Hijo de López Obrador pone en la mira la independencia de la fiscalía

MEXICO.- El único candidato presidencial que en 2018 no quiso prometer que, en caso de ganar, no controlaría más la procuración de justicia fue el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien hoy tiene la presión política y moral de no obstaculizar la investigación de su propio hijo José Ramón López Beltrán y otros parientes.

Durante décadas, la designación del procurador de justicia corría a cuenta del presidente en turno pero las críticas constantes porque el poder judicial se convertía en un arma política del Ejecutivo o en juez y parte porque el procurador no iba a investigar a su jefe, familia o amigos de éste se empujó en el congreso una reforma que tardó en consolidarse cuatro años. 

Finalmente fue aprobada en 2018. El acuerdo fue que el Senado se encargaría de nombrar al fiscal, previa terna enviada… ¡desde el Palacio Nacional! 

De esa forma, los críticos coincidieron en que las cosas cambiaron para quedar igual porque, el legislativo tiene que aprobar lo que se propone desde el presidente,  una práctica internacional que cada día genera más críticas para empujar a otros modelos más democráticos como en el caso de California, donde el fiscal lo deciden las urnas.

En tales circunstancias llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz, un político retirado que había sido secretario de Seguridad Pública en tiempos de Vicente Fox (2000-2006) y a quien regresó López Obrador en 2019 para eliminar la impunidad que era del 98% y sigue igual. Del desempeño de Gertz depende en parte el óptimo desempeño el país: la economía (actualmente golpeada por las extorsiones), la migración, el desarrollo social, la lucha anticorrupción…

Y la investigación a José Ramón López Obrador.

El pasado 3 de febrero el Partido Acción Nacional exigió a la Fiscalía de la República, mediante una denuncia, investigar al primogénito del presidente sobre el origen de los recursos con los cuales rentó y adquirió las lujosas residencias ubicadas en Houston, Texas. 

Además de aclarar que tipo de contratos fueron otorgados por parte de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a las empresas proveedoras.

En la denuncia se pide esclarecer la situación “por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias” que habrían sido cometidos por López Beltrán después de que se diera a conocer las lujosas residencias de Houston en una investigación realizada por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El reportaje publicado en el portal de MCCI y el noticioso Latinus muestra documentos donde aparecen López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, viviendo en una propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes en Houston, Texas, durante 2019. La empresa recibió ese mismo año un contrato de Pemex para sumar en total 151 millones de dólares.

El hijo del mandatario negó tener conflicto de intereses y reveló que trabajaba como abogado para KEI Partners. Con ese dato desató otro escándalo porque el despacho es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en su megaproyecto del Tren Maya.

Respuesta Oficial

El 31 de enero, el mandatario minimizó la importancia del reportaje. “En este Gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado”, declaró en su rueda de prensa matutina conocida como “La Mañanera”.

Un día después aseguró que “no encontrarán nada” y confirmó que había una “investigación “abierta” en contra su hijo. Se sobreentendió que en la fiscalía cuyo titular depende del mismo mandatario.

“Está abierta la investigación: a ver de quién es la casa, qué contratos recibieron de Pemex, quién los autorizó”, dijo.  “Pero no van a encontrar nada”.

Aunque la organización MCCI presentó documentos de los contratos, López Obrador retó a presentar las pruebas ante la Fiscalía General de la República.

“Si tienen pruebas, que las presenten. Nosotros no protegemos a nadie. Yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción”, sostuvo.

Desde el partido Morena que fundó el presidente, la secretaria general, Citlalli Hernández, apostó por un discurso más político que judicial muy común en las clases gobernantes del país y dijo que la información es una campaña para desacreditar el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

“Pegarle al presidente de la república es pegarle al proyecto de transformación del cual formamos parte millones de personas y creo que a veces no alcanzan entenderlo”.

Las otras opciones

En la defensa de su hijo, el presidente cayó en un duelo mediático con el periodista Carlos Loret de Mola, uno de los fundadores del portal Latinus y ex conductor de Televisa a quien se le relaciona ideológica, política y empresarialmente con políticos enemigos del presidente. 

El mandatario mexicano llamó “mercenario” al periodista Carlos Loret de Mola, quien divulgó la investigación periodística de MCCI y hasta pidió investigar la nómina del periodista para llegar a la conclusión de que ganaba alrededor de 1.7 millones de dólares mientras que él, como presidente, solo gana 97,500 dólares.

“Él gana como 15 veces más que yo, ¿ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos? ¿Muy inteligente, un buen escritor? No. Es por golpeador”, declaró.

Loret de Mola respondió que AMLO lo atacaba porque se sentía “acorralado”.

Mientras tanto, Morena y sus aliados votaron en contra de un punto de acuerdo que promovió la oposición en el Senado para que la investigación de José Ramón fuera más allá de la FGR y se involucraran también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República, la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

La petición fue un asunto de reflectores, de poner el foco en el hijo del presidente. Desde el punto de vista técnico, la mayoría de las dependencias que la oposición en el Legislativo pretendía involucrar, dependen del Ejecutivo: la UIF es una unidad de Hacienda, igual que la Secretaría de la Función Pública.

Así que queda en manos de la FGR el camino que tome la investigación. Pero el fiscal depende del presidente.

Te puede interesar:
– AMLO insiste en que periodistas como Jorge Ramos y León Krauze den a conocer cuánto ganan
– AMLO dice que planteará a Joe Biden campaña de desprestigio en su contra por parte de periodistas “famosos”
– AMLO niega conflicto de interés con contratistas tras investigación periodística sobre su hijo