteados por los asesores que forman parte de su equipo.
El Estado jugaría un rol clave en la generación de puestos de trabajo, aunque con las arcas fiscales deterioradas, el desafío es enorme.
En cambio, Lasso, accionista de uno de los grandes bancos de Ecuador, propone “promover una economía de libre mercado” que sea “fiscalmente responsable”.
Bajo su paradigma es el sector privado el principal generador de empleo y de reactivación económica, mientras que el Estado debe permanecer “pequeño, pero robusto y eficiente”, para atender las necesidades de los más vulnerables.
Una economía petrolera y dolarizada con una gigantesca deuda pública
El próximo gobierno tendrá que hacerse cargo de un país que sufrió una contracción económica cercana al 9% en 2020, con escasos fondos para echar a andar la reconstrucción y mínimo acceso al financiamiento externo.
A la pandemia se suma la persistente caída desde 2014 del precio del petróleo, que es el principal producto de exportación del país y que genera cerca de un tercio de los ingresos públicos, mientras que el resto proviene de la recaudación tributaria.
Siendo una economía dolarizada, que no puede imprimir dinero ni jugar con la devaluación monetaria, el país ha enfrentado un problema de financiamiento que le ha puesto el camino cuesta arriba.
La deuda pública bordea el 70% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal supera el 8%, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, FMI.
A falta de estadísticas oficiales, organismos como el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, Unicef, estimó que la pobreza se ha disparado al 38% y la extrema pobreza a cerca del 20%.
Considerado un país de alto riesgo por los inversores internacionales, el presidente Lenín Moreno buscó financiamiento externo con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF y el FMI, siendo ésta última la institución que comprometió una mayor cantidad de recursos.
El último préstamo acordado con el FMI fue de US$6.500 millones, de los cuales ya se han entregado unos US$4.000 millones, y el resto será desembolsado en la medida que se cumplan las condiciones exigidas por el organismo.
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Condiciones que apelan a la austeridad fiscal para limpiar las cuentas públicas, reducción del tamaño del Estado y un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las cuales son resistidas por los sectores de menores ingresos por considerarlas como un sinónimo de hambre y miseria.
¿Qué dicen los candidatos del acuerdo con el FMI?
Lasso ha dicho que respetará el acuerdo del país con el organismo multilateral, excepto en un punto.
“Nosotros no vamos a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no vamos a hacer es a subir el IVA”, afirma Lasso, aclarando que se pueden poner en orden las cuentas fiscales sin incrementar ese impuesto al consumo.
Incluso el candidato asegura que será aún “más audaz” que las metas fijadas por el FMI.
“Ellos hablan de ir reduciendo el déficit, yo hablo de llegar a déficit cero, porque el día que Ecuador llegue a déficit cero no habrá más deuda”.
Lasso propone duplicar la producción de petróleo para obtener mayores recursos, un manejo eficiente del Estado, incentivos a la inversión extranjera y el combate a la corrupción.
Desde su perspectiva, “volver al correísmo” podría llevar a Ecuador a convertirse en una nueva Venezuela.
En cambio, Arauz asegura que no cumplirá con las condiciones impuestas por el FMI.
“Bienvenido sea el apoyo del FMI a nuestro propio programa económico, pero someternos a las condiciones negociadas por Moreno no lo vamos a hacer”.
Durante su campaña ha planteado que uno de sus objetivos es reactivar el gasto socialy romper con la austeridad que respalda el FMI.
Con ese horizonte ha prometido abrir líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas; dar un bono de US$1.000 a un millón de familias en la primera semana de gobierno; financiar parte de la contratación que hagan las empresas de nuevos empleados; y recontratar a trabajadores del sector público, como profesores y médicos.
Los recursos serían obtenidos de los fondos del Banco Central de Ecuador y de cambios al sistema tributario para que “los ricos paguen más impuestos”.
El futuro económico de Ecuador en medio de la batalla electoral
En el centro de las campañas presidenciales ha estado el tema del empleo, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, según los últimos sondeos de opinión.
“Cerca de la mitad de los trabajadores está en la economía informal. El problema no es tanto el desempleo, sino el subempleo“, le dice a BBC Mundo Susana Herrero, académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de las Américas en Quito.
Un 70% del empleo del país lo generan las pequeñas y medianas empresas. El problema es que muchos de esos micronegocios desaparecen al poco tiempo de crearse.
Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia y director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas, propone que la reconstrucción requiere medidas fiscales, económicas y sociales.
“El gobierno que venga tendrá que administrar la escasez“, dice en diálogo con BBC Mundo.
Aunque reconoce que un ajuste fiscal en medio de la pandemia es lo contrario a lo que otros países están haciendo para reactivar sus economías, su postura es que a mediano y largo plazo rendirá frutos.
Una visión completamente distinta es la de Carlos de la Torre, quien fue ministro de Economía al inicio del gobierno de Moreno y que actualmente es asesor económico del candidato Araúz.
“Tenemos que sacar a Ecuador del abismo económico“, le dice a BBC Mundo.
Para eso, explica, la economía requiere una rápida inyección de recursos que permita activar el consumo y generar empleos.
Esos fondos fiscales serían distribuidos a través de subsidios directos a las familias y entrega de recursos a las cooperativas de ahorro y crédito para que le den financiamiento a las empresas.
Ese gigantesco nivel de gasto fiscal se financiaría, explica De la Torre, con préstamos provenientes del Banco Central de Ecuador y de otras medidas que aumentarían la recaudación fiscal.
Entre ellas, la disminución de la evasión fiscal, el cobro de deudas impagas a grandes contribuyentes, mejorar la recaudación arancelaria para evitar “exoneraciones tramposas” y aplicar un impuesto progresivo a las empresas que favorezca a las que tienen menos recursos.
Además, propone la creación de un IVA diferenciado entre los productos que generan empleo y aquellos que son importados.
En ese plan, las condiciones del FMI no tienen espacio. “El FMI quiere implementar medidas que son funcionales a las élites del país”, apunta.
El tema de atraer inversión extranjera es otro punto en el que insisten algunos de los economistas entrevistados por BBC Mundo.
“Ecuador tiene que arreglar sus cuentas públicas, bajar el riesgo país y generar confianza”, dice Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, OPF. “No tenemos otra opción”.
La gobernabilidad
En medio de la discusión sobre cómo rescatar una economía afectada por problemas estructurales, pero que además tocó fondo con la pandemia, hay un desafío de gobernabilidad que complica aún más las cosas.
“Este país está al borde una gran explosión social”, dice Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
El economista lamenta que cuando el país tuvo la oportunidad de hacer cambios profundos, como una transformación productiva y una redistribución de la riqueza durante el gobierno de Rafael Correa, no los hiciera.
Y desde su punto de vista, el gobierno de Moreno ha agravado aún más los problemas.
“La situación es dramática”, apunta, porque en medio de la pandemia la sociedad ecuatoriana no ha mostrado solidaridad con los más afectados ni respeto por un modelo de desarrollo más sustentable, dice.
“Los que tienen más dinero tienen que contribuir más a la sociedad”, dice Acosta.
Quien resulte ganador de las elecciones del domingo reemplazará en el poder a partir del 24 de mayo al presidente Moreno por un período de cuatro años.
Y en esos cuatro años tendrá que conseguir los fondos suficientes para cumplir con las promesas electorales. Y lo hará con la amenaza latente de un nuevo estallido social como el que puso en jaque al país a fines de 2019.
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