Dueño de restaurantes mexicanos podría enfrentar décadas en prisión por contratar a inmigrantes indocumentados
Luego de investigaciones que duraron meses, agentes especiales de ICE y de IRS lograron la detención de 19 personas que son acusadas de participar en un esquema de organización criminal, bajo la Ley RICO, para explotar a inmigrantes sin documentos, además de fraudes y otros delitos
El restaurante Bravos Mexican Grill era parte del esquema delicuencial. Crédito: Captura | Google Maps
José Luis Bravo, de 51 años, era un empresario migrante exitoso. El ciudadano naturalizado de origen mexicano era dueño de varios restaurantes, pero pasó de la gloria al infierno, pues fue detenido la semana pasada bajo acusaciones de crimen organizado, al liderar un esquema de contratación de inmigrantes indocumentados.
En la acusación federal del Departamento de Justicia (DOJ) se alega que 17 de los 19 coacusados formaron parte de una empresa delictiva desde julio de 2003 hasta el 10 de agosto de 2021, que traficaba con mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños que no estaban autorizados a vivir o trabajar en los Estados Unidos.
Las autoridades informaron que Bravo y sus aliados albergaron a los indocumentados en Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma.
Los detenidos son José Luis Bravo, 51, ciudadano naturalizado de Claremore, Oklahoma; José Guadalupe Razo, 51, también naturalizado de Carl Junction, Missouri; Anthony Edward Doll, 43, orignario de Guatemala, y Miguel Tarin-Martínez, 42, naturalizado y residente de Joplin, Missouri.
“Bravo, Doll, Tarin-Martinez y José Razo crearon una red de restaurantes que operan como LLC en estados de todo el Medio Oeste”, indicó el DOJ en un comunicado.
El esquema era que ofrecían los puestos a inmigrantes indocumentados, pero la acusación formal indica que no pagaron los impuestos sobre la nómina estatales y federales correspondientes, además de los salarios por horas extra y la compensación laboral para los empleados no autorizados.
Las autoridades acusan al empresario y sus socios de contrabando y el refugio de trabajadores indocumentados, fraude (en relación con documentos de identificación), fraude y uso indebido de visas y otros documentos, así como lavado de dinero.
Bravo es identificado en la acusación como el líder de la empresa. Es el propietario de la distribución de alimentos especializados en Joplin, además de ser dueño de un grupo de restaurantes registrados como Bravos Group, LLC, incluidos El Charro, El Charrito, Playa Azul, Itza, LLC, Cantina Bravo y El Chango.
Las autoridades indican que están involucradas 31 compañías de responsabilidad limitada (LLC), las cuales operaban 45 restaurantes mexicanos en varios estados y al menos 11 compañías adicionales involucradas en el suministro y la logística de restaurantes, bienes raíces y construcción.
Las investigaciones –que corrieron a cargo de agentes de Investigaciones Especiales (HSI) de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y oficiales de Investigaciones Criminales del IRS– descubrieron que los 45 restaurantes recibieron bienes y servicios de Specialty Food Distribution y otra empresa, Intel Solutions, LLC.
“Después de que ocurrieron inspecciones federales en restaurantes afiliados a conspiradores… formaron Intel Solutions para asumir esas tareas administrativas, solo de nombre, como una forma de ocultar y minimizar el nivel de participación en los restaurantes inspeccionados”, indica el comunicado. “Más tarde, Intel Solutions cambió su nombre a Entel Solutions, LLC.”
Varios delitos
El grupo liderado por Bravo es acusado bajo la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), que investiga grupos legalmente establecidos que laboran con el narcotráfico y otros mafiosos.
Se acusa que la empresa criminal protegió a los empleados no autorizados de ser detectados por las autoridades de inmigración al eliminar los registros de su empleo, pagarles con cheque personal y en efectivo.
Tampoco se tenían los Formularios I-9 completos ni los informes de salarios y horas requeridos para cada empleado, además de ayudarlos con la adquisición de documentos de identificación falsos (como números de Seguro Social y hasta “green card”, haciendo declaraciones falsas a las autoridades de inmigración y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Rudolph R. Rhodes IV, en el Distrito Occidental de Missouri.
